Corte Suprema expulsa a los primeros 11 jueces y Chevesich logra respaldo del pleno en caso licencias

Pasadas las 12.40 horas de este viernes, los correos de los jueces que enfrentaban cuadernos de remoción por haber viajado al extranjero con licencia médica comenzaron a recibir un mensaje que para muchos iba a marcar su futuro en la judicatura. El correo que empezaron a recibir era la señal de que luego de ocho jornadas de deliberación, el pleno de la Corte Suprema finalmente había concluido la revisión de 58 casos de magistrados que cometieron faltas a la probidad.

“Magistradas/os. El pleno de la Corte Suprema acaba de concluir la revisión de los cuadernos de remoción. Mientras la presidenta Gloria Ana Chevesich dé a conocer el número de jueces y juezas que serían removidas, la relatora Alejandra Aguilar informará de la decisión a cada juez y jueza”, se leía en el texto enviado por el Poder Judicial.

Y así fue. Minutos más tarde, cada uno de los magistrados -entre ellos tres ministros de corte- comenzaron a recibir personalmente un correo de parte de Aguilar en el cual se les comunicaba escuetamente si se mantenía en el Poder Judicial o si se había decidido su expulsión. Tras largos días de tensión, los supremos finalmente aplicaron la drástica medida de la remoción respecto de 11 jueces de un total de 47 cuadernos revisados. Es decir, se optó por la expulsión en el 24% de los casos

El misterio se resolvió cuando a los jueces inculpados que lograron salvarse les llegó un nuevo mensaje con el asunto “Comunica lo que indica”.

“Cumplo con comunicar que, con fecha de hoy, en votación dividida del pleno de esta corte no se alcanzó el quórum para removerlo del cargo. Oportunamente se le hará llegar la resolución respectiva”, se lee en el escueto mensaje de la relatora.

En paralelo, los funcionarios del máximo tribunal preparaban el salón de honor, donde solo unos días atrás, ante el pleno de 18 ministros había escuchado los alegatos de las defensas de los cuestionados jueces. Si antes ese fue el escenario para la vista de los cuadernos, ahora sería el lugar desde donde la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, comunicaría personalmente la decisión del pleno.

Pasadas las 14.30 horas, la presidenta subió a la testera y, tras una falla técnica que la obligó a repetir parte de su vocería, entregó el resultado de la purga judicial iniciada por la Suprema: 11 magistrados expulsados del Poder Judicial por haber viajado al extranjero con licencia médica.

El caso a caso

Antes de entregar dicha resolución, Chevesich explicó los criterios que tuvo el pleno para resolver. Según detalló la presidenta del máximo tribunal, hubo 10 casos en que la Suprema “resolvió que no procedía analizar los cuadernos de remoción”, dado que se trataba de funcionarios que ya no integraban el Poder Judicial o bien que no se encontraban en el escalafón de jueces".

Estos corresponden a las exclusiones. La decisión generó críticas a la Suprema, ya que en varios casos, dentro de ese grupo de 10, cuando el pleno abrió los cuadernos lo hizo sabiendo que algunos de ellos no eran jueces titulares, sino que relatores. Para una buena fracción del pleno, el Artículo 80 de la Constitución solo aplica para jueces.

De esta manera, en total, el pleno del máximo tribunal revisó 37 cuadernos de remoción, de los cuales 11 terminaron en remoción y otros 26 lograron permanecer en el Poder Judicial. En todos los removidos, según pudo conocer este medio, se trata de jueces de primera instancia, dado que no se expulsó a ninguno de los tres ministros de Corte de Apelaciones que estaban en ese proceso: Gloria Negroni de La Serena, Danai Hasbún de Santiago y José Delgado de Arica.

Sobre los casos de los magistrados expulsados, por determinación del pleno quedaron suspendidos de sus funciones mientras se espera que sean notificados de las sentencias, las que serán redactadas en las próximas semanas.

En el caso de aquellos que no fueron expulsados, según detalló Chevesich, en 15 cuadernos la mayoría de los ministros votó por mantenerlos, en otros siete no se alcanzó el quórum que se requería para votar -de al menos 11 votos- y en cuatro se produjo un empate.

El inédito proceso que abrió la Suprema para juzgar a los magistrados implicó un desfile de abogados que ejercieron la defensa de los inculpados. Así fue como ayer más de alguno cerró su día con resultados positivos. Por ejemplo, el abogado Gabriel Osorio logró que se rechazara la remoción de sus cinco jueces, entre los que estaba la ministra Negroni, quien preside la Corte de Apelaciones de La Serena.

Al igual que Osorio, un buen listado de abogados terminaron victoriosos este complejo proceso. El penalista José Pedro Silva también salvó a la jueza que representaba. El abogado Matías Insunza consiguió la permanencia de la ministra Hasbún; el abogado Tomás Jordán cerro el día con un triunfo para la jueza Paola Rivas. Los abogados Juan Carlos Manríquez -quien representó al ministro Delgado- y Carlos Quezada también salieron victoriosos de este primer capítulo.

Chevesich se consolida

El resultado del pleno implicó que la ministra Chevesich consolidara su liderazgo al interior del pleno.

La magistrada empujó con fuerza que el máximo tribunal aplicara mano dura respecto de los judiciales que cometieron faltas a la probidad. Si bien la expectativa era mayor, pese a todos los obstáculos y las críticas recibidas, cerrar este primer capítulo con 11 expulsiones fue interpretado como un triunfo tanto para ella como para los integrantes del pleno que también eran partidarios de juzgar con dureza.

La ministra no solo estaba bajo la presión externa de la opinión pública, sino que, además, fue acorralada por la propia jurisprudencia que impuso la Tercera Sala de la Suprema.

Esta sala aplicó tolerancia cero, y sin considerar criterios de proporcionalidad, visó la destitución de todos los funcionarios públicos que viajaron con licencia médica y que fueron sometidos a un sumario que cumplió con el debido proceso. Esa vara se impuso sin considerar ningún tipo de matiz.

Ese fue el estándar aplicado para la administración del Estado, por lo que los supremos no podían hacer la vista gorda para juzgar a los suyos.

Si bien el pleno dejó en evidencia que en temas disciplinarios no todos comparten el mismo criterio, la señal fue considerada como contundente. Incluso, hay quienes comentan que el hecho de haber llevado adelante este proceso, independiente del número de expulsados, será un disuasivo para la judicatura.

Dado que aún faltan 11 casos por revisar, todo indica que la cifra será aún más alta. Si bien todos los jueces de mayor rango se salvaron, los que eran ministros de corte, el mensaje quedó instalado.

Ahora quedará lo más difícil, ya que el pleno tiene pendiente resolver el cuaderno del juez Daniel Urrutia. Este caso está rodeado de una tensión especial y significará un desafío mayor, debido al complejo historial disciplinario que arrastra el magistrado, que cayó en desgracia luego de viajar a Costa Rica y Ecuador con permiso médico.

TC obstaculiza el camino

A última hora del viernes, el Tribunal Constitucional (TC) continuó complicando los planes de la Suprema. Así fue como la magistratura constitucional siguió reportando novedades respecto de los requerimientos de inconstitucionalidad que ventilaron casi 20 jueces para impugnar sus cuadernos de remoción.

Tanto así, que en la última jornada del pleno el secretario de la Suprema, Jorge Sáez, recibió información de tres nuevos casos. Se trata de las juezas Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic. Todas representadas por el abogado Carlos Quezada.

Las tres estaban a la espera de la resolución de admisión a trámite en la Segunda Sala del TC, la instancia que integran las ministras María Pía Silva, Catalina Lagos y Marcela Peredo, y los ministros Raúl Mera y Mario Gómez. La noticia -de la admisión a trámite con suspensión- tuvo el voto en contra de la ministra Peredo.

La magistrada de forma consistente ha votado en contra de dar curso a las suspensiones. Según se lee en su voto de minoría, la ministra plantea que existe norma expresa que establece que cuando se trata de un requerimiento contra un auto acordado, no aplica la posibilidad de suspender la gestión pendiente.

Pese a que las tres magistradas obtuvieron un triunfo parcial, en dos casos la notificación no alcanzó a llegar a tiempo al pleno de la Suprema. Esto, debido a que en los casos de Chepe y Drpic los supremos alcanzaron a tomar acuerdo y se optó por rechazar la remoción. Eso explica el hecho de que a pesar de que el TC suspendió un total de 13 casos, Chevesich solo habló de 11 cuadernos que quedaron pendientes, debido a decisiones de la magistratura constitucional.

Los casos de esas tres juezas se suman a los otros 10 magistrados que también lograron suspender sus eventuales remociones en la Suprema a la espera de la admisibilidad de sus requerimientos o, más adelante, la sentencia cuando se resuelve el fondo de sus alegaciones.

El abogado que más estragos procesales ha provocado en el máximo tribunal es Quezada. El letrado es quien lleva la representación de la mayor cantidad de jueces que optaron por el camino del TC. A las tres magistradas se suman otros tres casos más.

Entre ellos está el emblemático caso del juez Urrutia, quien logró su suspensión la tarde del miércoles. A ellos se suman la jueza María Verónica Arancibia y el magistrado Jorge Saavedra, el primero que abrió el camino de las suspensiones en el TC.

A ese grupo hay que sumarle los requerimiento de Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla. Todos ellos son representados por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.

El listado lo cierran los jueces Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin, quienes también lograron, semanas atrás, la suspensión de sus cuadernos.

Sobre los procesos que se siguen en el TC, y la eventual declaración de inconstitucionalidad, Chevesich fue clara en hacer una distinción. Esto, debido a que los jueces han requerido en contra de artículos del auto acordado del acta 108 y algunos contra normas del Código Orgánico de Tribunales, cuando en realidad los cuadernos de remoción son aplicación directa de la Constitución. “El pleno no aplicó ni el Artículo 40 ni el Artículo 41 del acta 108, que regula precisamente el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de los miembros del Poder Judicial. La norma que aplicó la Corte Suprema fue el Artículo 80 de la Carta Fundamental. Ahí está la base”, dijo la presidenta.

“El Tribunal Constitucional analiza otro tipo de materias y, bueno, es su competencia analizar cada uno de estos requerimientos que se han planteado. Como se trata de un auto acordado, está sometido necesariamente a que analicen la procedencia o no del requerimiento, porque se está impugnando una norma del auto acordado”, concluyó Chevesich.