Toques de queda, 'manuales de conducta' y extorsión: el drama en seis pueblos del Oriente antioqueño por la guerra entre grupos armados ilegales
La Defensoría del Pueblo emitió 31 recomendaciones urgentes para proteger a campesinos, jóvenes y líderes sociales de La Unión, Sonsón y Abejorral.
Disputa entre el Egc y El Mesa en el Oriente de Antioquia Foto: Gemini

PERIODISTAActualizado:
La tranquilidad de las montañas del Oriente antioqueño está actualmente bajo la sombra de los fusiles y las amenazas.
En seis municipios de esta subregión —La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño—, la seguridad de miles de campesinos está en riesgo por cuenta de una violenta disputa territorial que los obliga a vivir bajo "manuales de conducta" impuestos a la fuerza, retenes ilegales en las vías veredales y el temor constante a una red de informantes que vigila cada uno de sus movimientos.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo tras emitir la Alerta Temprana 028 de 2026, un documento que expone la grave crisis humanitaria que se gesta en este corredor estratégico.
📢 Emitimos la Alerta Temprana 028 de 2026 para los municipios de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. La disputa entre grupos armados pone en riesgo a las comunidades de estos seis municipios del Oriente antioqueño. El impacto humanitario recae sobre comunidades campesinas asentadas en poblados dispersos; mujeres rurales y jóvenes en riesgo de sufrir violencias basadas en género y trata de personas; personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH); así como población minera, comerciantes y transportadores. Formulamos 31 recomendaciones para autoridades del orden nacional, departamental y municipal para la prevención y salvaguarda de la población. ➡️ Conoce la Alerta y las recomendaciones aquí: https://t.co/YMdpar4IWC
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 19, 2026
El origen de la confrontación radica en el choque frontal entre el Frente Gener Morales, perteneciente al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), y el grupo de crimen organizado El Mesa. Esta última estructura, originaria del municipio de Bello y articulada con el Cuerpo Colegiado de la Oficina, comenzó una agresiva expansión hacia las zonas rurales del Oriente para arrebatar el dominio de las rutas de movilidad y las rentas ilícitas.
El interés criminal sobre este territorio no es casualidad. Por su ubicación geográfica privilegiada, el Oriente antioqueño funciona como una bisagra económica y logística que conecta al Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y el centro del país.
Controlar estas montañas permite a los grupos armados mover tropas, traficar estupefacientes y erigirse como autoridades de facto en zonas donde la presencia estatal resulta limitada.
El área metropolitana del Valle de San Nicolás estaría compuesta por ocho municipios. Foto:Cortesía
En la práctica, esta "gobernanza armada" se traduce en una asfixia económica y social para los habitantes. Ambas estructuras cobran extorsiones sistemáticas —disfrazadas de supuestos impuestos— sobre la producción agropecuaria y agroindustrial, acaparan el microtráfico local y dominan la explotación ilícita de oro y yacimientos de veta en las cuencas de los ríos Samaná Sur, Melcocho, Santo Domingo, Buey y Arma.
A esto se suman los empadronamientos forzados y las restricciones de movilidad tanto para pobladores como para visitantes.
El impacto de esta guerra silenciosa golpeó directamente el tejido comunitario. La Defensoría alertó sobre la preocupante injerencia de los actores armados en las Juntas de Acción Comunal (JAC), cuyos dignatarios sufren intimidaciones directas para manipular la elección de sus directivas y someter las decisiones vecinales. De igual forma, docentes y servidores públicos han sido amenazados, lo que paraliza la oferta institucional en las veredas más apartadas.
Aparecieron grafitis alusivos al Eln en el Oriente antioqueño. Foto:Suministradas.
Los sectores más vulnerables llevan la peor parte de esta escalada. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes enfrentan un riesgo extremo de reclutamiento forzado, engaños mediante falsas ofertas laborales, instrumentalización para el microtráfico y deserción escolar.
Asimismo, las mujeres rurales están expuestas a violencias basadas en género y trata de personas, mientras que la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) padece regulaciones represivas sobre su forma de vivir y expresarse. Mineros tradicionales, comerciantes y transportadores completan la lista de afectados.
Para frenar esta crisis antes de que derive en tragedias mayores, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones estratégicas dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Antioquia y las seis alcaldías involucradas.
Un niño de 13 años habría sido asesinado en El Carmen de Viboral. Foto:Cortesía Ivan Agudelo.
El llamado de la entidad apunta a activar de inmediato la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).
Entre las prioridades exigidas figuran el despliegue de la fuerza pública con enfoque de derechos humanos, la persecución efectiva de las finanzas criminales, la formalización de la minería tradicional, el blindaje a los líderes sociales y, por encima de todo, medidas urgentes para evitar que los menores de edad sigan siendo el botín de guerra en el Oriente antioqueño.
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