Una institucionalidad eléctrica para conducir un sistema que cambió

En poco más de una década, el sistema eléctrico chileno ha cambiado profundamente. La irrupción de una amplia gama de energías renovables, así como la incorporación del almacenamiento a gran escala, además de los nuevos desafíos en seguridad y estabilidad, han transformado la operación y la regulación asociada.

Estas transformaciones han ocurrido en un período relativamente corto, pero nuestra institucionalidad ha permanecido prácticamente igual. La pregunta lógica es sí sigue siendo adecuada para los desafíos y el escenario que enfrentamos.

La última revisión profunda en esta materia fue en 2016, en el contexto de la reforma a la transmisión que, entre otros cambios, dio origen al Coordinador Eléctrico Nacional. Tras una década de evolución, es imperativo volver a evaluar las reglas, las atribuciones de los organismos y la manera en que se relacionan entre sí. Hoy, la transición energética no solo requiere nuevas centrales o líneas de transmisión; exige además, normas ágiles, implementación oportuna y decisiones técnicas fundadas frente a desafíos que se complejizan con rapidez.

Este punto es crucial en un sistema cada vez más sofisticado. La incorporación masiva de nuevas tecnologías, la expansión de las redes, la modernización de los mercados eléctricos, las mayores exigencias de seguridad y la certeza para invertir demandan organismos con una gobernanza que le permita una visión de largo plazo, roles claros y facultades adecuadas para esta nueva realidad. Según dos estudios independientes encargados a fines de 2024 por Generadoras de Chile, las urgencias institucionales pasan por fortalecer la autonomía técnica, optimizar la coordinación entre organismos, precisar responsabilidades y robustecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Hoy, las condiciones son las adecuadas para iniciar un proceso de reflexión amplio y transversal que involucre al Gobierno, al Congreso, a la academia y a la industria, sobre si nuestras instituciones cuentan con el diseño y la autonomía necesarios para enfrentar el actual escenario. ¿Tenemos las condiciones que requerimos para sostener y acrecentar la ruta que ya estamos transitando? El momento es ahora. Una regulación de calidad pierde valor si llega tarde o si enfrenta superposición de funciones.

En un contexto de cambio acelerado, la capacidad de antelación, coordinación y adaptación de las instituciones puede marcar la diferencia entre mantener el ritmo que llevamos y disminuir el paso. Hoy Chile tiene una oportunidad decisiva. El crecimiento de la minería, la desalación y la infraestructura digital exigen un sistema eléctrico eficiente y seguro. Para aprovechar este impulso, no basta solo con invertir en infraestructura; debemos dotar a nuestras instituciones de la solvencia necesaria para conducir el cambio. De esa eficacia institucional dependerá, en gran medida, que lleguemos a tiempo al futuro que hoy se nos ofrece, y que la realidad eléctrica se traduzca efectivamente en mayor crecimiento, accesibilidad, desarrollo e inversión para nuestro país.