El mapa crítico sobre mercurio y minería ilegal que amenazan a los Farallones de Cali: radiografía presentada por la presidenta del Concejo en la ONU

La presidenta del Concejo distrital de Cali, Daniella Plaza Saldarriaga, llevó ante dos conferencias de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) la defensa del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, uno de los mayores patrimonios naturales de la ciudad y la fuente de agua de cientos de miles de caleños, amenazado por la minería ilegal de oro.

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Por delegación del alcalde Alejandro Eder, la presidenta del Concejo presentó el caso en la COP13 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en Viena (Austria), donde Colombia y otros países piden negociar un protocolo internacional contra los delitos que afectan el medioambiente. 

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Sigue la agenda en la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván (Armenia), donde Cali entrega el testigo como ciudad anfitriona de la COP16.

Conocida como la ciudad de los siete ríos y con un registro de 562 especies de aves, Cali posee un 70 % de territorio rural, lo que amerita la conservación con responsabilidad de gran parte de su geografía.

Tal es el caso del Parque Nacional Natural Los Farallones, que tiene cerca de 196.430 hectáreas, compartidas con otros tres municipios del Valle del Cauca; unas 13.074 están en Cali. Va de la selva húmeda tropical a los páramos, y allí nacen ríos cuyas cuencas abastecen acueductos que benefician a más de 600.000 usuarios urbanos y rurales.

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La presidenta del Concejo distrital señaló, como lo vienen afirmando el alcalde Eder y el Ministerio de Ambiente, que la minería ilegal de oro está deteriorando los ecosistemas del parque y contaminando sus fuentes de agua con mercurio con más fuerza. 

Informó que en 2023 el Ministerio de Ambiente reportó cerca de 1.000 hectáreas de páramo afectadas y estimó que restablecer la cobertura vegetal tomaría al menos 20 años, y la recuperación integral del ecosistema, más de 50.

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El problema no es solo de Cali. Según el informe del Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2025 Colombia registró 118.410 hectáreas con explotación de oro de aluvión, y el 75 % era ilícita o no autorizada. Sus efectos recorren el Pacífico: de Quibdó a Buenaventura, pasando por los Farallones de Cali.

Mesa técnica por los Farallones de Cali

Desde junio de 2025, la Alcaldía de Cali lidera la mesa técnica del Plan Farallones, que coordina a Parques Nacionales Naturales, la Policía, el Ejército, la Fiscalía y las entidades territoriales. 

En noviembre de 2024 se cerraron técnicamente 22 entradas a minas ilegales en el complejo El Socorro y la operación Farallón Dorado, liderada por la Fiscalía, sumaba, a diciembre de 2025, 59 órdenes de captura y 45 personas judicializadas. En 2026, la Alcaldía ofreció recompensas de hasta 100 millones de pesos por información sobre los responsables.

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De acuerdo con la cabildante, en el Concejo se han realizado debates al Departamento Administrativo de Gestión del Medioambiente (Dagma) por el control ambiental de los siete ríos de la ciudad y se alertó sobre la posible presencia de mercurio en los ríos Pichindé y Felidia, aprobando los recursos de la sobretasa ambiental para este 2026.

Pero la experiencia de más de una década deja una lección, dijo la presidenta del Concejo de Cali: cerrar una mina no impide que la actividad se reactive o se desplace a otro sector del parque. Detrás de cada socavón hay redes que financian, transportan insumos y comercializan el oro, y que siguen operando después de los cierres.

Por eso, la presidenta llevó a los escenarios internacionales una agenda concreta para el rescate de los Farallones.

Recalcó la importancia de cortar toda la cadena del oro ilegal: cooperación en investigación y trazabilidad de la financiación, los insumos como el mercurio y los explosivos, y la comercialización del oro. Cali respalda la negociación de un protocolo internacional contra los delitos ambientales.

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Habló, además, de sanar los Farallones: apoyo técnico y financiero para proyectos de biorremediación del mercurio y restauración ecológica, y tecnologías de monitoreo capaces de funcionar en alta montaña, con lluvia, neblina y poca conectividad. 

Asimismo, se refirió a que cuidar pague más que destruir, con alternativas económicas para las familias rurales que hoy dependen de cargar maquinaria e insumos para las minas, con el aviturismo y el ecoturismo como apuesta principal.

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“Los Farallones no son solo un problema de Cali: son el agua de más de 600.000 caleños y un pedazo de la biodiversidad del planeta”, dijo Plaza Saldarriaga. 

"Cerrar minas no basta si el oro ilegal sigue encontrando quién lo financie y quién lo compre. Desde el Concejo vinimos a pedirle al mundo que nos ayude a cortar toda la cadena”, manifestó.

La agenda en Ereván continúa con la Cumbre de Gobiernos Subnacionales y Ciudades del 24 de octubre, donde Cali entrega formalmente el relevo como ciudad anfitriona. A su regreso, la presidenta del Concejo presentará ante la plenaria del Concejo el informe de la misión, con los contactos, aprendizajes y compromisos obtenidos para el rescate de los Farallones.

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Bajo lupa de la Procuraduría General de la Nación

En 2024, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre un posible riesgo por contaminación de mercurio de las fuentes hídricas abastecedoras de agua potable para los habitantes del Valle del Cauca, hallando altos niveles de este metal a menos de 10 kilómetros de la bocatoma del río Cali, que surte al acueducto de la ciudad.

Según la Procuraduría, en ese entonces, los análisis de metales pesados realizados por el ente de control sobre la cuenca del río Cali, una de las más afectadas por la extracción ilícita de oro, también precisan que en el acueducto veredal del sector de Tres Quebradas del corregimiento de Felidia había “niveles límite de mercurio y arsénico, superiores a los establecidos por la Environmental Protection Agency (EPA), con un registro de 17 y 31 partes por millón (ppm) de mercurio y 23 ppm de arsénico”.

“No da espera la toma de medidas urgentes y necesarias para frenar y erradicar actividades de explotación ilícita de minerales que se realizan en la fábrica de agua de los vallecaucanos”, había indicado el Ministerio Público.

La presentación de los hallazgos se realizó en la segunda Mesa Territorial contra la Minería Ilegal y la Contaminación con Mercurio, donde adicionalmente el ente de control reiteró la preocupación por el uso indiscriminado de este metal en el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, un reservorio de agua donde nacen 30 ríos, que conforman 13 cuencas hidrográficas vitales para el abastecimiento de agua de diferentes poblaciones.

Finalmente, se refirió a que la extracción ilícita de minerales se ha convertido en uno de los conflictos socioambientales que más impactos genera sobre el medioambiente en Colombia, convirtiéndose, además, en uno de los principales motores de deforestación del país. El Gobierno Nacional había anunciado la inversión de 14.700 millones de pesos en Farallones.

'Hay minería ilegal en Farallones, pero el agua para consumo no se ha afectado'

Sin embargo, desde ese 2024 hasta ahora, cuando se generaron nuevamente esas alertas que vienen de décadas atrás, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y las Empresas Municipales de Cali (Emcali), este último estamento que tiene a su cargo el manejo del acueducto de la capital vallecaucana, informan que el agua que están tomando los habitantes de Cali de las bocatomas no presenta ningún tipo de afectación por mercurio ni ninguna otra sustancia que ponga en riesgo la salud.

“Es importante aclararles a todos los caleños y vallecaucanos lo siguiente: La explotación ilegal de minería de oro se está efectuando en la parte media-alta de los Farallones. Eso implica que, en esa zona, se está utilizando mercurio y otras sustancias de origen químico. Afortunadamente, hasta ahora, en los análisis que hacemos mes a mes la CVC junto con Emcali, ni en la bocatoma ni en el agua que consumen los caleños ha habido algún tipo de residuo que nos indique la presencia de mercurio en el agua, así que tranquilidad absoluta”, es parte del informe de la autoridad ambiental del Valle del Cauca.

“Con el Ejército, la Policía, la Gobernación del Valle, la Alcaldía, el Dagma, Parques Nacionales, que es la autoridad ambiental de ese sector, la CVC y los actores de la región estamos colaborando armónicamente, no solo para cerrar estas bocaminas, sino para judicializar estas personas que nos están causando este daño”, se sostuvo en la corporación.

Las autoridades señalaron que las personas que cometen este ilícito, en su gran mayoría, no son del Valle del Cauca, actúan como nómadas, se desplazan por todo el territorio nacional y donde encuentran oro empiezan a hacer su explotación sin importarles la afectación a los recursos naturales.

“Es una actividad ilegal, en el Parque Nacional Natural Los Farallones no puede haber ningún tipo de explotación de minería y, sin embargo, estas personas, que en su gran mayoría pertenecen a grupos ilegales, lo están haciendo”, informó la CVC.

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Para entender la magnitud del desafío ambiental en Cali, es necesario comprender su compleja red de abastecimiento de agua potable manejada por Emcali. 

La capital del Valle del Cauca cuenta con un sistema donde la gran mayoría de la población depende de una sola fuente: el río Cauca abastece a cerca del 80 % de la ciudad (red baja). 

Sin embargo, la geografía urbana divide de manera estricta el origen del agua para el resto de los caleños. Mientras que el occidente, parte del centro y el norte de la ciudad se abastecen del río Cali a través de la planta de San Antonio, los habitantes de la ladera y del sur dependen directamente del río Meléndez.

Esta distribución demuestra por qué la minería ilegal y los bajos caudales en los Farallones no son problemas aislados rurales, sino amenazas críticas para el servicio diario de agua. El impacto ambiental también resalta el deterioro de sus cuencas; tal es el caso del río Cañaveralejo, cuyo cauce se encuentra tan gravemente afectado e impactado por la urbanización y la contaminación que hoy en día es considerado prácticamente un canal de aguas contaminadas o caño antes de su desembocadura.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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