Se niega el gabinete de seguridad de Jalisco a disculparse por la represión

Además, encubre a quienes ordenaron usar gases lacrimógenos y chorros de agua en la marcha // Descartan renunciar

▲ El gabinete de seguridad de Jalisco compareció ayer en el Congreso del estado por la represión en la marcha por el agua el 11 de octubre pasado.Foto Juan Carlos G. Partida

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 6 de noviembre de 2026, p. 22

Guadalajara, Jal., Al comparecer ayer en el Congreso del estado, el gabinete de seguridad de Jalisco se negó a ofrecer disculpas a las víctimas de la represión del 11 de octubre –durante una manifestación en Casa Jalisco contra el suministro de agua contaminada–, a informar quiénes dieron la orden de utilizar gases lacrimógenos y chorros de agua contra las personas que protestaban, así como a renunciar a sus cargos, a pesar de las reiteradas peticiones de los ciudadanos afectados y de legisladores.

“¿Por qué no renuncian, por qué no nos ofrecen disculpas? Ya todos aquí lo solicitaron. Que digan pues: sí es cierto nos equivocamos, pero que salga de ustedes, porque de ninguno ha podido salir ni un perdón, de ninguno ha podido salir un responsable, un nombre”, reclamó Luis Antonio Palacio Vázquez, de 28 años, a quien policías le rompieron varios dientes a golpes.

Los agredidos se toparon con un muro para reconocer culpas en una jornada que comenzó a las 10 de la mañana con la comparecencia del titular de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez –único que ofreció disculpas a las víctimas–, y concluyó a las 17 horas con la presencia del secretario de Gobierno, Carlos Arias; del coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón; del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y del fiscal estatal Salvador González.

Daniela Álvarez, también agredia el 11 de octubre, dijo con voz quebrada: “No confío en ustedes (...) recuperándome de mis heridas ya estaba haciendo una denuncia en la visitaduría” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

El edificio del Congreso fue rodeado con vallas metálicas y gran cantidad de policías vigilaron y cerraron el perímetro, condición solicitada por el gabinete de seguridad. La presencia de víctimas de la represión se debió a gestiones del bloque legislativo opositor, pero también fue condicionada por Movimiento Ciudadano a que acudieran familiares de los policías que sufrieron lesiones en la marcha.

Berta Alicia Flores, madre de un policía, dijo que los uniformados fueron agredidos. “A mi hijo le volaron casi los dos dedos y está traumatizado”, sostuvo.

En la primera comparecencia, la del director de Protección Civil, Sergio Ramírez –que fue citado junto con el director de Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa, quien no asistió–, fue la única en la cual se reconoció que merecían “una disculpa sincera quienes se sintieron lastimados en su confianza, y a quienes consideran que se vulnera la esencia de nuestra vocación de servicio”.

Dijo que se utilizó contra los inconformes “agua mediante chorros en modalidad cortina y a baja presión”, para “mitigar y dispersar la concentración de humo de gases que se generaban en la zona, así como reducir el riesgo de incendio derivado del lanzamiento de pólvora, cohetones y otros artefactos pirotécnicos”.

La diputada morenista Mariana Casillas dijo que no era verdad que con el agua se pretendiera neutralizar el humo, pues ella se dio cuenta en la marcha que “estaban violentando a manifestantes”; mientras, el legislador Tonatiuh Bravo, del partido local Hagamos consideró que el personal de Protección Civil “actuó fuera de las atribuciones legales de la institución porque no están facultados para el uso de la fuerza”.

Sobre la represión policial el secretario de Gobierno, Carlos Arias, expuso que lo ocurrido “involucra posibles responsabilidades individuales” y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, aseguró que su responsabilidad fue “supervisar que la estrategia interinstitucional garantizara la protección de los asistentes, el orden público y la movilidad segura”.

El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Roberto Alarcón, afirmó que “nuestros elementos desempeñaron sus funciones bajo la premisa de salvaguardar el orden y la seguridad a la ciudadanía”.

El fiscal Salvador González señaló –pero fue desmentido por las víctimas– que los detenidos llevados a la fiscalía después de varias horas de encierro y golpes en Casa Jalisco, recibieron atención médica. “Nos tuvieron cuatro horas bajo la lluvia, algunos semidesnudos”, le respondieron.

Afuera ciudadanos protestaron y quisieron ingresar al inmueble pero fue en vano, por lo que esperaron horas la salida de los funcionarios, quienes fueron llevados por una puerta lateral para esquivarlos.