Narcotráfico, despojo y resistencia: el pulso oculto detrás de la entrega del predio La Antigua, ocupado por familiares de un capo antioqueño

Familias desplazadas de Urabá llegaron a la parcelación en Venecia para sembrar, pero encuentran resistencia de antiguos ocupantes.

El anhelo de regresar al campo para sembrar paz y sustento tropieza una vez más con las sombras del narcotráfico y la burocracia en el Suroeste antioqueño.

Familias campesinas, en su gran mayoría desplazadas de la región de Urabá y sobrevivientes del exterminio político contra la Unión Patriótica, se encuentran atadas de manos en un predio que legalmente les pertenece, pero del que no pueden apropiarse de manera efectiva.

La promesa institucional de la reforma agraria choca de frente con una realidad marcada por ocupaciones irregulares, dilaciones jurídicas y un pulso de resistencia campesina que exige respuestas definitivas al Estado colombiano.

Una entrega provisional en el papel, pero bloqueada en la realidad

La historia de este conflicto territorial se remonta al pasado 31 de julio, fecha en la que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) materializó la entrega provisional a título de tenencia de un predio de 2,4 hectáreas ubicado en la parcelación La Antigua, en el municipio de Venecia, Antioquia.

Dicho bien inmueble pasó formalmente a manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio que afectó a sus antiguos propietarios, vinculados a redes de narcotráfico y extraditados a finales de los años noventa en el marco de la recordada Operación Milenio.

La propiedad perteneció a Bernardo Alberto Sánchez Noreña, capturado durante dicha operación en 1999, y posteriormente condenado y extraditado por narcotráfico.

La sentencia de extinción de dominio fue emitida en 2004 y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2005 y, tras pasar a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el predio fue transferido a la ANT para su adjudicación a la Asociación Campesina de Urabá Víctimas del Conflicto.

No obstante, la alegría de las 67 familias campesinas agrupadas en ACUVIC se vio empañada de inmediato. A pesar de contar con el acta oficial firmada por el representante legal José Augusto Echavarría Marín y el líder de la UGT Antioquia de la ANT, Farlin Perea Rentería, el terreno continuó bajo el control material de personas ajenas a la asociación. Según denunciaron los voceros de las organizaciones sociales, en el lugar permanecen irregularmente allegados y presuntos testaferros de los antiguos dueños, incluyendo a familiares directos que se niegan rotundamente a abandonar el predio.

"Allá hay un señor, que es el suegro a la vez de la persona a la que le extinguieron el dominio, quien estuvo encarcelado y pagó condena en Estados Unidos. Y el señor no se ha querido retirar de ese predio", advirtió con vehemencia Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, al recalcar que figuras jurídicas de supuesta posesión no aplican sobre bienes estatales. De acuerdo con el marco normativo colombiano, los predios del Estado son imprescriptibles, inalienables e intransferibles.

Estratagemas jurídicas y un llamado urgente a la institucionalidad

Desde la formalización de la entrega provisional, el panorama ha estado minado de obstáculos operativos para la comunidad. Carlos Andrés Galeano, abogado y asociado de ACUVIC, explicó que los ocupantes irregulares han desplegado una batería de recursos legales, recusaciones, quejas disciplinarias y trabas burocráticas con un único propósito: desgastar a la organización campesina y dilatar el hecho material de la tenencia efectiva.

"Los ocupantes irregulares, pues, son muy profusos en interponer cualquier clase de recursos, de recusaciones, de solicitudes, de quejas disciplinarias y demás, que lo que buscan es simplemente dilatar un hecho material, y es que la asociación pueda hacer tenencia efectiva de este predio", señaló el abogado Galeano.

Ante la falta de acciones efectivas iniciales por parte de las autoridades locales, los campesinos decidieron hacer presencia directa en el terreno para iniciar labores agrícolas. Sin embargo, la tensión escaló debido a la persistencia de los ocupantes, lo que obligó a realizar plantones frente a las instalaciones de la ANT en Medellín y a tocar las puertas de la Inspección de Policía de Venecia y de la Fuerza Pública en busca de un saneamiento real del espacio.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos recuerdan que estas acciones no son caprichosas, sino que responden al cumplimiento de mandatos judiciales y a sentencias de instancias internacionales que ordenan la reparación integral a las víctimas de genocidio político en el país.

Exigen tierra suficiente para producir

Para los integrantes de ACUVIC, el problema no se limita únicamente a la resistencia de los actuales usurpadores en la parcelación La Antigua, sino también a la insuficiencia del terreno asignado.

Con más de 130 personas que integran las 67 familias beneficiarias, las 2,4 hectáreas entregadas temporalmente se quedan cortas frente al impacto socioeconómico y los ambiciosos proyectos agropecuarios y agroindustriales que la asociación pretende desarrollar para garantizar la seguridad alimentaria y el sustento digno de sus comunidades.

En la misma parcelación de La Antigua, predios circundantes también fueron objeto de extinción de dominio y se encuentran bajo la órbita de la Agencia Nacional de Tierras. Por esta razón, el clamor unánime de los campesinos desplazados es que la ANT acelere los trámites para adjudicar formalmente estas extensiones adicionales y garantice un saneamiento jurídico y físico total de los terrenos.

"Somos desplazados de Urabá y conformamos una asociación con el único objetivo de volver al campo a producir. Somos víctimas, somos militantes de la Unión Patriótica, sobrevivientes de este genocidio", manifestaron con firmeza los líderes comunitarios.

La exigencia al Gobierno nacional es clara: la restitución de tierras a las víctimas no puede entregarse con vicios, conflictos ni obstáculos de terceros vinculados al pasado narcotraficante del país. La tierra debe entregarse en condiciones de absoluta tranquilidad y seguridad jurídica para que el campo antioqueño vuelva a germinar esperanza.

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