Trabajo de cuidados no remunerado en Perú equivale hasta al 25,4% del PBI: más del 70% lo aportan las mujeres

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se realiza en los hogares de Perú equivale a entre el 21,7% y el 25,4% del Producto Bruto Interno (PBI) de 2024, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El rango de valoración depende del método utilizado para estimar el aporte económico de estas labores, que no reciben remuneración pero sostienen buena parte de la vida cotidiana de las familias peruanas.

Más del 70% de ese valor es aportado por mujeres, de acuerdo con el informe “¿Quién cuida en el Perú? Evidencia sobre uso del tiempo, trabajo de cuidados y desigualdades de género a partir de la ENUT 2024”, presentado en el marco del Día de los Cuidados. El hallazgo principal del estudio establece que el trabajo que no se paga equivale a más de una quinta parte de la economía del país.

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En los hogares con niñas o niños menores de 3 años, las mujeres dedican 6 horas y 6 minutos diarios al cuidado no remunerado, frente a las 2 horas y 12 minutos que destinan los hombres a esta misma tarea. La diferencia se mantiene en el ámbito laboral remunerado: la jornada de trabajo pagado de las mujeres se reduce a 6 horas 37 minutos tras la llegada de un hijo o hija, mientras que la de los hombres se mantiene e incluso aumenta hasta las 9 horas 12 minutos.

El estudio concluye que la llegada de hijos reorganiza el tiempo de las mujeres, pero no el de los hombres. Esta reorganización se replica en otros grupos poblacionales: el 72,8% de las personas de 70 años o más realiza trabajo doméstico o de cuidados no remunerado, con una brecha de género que se repite en esta franja etaria, 75,9% entre las mujeres y 69% entre los hombres. Entre las personas con discapacidad, las mujeres dedican 5 horas 37 minutos diarios a tareas de cuidado, más del doble que los hombres en la misma condición, que destinan 2 horas 37 minutos.

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Un segundo estudio, titulado “Los cuidados en el Perú: mapa de la oferta pública y perfil de las personas que cuidan”, identificó que el Estado peruano cuenta con doce programas públicos de cuidados que dependen de distintas entidades rectoras, entre ellas el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), con participación de EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La investigación, que combinó revisión documental, solicitudes de acceso a la información pública, mapeo de programas, entrevistas y visitas de observación a los servicios, identificó desafíos de articulación, coordinación y gobernanza entre las distintas entidades que administran estos programas.

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De acuerdo con el mapeo realizado, la oferta pública de cuidados se concentra mayoritariamente en la primera infancia, con 218.942 personas atendidas, mientras que la cobertura dirigida a personas adultas mayores alcanza solo a 1.501 beneficiarios y la destinada a personas con discapacidad llega a 479. El estudio advierte que esta distribución no responde a la transición demográfica que atraviesa el país, marcada por el envejecimiento progresivo de la población.

El informe estima que 29.826 personas cuidadoras participan en los programas públicos relevados. De ese total, el 58% corresponde a personal educativo comunitario de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (Pronoei), el 31% son madres cuidadoras del programa Cuna Más y el 6% son auxiliares del programa EduCuna. El resto se distribuye entre otros programas de atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

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Muchas de estas personas cuidadoras participan en modalidades comunitarias, en las que persisten fronteras difusas entre el voluntariado y el empleo formal, además de exposición a riesgos laborales y una baja valoración social del cuidado como trabajo especializado.

Ante este panorama, el estudio plantea tres prioridades para la política pública en materia de cuidados. La primera consiste en ampliar la cobertura de servicios dirigidos a personas adultas mayores y personas con discapacidad, al tiempo que se fortalece la calidad y el acceso de los servicios orientados a la primera infancia.

La segunda prioridad busca reconocer y proteger a quienes cuidan, mediante la profesionalización del trabajo de cuidados a través de mecanismos de formación, certificación y desarrollo laboral, además de mejores condiciones de trabajo, protección social y seguridad para las personas cuidadoras. La tercera prioridad apunta a avanzar hacia la creación de un sistema articulado, que refuerce la producción de evidencia y estadísticas con enfoque de género, y que mejore la coordinación entre programas, instituciones y niveles de gobierno.

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