Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la reforma tributaria en medio de desacuerdos: se espera recaudar $1,08 billones adicionales al año

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”, una reforma tributaria presentada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda. La iniciativa, que generó desacuerdos y discusiones durante el debate, pasará ahora a sanción del mandatario.

El proyecto contempla alivios tributarios para más de dos millones de contribuyentes con obligaciones pendientes, ajustes en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y una fuente de recursos para modernizar el alumbrado público. Según lo informado, 275 actividades económicas pagarían menos ICA, mientras que 169 tendrían un aumento.

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La Secretaría Distrital de Hacienda estimó que las medidas permitirían recaudar cerca de $1,08 billones adicionales al año. También proyectó atraer $78,3 billones en inversión privada y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, afirmó: “Bogotá se prepara para el futuro, atrae la inversión privada y genera empleos en los próximos 10 años”. La funcionaria señaló que el acuerdo también permitirá a los contribuyentes ponerse al día y reorganizar las tarifas del ICA.

Con la aprobación, Bogotá buscará avanzar en la renovación de más de 100.000 luminarias y en la incorporación de tecnología LED y sensores para un sistema de alumbrado inteligente. Tras la sanción y publicación del alcalde, varias medidas comenzarán a aplicarse desde el 1.º de enero de 2027.

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La discusión de los artículos expuso diferencias entre las bancadas y los concejales del cabildo distrital. En buena parte de las votaciones, las posiciones se dividieron entre quienes respaldaron el proyecto presentado por la administración y quienes plantearon reparos sobre sus efectos tributarios y los incentivos propuestos.

No obstante, las posturas no fueron uniformes en todos los artículos: varios concejales cambiaron su voto según el contenido de cada disposición. La siguiente relación refleja la tendencia mayoritaria, en particular frente a los artículos sobre el impuesto de industria y comercio (ICA), el predial y los nuevos cobros:

Entre quienes votaron por el sí (en la gran mayoría del articulado) estuvieron:

• Julián Triana — Partido Alianza Verde
• David Saavedra — Partido En Marcha
• Andrés Onzaga — Partido Alianza Verde
• Leandro Castellanos — Partido Alianza Verde
• Edward Aníbal Arias — Partido Alianza Verde
• Andrés García — Partido Alianza Verde
• Andrea Hernández — Partido Centro Democrático
• Humberto Amín — Partido Centro Democrático
• Rubén Torrado — Partido Social de Unidad Nacional
• Emel Rojas — Nueva Fuerza Democrática
• Álvaro Acevedo — Partido Liberal
• Cristina Calderón — Partido Nuevo Liberalismo
• Juan Manuel Díaz — Partido Nuevo Liberalismo
• Elkin Huertas — Partido Nuevo Liberalismo
• Jesús David Araque — Partido Nuevo Liberalismo
• Fernando López — Partido Nuevo Liberalismo
• Armando Gutiérrez — Partido Liberal
• Samir Abisambra — Partido Liberal
• Juan David Quintero — Partido En Marcha
• Ricardo Correa — Partido Nuevo Liberalismo
• Germán García — Partido Liberal
• María Victoria Vargas — Partido Liberal
• Darío Cepeda — Partido Liberal

Por el no votaron (en una gran mayoría del articulado):

• Heidy Sánchez Barreto — Partido Pacto Histórico
• José Cuesta — Partido Pacto Histórico
• Quena Ribadeneira — Partido Pacto Histórico
• Ana Teresa Bernal — Partido Pacto Histórico
• Donka Atanassova — Partido Pacto Histórico
• Rocío Dussán — Partido Pacto Histórico
• Jairo Avellaneda — Partido Pacto Histórico
• Julián Forero — Colombia Renaciente
• Óscar Bastidas — Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social
• Julián Espinosa — Partido Alianza Verde
• Ángelo Schiavenato — Partido Ecologista Colombiano
• Samir Bedoya — Partido MIRA
• Fabián Puentes — Partido MIRA
• Diana Diago — Partido Centro Democrático
• Julián Uscátegui — Partido Centro Democrático

Desde su cuenta de X, el concejal del Pacto Histórico Jairo Avellaneda cuestionó que una reforma con “nuevas cargas para ciudadanos y empresas” avanzara sin considerar, según dijo, las consecuencias para quienes trabajan y producen en la ciudad:

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“Hoy el Concejo aprobó la reforma tributaria de la Administración de Carlos Fernando Galán, incluyendo nuevos cobros como la sobretasa al predial y aumentos en el ICA para distintos sectores.Mientras algunos celebran la aprobación, yo pienso en el bogotano que trabaja todos los días para sacar adelante a su familia y en las empresas que tendrán que asumir estas nuevas cargas”, expresó.

Julián Espinosa, de la Alianza Verde, aseguró que “perdieron los bogotanos que ahora van a pagar más impuestos (...) Y lo hicieron con mentiras de la administración, engañando a la gente. Perdió Bogotá y perdieron los bogotanos que ahora van a pagar más impuestos”.

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“No estamos en contra de que Bogotá invierta y modernice su alumbrado. Lo que no aceptamos es que, además del cobro nuevo, se le quite a la gente el freno que hoy protege su recibo del predial. Eso no se explicó en ningún documento de la reforma”, sumó el concejal Samir Bedoya Piraquive, vocero de la bancada del Partido Mira.

La concejala Heidy Sánchez Barreto señaló que el acuerdo incluye incentivos y beneficios tributarios para grandes inversiones, proyectos inmobiliarios y de renovación urbana. Según dijo, esos beneficios le costarían a la ciudad alrededor de $146.000 millones anuales en promedio.

La cabildante indicó que, para acceder a esos incentivos, se requeriría una inversión mínima de $4.612 millones y que los beneficios de mayor alcance se concentrarían en inversiones superiores a $46.000 millones. Estas críticas hicieron parte de las objeciones expresadas durante el trámite del proyecto.

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Además, Sánchez informó que demandará el proyecto de acuerdo “tanto por vicios de procedimiento al no cumplir con el reglamento en el momento de su discusión, como de fondo porque descarga la responsabilidad tributaria en los hogares, la clase media y a los pequeños y medianos negocios de Bogotá, mientras amplía los beneficios tributarios para grandes inversionistas, proyectos inmobiliarios y urbanísticos que sostienen el modelo de ciudad de la Administración”.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, defendió la aprobación y afirmó que el texto fue modificado durante los debates en la Comisión de Hacienda y la plenaria. “El diálogo con el Concejo y con distintos sectores permitió modificarlo y construir puntos de acuerdo”, escribió en X.

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Quintero sostuvo que el Acuerdo permitirá modernizar el alumbrado público, impulsar la vivienda y la renovación urbana, facilitar la formalización de pequeños negocios y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Inversión y empleo: según la Administración distrital, el acuerdo crea incentivos para que nuevas empresas lleguen a Bogotá y para que compañías ya instaladas realicen nuevas inversiones. La proyección oficial es atraer $78,3 billones y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

Cambios en el ICA: el texto aprobado reduce la tarifa para 275 actividades económicas y la aumenta para 169. Además, el esquema pasaría de 13 a nueve tarifas, eliminaría dos impuestos e incluiría medidas dirigidas a la formalización de pequeños negocios.

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Alumbrado público: el Distrito plantea una transformación que incluye luminarias LED, sensores, telegestión y monitoreo remoto. La administración sostiene que la infraestructura podría apoyar labores de seguridad, movilidad, gestión ambiental y atención de emergencias.

Cobro y capacidad de pago: las viviendas de estratos 1, 2 y 3 no pagarían el componente de alumbrado como regla general. El Acuerdo también prevé tratamientos diferenciados para hogares con menor capacidad de pago, microempresas y pequeños comercios.

Formalización y deudas: las microempresas inscritas en el Registro de Información Tributaria (RIT) tendrían una tarifa progresiva de ICA durante 10 años, que comenzaría en 0% el primer año. Para obligaciones tributarias y no tributarias pendientes, los contribuyentes deberán pagar el 100% del capital y podrían obtener una reducción de 60% en intereses y sanciones, si cumplen las condiciones previstas.