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Saturday, November 21, 2026

Fueron inhabilitadas 30 bocaminas en Anorí y Amalfi, Antioquia, durante una operación contra la minería ilegal

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El Gobierno nacional confirmó la suspensión definitiva de 30 bocaminas usadas para la minería ilegal en los municipios de Anorí y Amalfi, en el departamento de Antioquia.

Conforme a los datos oficiales presentados por la Presidencia, la intervención se desarrolló a través de la Operación Porce III, dirigida contra la explotación ilícita de minerales en la región del nordeste antioqueño.

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En esta, participaron unidades de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, el Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía, la Agencia Nacional de Minería, el la Gobernación de Antioquia.

El balance de la acción de las autoridades indicó que 14 de las bocaminas, o aperturas de tierra, quedaron selladas de manera definitiva mediante obras de infraestructura civil.

Las autoridades destruyeron 59 elementos mecanizados que, de acuerdo con el Gobierno, se utilizaban en actividades de minería ilegal. También inutilizaron 11 artefactos explosivos, intervinieron dos entables mineros e incautaron seis equipos de comunicación. El material y los insumos que quedaron fuera de servicio tienen una valoración preliminar cercana a $260 millones.

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Este es el río Porce, gravemente afectado por la minería ilegal /@fabio_arjona/X)
Este es el río Porce, gravemente afectado por la minería ilegal /@fabio_arjona/X)

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, a través de sus redes sociales, compartió un reporte positivo de la acción: “¡La Patria Milagro da otro golpe contundente a la minería ilegal! Por instrucción del presidente y con la coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (Conaldef), seguimos actuando para proteger el agua y nuestro patrimonio natural. (...) La explotación ilegal amenazaba la cuenca del río Porce y ponía en riesgo la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Porce III".

A las entidades que coordinaron el despliegue, el ministro dio un agradecimiento “profundo por ser nuestros aliados en este propósito de protección de la naturaleza”.

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“¡Nuestra #AgendaABC se defiende con acciones en el territorio! Ratificamos: seguiremos enfrentando las economías ilegales que destruyen el agua, amenazan la biodiversidad y afectan a las comunidades". continuó el ministro.

La intervención se concentró en zonas rurales de Anorí y Amalfi, dos municipios donde las autoridades han señalado la presencia de economías ilegales asociadas a la extracción de minerales.

Estos fueron los reportes del presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona (@ABDELAESPRIELLA/X - @fabio_arjona/X)
Estos fueron los reportes del presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona (@ABDELAESPRIELLA/X - @fabio_arjona/X)

El presidente Abelardo de la Espriella, a través de sus redes sociales, sostuvo que el operativo buscó desarticular estructuras que obtienen recursos a partir de la explotación ilegal de yacimientos mineros.

“No vamos a permitir que los narcoterroristas sigan llenándose los bolsillos con nuestros recursos naturales. ¡Se les acabó el negocio!”, afirmó el mandatario.

El jefe de Gobierno afirmó que mantendrá las operaciones de la fuerza pública contra la minería ilegal y las redes criminales que operan alrededor de esta actividad.

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Las operaciones de gran minería y los Proyectos de Interés Nacional en Colombia deben cumplir desde el 19 de noviembre con el registro obligatorio de las transacciones de minerales en una plataforma administrada por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La exigencia abarca la compra, venta, transformación y salida de minerales dentro de la cadena comercial. La información debe cargarse en la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), creada para identificar el origen y el destino de los recursos extraídos en el país.

La medida está prevista en la Resolución 3824 de 2025, que modificó la Resolución 759 de 2024. La norma establece una aplicación progresiva para los distintos actores del sector minero.

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Las compañías incluidas en la primera fase deberán ajustar sus procesos internos para conservar datos verificables sobre los movimientos de minerales, desde la extracción hasta el destino comercial.

El registro se realiza por medio de un Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales (Ottm), que conecta a los participantes de la cadena con la plataforma de la Agencia Nacional de Minería. Las empresas pueden utilizar el operador público de la entidad o contratar a proveedores privados que hayan recibido habilitación.

El Ejército calculó que la maquinaria ubicada en Zaragoza extraía cerca de 12 kilogramos de oro mensuales para redes criminales. (Ejército Nacional)
Minería ilegal en Antioquia (Ejército Nacional)

Entre los operadores habilitados figura AutenTIC, autorizada mediante un acto administrativo con radicado 20263210666671, fechado el 9 de febrero de 2026. Según informó la empresa, su sistema incorpora mecanismos de identidad digital, firma electrónica y digital, verificación de clientes y herramientas de inteligencia artificial para respaldar los registros documentales.

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La obligación comenzó con grandes proyectos de carbón en Cesar y La Guajira, níquel en Córdoba y oro en Antioquia y Caldas.

La Agencia Nacional de Minería prevé una incorporación gradual de otros segmentos. A partir del 15 de enero de 2027, las transacciones de compra a mineros de subsistencia deberán registrarse en la plataforma.

La segunda etapa alcanzará a la mediana minería desde el 18 de febrero de 2027. La pequeña minería deberá sumarse en febrero de 2028, mientras que las Áreas de Reserva Especial, los procesos de legalización y los subcontratos de formalización tendrán plazo hasta el 18 de agosto de ese año.

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