El último rastro de Lizeth Alejandra Castaño y las hipótesis que toman fuerza tras su secuestro en la panadería de su papá en Guacarí, Valle

El centro del Valle del Cauca se encuentra bajo máxima alerta tras el secuestro de Lizeth Alejandra Castaño Montes, una recién bachiller de 19 años, en un hecho perpetrado en la madrugada del pasado martes 27 de octubre en el municipio de Guacarí.

La víctima fue sacada por la fuerza por parte de tres hombres armados y encapuchados dentro del local. Fue en el momento exacto en que abría el establecimiento comercial de su familia, una panadería ubicada en el barrio La Primavera, en el sur de dicha localidad. El padre de la joven se encontraba fuera del Valle del Cauca. Estaba en Medellín al momento del secuestro de su hija. 

Tras encañonar a un trabajador y al novio de la joven, los delincuentes la obligaron a subir a una camioneta Toyota Hilux doble cabina de color gris oscuro y huyeron con rumbo desconocido, dejando a la región sumida en la incertidumbre y el rechazo generalizado. Es la primera vez que Guacarí se estremece por una situación de este tipo.

El rastreo de las cámaras de seguridad detectó el paso de la camioneta por el sector de Tres Esquinas, en el corregimiento de Guabitas, siendo este el último punto de contacto visual. 

Esta zona es considerada un nodo vial estratégico que ofrece rápidas rutas de escape tanto hacia la vía Panamericana como hacia las carreteras rurales o trochas que conducen a las profundidades de la cordillera Central, donde la densa vegetación y la falta de cobertura de telecomunicaciones dificultan el rastreo de las autoridades.

¿Retaliación o extorsión?

Las autoridades judiciales y de la Policía manejan hipótesis en torno a los móviles y responsables de este rapto que estremece al departamento. 

Por un lado, se investiga la presunta autoría de estructuras disidentes de las Farc, grupos que operan en las áreas rurales y montañosas de los municipios colindantes y que vienen recurriendo sistemáticamente al secuestro extorsivo para financiación del grupo armado. 

Por el otro, cobra fuerza la línea investigativa que apunta a una 'oficina de cobro' o red sicarial organizada debido a las particularidades del caso. Se indaga alguna retaliación, pero la autoridad municipal indicó que la familia ha manifestado no tener amenazas en su contra.

A su vez, hay que tener en cuenta que las disidencias suelen realizar alianzas con 'oficinas de cobro' y grupos delincuenciales, además de redes urbanas para llevar a cabo sus acciones delictivas. 

El temor a que detrás del secuestro de Lizeth Alejandra Castaño se esconda un entramado criminal mixto cobra fuerza al recordar el caso de una odontóloga secuestrada en la mañana del martes 9 de diciembre de 2025 en el barrio El Troncal, en el oriente de Cali. 

La profesional fue interceptada por cuatro hombres encapuchados que la subieron a la fuerza a un vehículo con rumbo a la vía Candelaria. 

La rápida reacción ciudadana permitió que la Policía Metropolitana de Cali activara un 'Plan candado' y la rescatara sana y salva pocas horas después en el sector de El Triunfo, en el corregimiento de El Cabuyal, logrando la captura de los delincuentes. 

Tras las capturas, la investigación judicial reveló que la víctima estaba en manos de una banda de delincuencia común urbana que operaba bajo la modalidad de subcontratación o outsourcing criminal. El plan de este grupo delincuencial no era sostener el cautiverio en la ciudad, sino trasladar rápidamente a la mujer hacia el norte del departamento del Cauca. 

Una vez allí, los secuestradores pretendían entregarla directamente a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, grupo armado que finalmente se encargaría de realizar las llamadas extorsivas y presionar el pago de los dineros. Este antecedente enciende las alarmas de las autoridades en Guacarí, pues confirma que las bandas sicariales y las disidencias de las Farc ejecutan alianzas netamente comerciales de intercambio de víctimas en el suroccidente del país. 

Además, está el antecedente del secuestro de la médica Daniela María Hernández Montoya, ocurrido el 14 de agosto de 2025 en el municipio de Sevilla, en el norte del Valle del Cauca, que ilustra de manera directa el alcance y el modus operandi del frente 57 'Yair Bermúdez' de las disidencias de las Farc en la región. 

La profesional de la salud fue abordada a plena luz del día por hombres armados mientras se movilizaba en su camioneta Toyota blanca a las afueras de una institución educativa, siendo retenida inicialmente junto a sus dos hijos menores de edad. 

Aunque los delincuentes liberaron a los niños esa misma noche en una zona rural apartada debido a la rápida reacción comunitaria, la médica permaneció secuestrada durante 13 días en la zona montañosa de la cordillera Central, desatando masivas cadenas de oración y velatones por parte de los habitantes del norte del departamento. Su regreso a la libertad se produjo el 26 de agosto de ese año tras una intensa presión militar en los corredores rurales que obligó a los captores a entregarla a una comisión humanitaria.

Las investigaciones posteriores de las autoridades judiciales arrojaron luz sobre los autores intelectuales y materiales del hecho, logrando meses después la captura de alias Jhon Northon, identificado como uno de los principales cabecillas financieros y logísticos de dicha estructura disidente. 

El expediente confirmó que el frente 57 'Yair Bermúdez' venía ejecutando una estrategia sistemática de persecución contra profesionales, comerciantes y ganaderos con capacidad económica en municipios como Sevilla, Tuluá y Bugalagrande para financiar su expansión criminal. 

Este precedente se suma a los análisis de inteligencia militar en el caso de Lizeth Alejandra Castaño, ya que evidencia la capacidad de movilidad que tienen estas facciones de la guerrilla para ocultar a sus víctimas en la espesura de la cordillera y la importancia que cobran las manifestaciones civiles y los plantones para presionar la preservación de la vida de los secuestrados.

La alcaldesa de Guacarí, Leonora Abadía, y los allegados de la víctima confirmaron que la familia de Lizeth Alejandra jamás había recibido amenazas, exigencias económicas previas ni cobros de 'vacunas' o extorsiones, caracterizándose por ser comerciantes tradicionales dedicados a sus negocios y con residencia establecida en el vecino municipio de Buga, donde la joven se graduó como bachiller de la institución educativa Académico de esa localidad. 

El secuestro sin intimidaciones previas y la logística empleada refuerzan la sospecha de una operación por encargo o una retaliación cometida por bandas delincuenciales. Se investiga si hay deudas de la familia.

Ante este panorama, la respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar en el centro del Valle. 

Velatones y marchas por la liberación de Lizeth Alejandra Castaño Montes

La familia de Lizeth Alejandra, respaldada por gremios y ciudadanos, viene liderando y convocando a masivas marchas y velatones con camisetas blancas y velas encendidas en los municipios de Guacarí y Buga para exigir el respeto a su vida y su inmediata liberación. 

La población guacariense se encuentra especialmente conmocionada debido a que es la primera vez que un delito de semejante gravedad e impacto ocurre directamente en la zona urbana de la localidad, considerada históricamente como un territorio pacífico y ajeno a las dinámicas directas del conflicto y el secuestro de alta escala. 

Las autoridades locales mantuvieron consejos de seguridad extraordinarios y la Gobernación del Valle del Cauca formalizó una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca al paradero de la joven o de la camioneta.

La hipótesis sobre los disidentes de las Farc

El temor de que el caso esté ligado a las disidencias de las Farc se fundamenta en un preocupante historial de otros secuestros y ataques contra agricultores y empresarios del campo en la región durante el último año. 

Uno de los antecedentes más trágicos ocurrió con el comerciante y agricultor Sebastián Ponce Sánchez, residente del barrio Altamira en Palmira, quien fue secuestrado en diciembre de 2025 en el corregimiento de La Moralia, zona rural alta de Tuluá, y posteriormente asesinado por el frente 57 'Yair Bermúdez' de las disidencias, siendo hallado sin vida en febrero de 2026 en el sector de El Picacho. 

En contraste, una operación exitosa se registró con el rescate del agricultor de 73 años, Israel García Restrepo, secuestrado por el frente 'Dagoberto Ramos' de las disidencias de las Farc en la vereda Santa Elena de El Cerrito y por quien exigían 4.000 millones de pesos. 

Tras 82 días de cautiverio y masivas marchas impulsadas públicamente por su hija en medios de comunicación, el Gaula de la Policía lo rescató con vida, encadenado dentro de una vivienda en el municipio de Corinto, en el norte del vecino departamento del Cauca. 

Asimismo, el cañicultor y empresario azucarero Jaime Alonso 'Jimmy' Mejía Azcárate, secuestrado el 23 de marzo de 2021 entre Andalucía y Bugalagrande por la estructura 'Adán Izquierdo' de las disidencias de las Farc, recuperó su libertad tras un mes de intensos cercos militares en la cordillera Central, lo que mantiene activos los operativos del 'Plan candado' del Gaula, el Ejército y la Policía en la zona donde se perdió el rastro del vehículo que se llevó a Lizeth Alejandra Castaño Montes.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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