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Wednesday, November 18, 2026

Sesión en Diputados: con cambios, el oficialismo busca darle media sanción a la Ley Malvinas y ratificar la reforma del BCRA

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Diputados sesiona este miércoles a partir de las 12 para convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y darle media sanción, con cambios, a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocida como Ley Malvinas, que el oficialismo sigue retocando para garantizarse los votos.

La reforma del BCRA ya fue votada en la Cámara Baja, pero el Senado modificó el texto. Estableció que tanto la designación como la remoción de los directores del Banco debe votarse por mayoría absoluta y por decisión únicamente de la Cámara Alta.

En el texto original, el Gobierno planteaba que la remoción debía ser por dos tercios de los votos e involucraba a Diputados en un proceso que siempre fue facultad exclusiva del Senado.

El proyecto restituye al Banco Central como objetivo exclusivo la preservación del valor de la moneda. Para ello, elimina los objetivos incorporados a la Carta Orgánica durante la gestión kirchnerista en 2012, que incluían la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Además, prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Banco Central al sector público. En ese marco, deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica, que habilitaba los denominados adelantos transitorios al Gobierno nacional, y elimina también la posibilidad de otorgar préstamos al Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley Malvinas con modificaciones

Por su parte, La Libertad Avanza sigue retocando el proyecto de Defensa de la Soberanía para conseguir su aprobación.

La norma necesita mayoría simple para su aprobación en general, pero el título de "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones" que modifica cuestiones electorales y penales requiere mayoría absoluta del total de los miembros. Es decir, 129 votos afirmativos.

Dentro de ese capítulo se incluye un artículo que establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, con financiamiento o respaldo de actores extranjeros, interfieran en procesos electorales mediante campañas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje en territorio argentino.

La redacción original despertó fuertes cuestionamientos por el riesgo de restringir la libertad de expresión y habilitar persecuciones políticas. Ante las críticas, el oficialismo introdujo modificaciones y aclaró que las sanciones no alcanzarán a la actividad diplomática, el ejercicio del periodismo ni la investigación académica, entre otros ámbitos. Sin embargo, los cambios no lograron despejar las objeciones y el artículo todavía genera resistencia.

El proyecto, anunciado por Javier Milei meses atrás, endurece las sanciones económicas y administrativas previstas en la denominada Ley Pino Solanas, sancionada en 2011, contra las empresas que exploten recursos naturales en territorio argentino sin autorización.

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