Juez ordena a la Uniautónoma pagarle más de 7.500 millones de pesos a la rectora Silvia Gette por la pensión de su esposo fallecido
El juzgado decretó embargos hasta por 13.136 millones de pesos. Sindicatos denuncian que les deben más de dos quincenas.
El Juzgado Quince Laboral de Barranquilla ordenó embargar cuentas de Uniautónoma en Davivienda, Bancoomeva, Bancolombia y la Fiduprevisora. Foto: Redes sociales

PERIODISTAActualizado:
La Universidad Autónoma del Caribe deberá pagarle a su rectora, Silvia Beatriz Gette Ponce, y a sus tres hijos 7.586.148.566 pesos por las diferencias de una pensión de sobreviviente que la institución redujo de forma unilateral desde 2018.
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Así lo ordenó el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, que además decretó el embargo de las cuentas de la universidad hasta por 13.136.840.694 pesos.
El mandamiento de pago, firmado por la juez Olga Ligia Sobrino Rodríguez el 25 de mayo de 2026, le da a Uniautónoma cinco días para pagar una vez la decisión quede en firme. Las medidas cautelares recaen sobre cuentas corrientes, de ahorro, CDT y fiducias en Davivienda, Bancoomeva, Bancolombia y la Fiduprevisora.
Una pensión atada al salario del rector
La historia judicial empezó en 2014, cuando fue la propia universidad la que demandó a Gette y a sus hijos. La institución buscaba ajustar a la baja la pensión de sobreviviente que heredaron de Mario Ceballos Araújo, quien la había recibido desde 1988 por el acuerdo 474 de ese año.
Fachada de la Universidad Autónoma del Caribe. Foto:Vanexa Romero EL TIEMPO
El caso pasó por tres instancias. El Tribunal Superior de Barranquilla, en fallo del 15 de diciembre de 2016, declaró la mala fe de los beneficiarios y ordenó que le devolvieran a la universidad 907.726.267 pesos. Al mismo tiempo dejó establecido que la pensión debía reajustarse automáticamente con el 100 % de los incrementos del salario del cargo de rector. En enero de 2022, la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia y la dejó en firme.
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El Tribunal también rechazó que se le aplicaran los topes pensionales de la Ley 100 y del Acto Legislativo de 2005. Según el fallo citado en el auto, se trata de “un derecho adquirido conforme a leyes y reglas distintas a las invocadas por la demandante”, que “debe ser respetado e incluso por quien otorgó el derecho”.
El recorte que la juez no aceptó
El problema, de acuerdo con el auto, surgió en 2018. Ese año la universidad, “bajo el argumento de una crisis administrativa”, bajó el salario del rector y con él la mesada de Gette y sus hijos. Para el juzgado, la sentencia solo amarraba la pensión a los aumentos, no a las rebajas. “Una vez definida judicialmente una prestación económica, no resulta jurídicamente admisible su modificación unilateral, pues ello equivaldría a desconocer los efectos de la sentencia”, señala la providencia.
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La juez fue más allá y advirtió que, cuando se trata de una pensión de sobreviviente, “el deber de cumplimiento es aún más riguroso por tratarse de un medio de subsistencia”. Concluyó que la universidad, “al realizar pagos parciales insuficientes basándose en criterios administrativos propios”, incurrió en un incumplimiento parcial de la obligación.
Con esa regla, el juzgado recalculó la base año por año. En 2016 era de 47.062.856 pesos y en 2017, con un alza del 42,5 %, llegó a 67.064.570. Para 2025 y 2026 quedó fijada en 109.026.596 pesos. Según la liquidación, entre 2017 y abril de 2026 la universidad pagó 1.980 millones de pesos cuando debía 11.060 millones. A esa diferencia el despacho le restó los 907 millones que Gette debía devolver, más su indexación, y le sumó 15 millones en costas.
Sindicatos, en alerta
La decisión cayó mal entre los trabajadores, que denuncian atrasos en sus pagos. El sindicato SintraUAC publicó en X: “En la @UAutonoma nos deben más de dos quincenas de salario, mientras existe una orden de embargo hasta por $13.136 millones a favor de la rectora Silvia Gette. Exigimos al @Mineducacion investigar si se han utilizado recursos institucionales para pagar esta deuda”.
En la @UAutonoma nos deben más de dos quincenas de salario, mientras existe una orden de embargo hasta por $13.136 millones a favor de la rectora Silvia Guette. Exigimos al @Mineducacion investigar si se han utilizado recursos institucionales para pagar esta deuda.
— SINTRAUAC (@SintrauacU) October 9, 2026
Freddy Álvarez, presidente de Osiautonoma, otro de los sindicatos de la institución, dijo que la noticia tomó por sorpresa a los trabajadores y a la ciudad. Su preocupación es que el embargo de las cuentas afecte los ingresos de la universidad en lo que queda del año. “No es posible que la universidad vaya a ser embargada en un proceso, digamos, jurídico a través del cual nosotros, si se lleva a cabo, vamos a padecer de nuestros ingresos por lo menos durante este resto del año”, afirmó.
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El dirigente sindical dijo confiar en que la situación se resuelva por la vía judicial. Recordó que, según él, ya hubo fallos anteriores en los que se intentó cobrar por la vía del embargo.
El auto ordenó notificar personalmente a la universidad y darle diez días de traslado. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento de Uniautónoma ni de la rectora sobre la orden de pago.
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