El impulso al cobre también es tarea del Estado

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La caída del PIB minero encendió muchas alertas en la economía, ya alicaída en varios otros frentes, y con desempeños mediocres durante este 2026. Si bien son cifras que generan atención, vale la pena separar lo circunstancial de las trayectorias de largo plazo. Siendo la minería una industria donde la mirada de futuro es lo estructural, las acciones deben gestionar la coyuntura y planificar las metas que esperamos como país.
Prácticamente la mitad de la caída es explicada por temas anticipados asociados a caídas de ley en las operaciones más grandes del país, lo cual es parte de las decisiones de planificación minera. Junto a este efecto, se sumaron las paralizaciones e interrupciones por temporales, mantenciones y eventos de seguridad con accidentes que lamentablemente ocurrieron en el país. Esto fue un patrón común en varias operaciones, que incluyeron por ejemplo nevadas en el altiplano y tormentas en la zona central.
Lo coyuntural deja una lección. Los eventos climáticos extremos se vuelven frecuentes y el cambio climático ya afecta las operaciones. Las empresas lo están incorporando en sus planes de continuidad y debemos avanzar en reportar ese riesgo faena por faena. El Estado tiene su propia tarea, pues caminos, transmisión eléctrica y alertas meteorológicas en alta montaña son infraestructura pública, y son parte integral de la definición de una cadena productiva resiliente.
Adicionalmente, es de suma importancia relevar el rol del Sernageomin, que cumple dos funciones distintas. Como fiscalizador, necesita más presupuesto y dotación para acompañar faenas más profundas y complejas, porque la seguridad también es continuidad operacional, y una industria segura es un patrimonio común que debemos cautelar como parte de ser un país proveedor responsable y confiable. Como servicio geológico, debe producir información de base con estándares comparables a los de países con nuestra escala minera, lo que se suma a su rol en la gestión de la propiedad minera del país.
La caída de las leyes pide palancas de mediano y largo plazo. En el mediano plazo, la tarea es que la inversión de reposición y de mayor capacidad se materialice. Cerca del 80% de la cartera corresponde a faenas existentes, y buena parte de ello es para compensar la caída de ley. Hoy el foco está en carteras de inversión que superan los US$100 mil millones, un monto que se ha consolidado erróneamente como el objetivo de la política pública minera. Debemos enfocarnos en la materialización. Abultar cifras y anunciarlas como logros empieza a reflejar nuestra incapacidad de concretar las promesas. Cochilco juega un rol fundamental para lograr cambiar el foco de los anuncios al desarrollo.
En el largo plazo, la clave es la exploración, que depende de tres condiciones: propiedad, financiamiento e información geocientífica. En propiedad ya hubo cambios de diseño, y aún falta claridad sobre cómo operará la utilización de concesiones. En financiamiento hay incentivos tributarios relevantes que se deben implementar. En información, el desafío es un Sernageomin de estándar y nivel mundial, que sea reflejo de una minería de clase mundial. Así, lo que sigue es monitorear si estas medidas aumentan la exploración como esperaba su diseño, con indicadores definidos desde ya, como lo son las hectáreas liberadas, empresas exploradoras activas, uso de los incentivos, participación en exploración greenfield y rol de Chile en el presupuesto mundial de exploración.
Chile tiene una minería de escala mundial y nos corresponde que el Estado también esté a la altura de su propia minería.
Por Emilio Castillo, académico Departamento Ingeniería de Minas e investigador de AMTC de la FCFM-UCHILE
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