¿Chile, el Estado modelo?

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En Guerreros civilizadores la historiadora peruana Carmen McEvoy describe la fascinación que despertaba el temprano Estado modelo chileno, dotado de una cinética burocrática vinculada a pensar, financiar y movilizar al país con rigor moderno.

Ese Estado floreció económicamente en los 90. Chile creció cerca de 7% anual entre 1990 y 1997, redujo la pobreza a la mitad en una década, reeditando su condición de modelo regional abierto al mundo mediante una densa red de TLCs. La cúspide de aquel prestigio llegó en 2006, cuando Lagos culminó su gobierno con un 60% de aprobación y un transversal consenso en torno al rumbo del país.

Luego aquel Estado mutó en un artefacto catatónico. Se sucedieron ciclos presidenciales estériles de escasa aprobación ciudadana, instituciones deslegitimadas, cuestionamientos estructurales al modelo que alcanzaron su cenit en 2019. El panorama actual exhibe un desempleo que bordea el 10% y una inflación cercana al 5%, bajo una década con un crecimiento de un 2% promedio. El extravío total frente a un “destino manifiesto” que parecía conducir hacia el desarrollo y la solidez institucional.

Mientras el FMI proyecta que en 2027 el PIB peruano superará al chileno, la interrogante sobre cómo retornar a aquel Estado modelo se vuelve insoslayable. Frente a esto, el Ejecutivo presentó su “Proyecto Político 2026-2030”, en el que sostiene que la salvación pasa por fortalecer la libertad económica y la iniciativa privada, barriendo con la maraña regulatoria, tributaria e ideológica, y asumiendo, con ligereza, que todo el extravío es culpa del Estado. La tesis devela una deuda del oficialismo y del empresariado en cuanto a comunicar la rentabilidad social de la inversión y humanizar su relato. Pero, la estación final no debe ser un Estado famélico, sino reactivar la inversión para proveerlo de los recursos que sostienen el bienestar común.

La cruda realidad es que Chile encarna el doloroso ejemplo de una sordera política absoluta. El gobierno ha preferido parapetarse en una mayoría circunstancial, sentenciando sus reformas al vaivén del ciclo electoral. Y la oposición no ofrece redención alguna, la alcaldesa Delfino en una reciente entrevista en La Segunda clausuró la esperanza al indicar “no hay ninguna posibilidad de punto en común”, con lo que consagra un país que olvidó cómo dialogar.

Un sondeo del Diario Financiero a más de 60 empresarios y economistas reveló que el 38% recomienda blindar las reformas del ciclo electoral, reclamando estructuras sólidas y coaliciones políticas que perduren en el tiempo. Frente a la evidencia del derrumbe, cabe preguntarse qué catástrofe adicional debe sobrevenir para que oficialismo y oposición renuncien al atrincheramiento estéril.

McEvoy advierte que los hechos del siglo XIX entre Chile y Perú ejercieron una influencia bidireccional; esperemos que el destino nacional no sea una política “peruanizada” donde economía y política marchen por carriles irreconciliablemente divorciados.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile

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