Atlántico: Tribunal Superior ordena a jueces volver a sus despachos y elimina el teletrabajo; magistrados y funcionarios cuestionan la medida judicial
El Tribunal Superior de Barranquilla ordenó el regreso presencial de los jueces a sus despachos. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo
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La decisión del Tribunal Superior de Barranquilla de poner fin al trabajo remoto de los jueces del distrito judicial abrió una discusión sobre las condiciones en las que se presta el servicio de justicia en el Atlántico. Mientras la corporación defiende la presencia de los funcionarios en sus despachos como una garantía de atención directa a las comunidades, jueces consultados cuestionan que se elimine una modalidad que, aseguran, ha facilitado las audiencias, el trámite de procesos y la protección de quienes han recibido amenazas.
La instrucción fue impartida por Carlos Andrés Pérez, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante una circular en la que ordenó no autorizar el teletrabajo a los jueces del distrito. La disposición comenzó a regir este viernes 30 de octubre y, según explicó el magistrado, responde a las visitas que realizó a distintos municipios, durante las cuales encontró despachos sin la presencia de los funcionarios judiciales.
Pérez defendió la presencialidad como una condición para acercar la administración de justicia a los ciudadanos. En su argumentación sostuvo que, para muchas comunidades, el juez representa una de las figuras más próximas del Estado y que su permanencia en el territorio permite escuchar a los usuarios, orientarlos y atender directamente sus necesidades.
La medida, sin embargo, abrió un debate entre funcionarios que consideran que el regreso obligatorio a los despachos no resuelve los problemas estructurales de la justicia y puede afectar herramientas que se incorporaron para agilizar la atención. Entre sus reparos mencionan el volumen de expedientes que manejan algunos juzgados, las dificultades de desplazamiento de los usuarios y los riesgos de seguridad que enfrentan determinados funcionarios.
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La carga de los juzgados, otro frente de discusión
Una de las voces críticas es la de Carmen Beatriz Barros, juez 14 Civil Municipal de Barranquilla, quien considera que la discusión sobre la presencialidad debe tener en cuenta la carga de trabajo que soportan los despachos.
Según explicó, algunos juzgados del Atlántico tramitan entre 1.200 y 1.300 procesos al año, una cantidad que implica jornadas extensas y labores que, en ocasiones, deben continuar por fuera del horario habitual. Para la funcionaria, el debate no debería concentrarse exclusivamente en el lugar desde el que trabaja el juez, sino en las condiciones que permiten responder oportunamente a las solicitudes de los ciudadanos.
Barros señaló que la atención al público puede realizarse mediante las ventanillas físicas y virtuales habilitadas por los despachos. En su criterio, estas herramientas permiten que abogados y usuarios presenten solicitudes y participen en diligencias sin que la distancia se convierta en una barrera para acceder al servicio.
La funcionaria también explicó que el trabajo judicial no se limita a la atención presencial. Los jueces deben resolver expedientes, emitir decisiones y cumplir con las audiencias programadas. Por eso, considera que la evaluación del desempeño debe tener en cuenta el volumen de asuntos que recibe cada despacho y su capacidad para evacuarlos.
La togada pide, que más se verifique cuáles son las cargas que tienen que asumir los jueces.
Como ejemplo de esa presión, mencionó que un juzgado de Barranquilla puede tramitar entre 300 y 400 acciones de tutela al año. También recordó que, durante la emergencia relacionada con el terremoto, recibió entre siete y ocho tutelas diarias procedentes de Pereira.
La juez advirtió que el volumen de expedientes tiene consecuencias en las condiciones laborales de los funcionarios: más horas de trabajo, mayores niveles de estrés y menos tiempo para sus familias. Su cuestionamiento apunta a que la orden de presencialidad no aborda esas dificultades ni diferencia las necesidades de cada despacho.
La virtualidad y el acceso de los usuarios a la justicia
Jueces del Atlántico advierten que la virtualidad también reduce riesgos ante amenazas contra ellos. Foto:Vanexa Romero/ El Tiempo
Otro de los argumentos planteados por los jueces es que las audiencias virtuales han permitido la participación de personas que no necesariamente se encuentran en la ciudad donde funciona el despacho. Abogados y usuarios pueden conectarse desde sus oficinas, viviendas o desde otras ciudades, lo que reduce desplazamientos y facilita la asistencia a las diligencias.
Barros considera que esa posibilidad también debe estar disponible para los jueces, siempre que se garantice el cumplimiento de sus funciones y el avance de los procesos. En su opinión, el propósito de la virtualidad es permitir que las audiencias se realicen y que los expedientes reciban el trámite correspondiente, sin que la ubicación física de los participantes se convierta en un obstáculo.
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La discusión enfrenta dos criterios sobre la prestación del servicio judicial. Por un lado, la presidencia del Tribunal plantea que la presencia de los jueces en los municipios fortalece el contacto con las comunidades y la atención directa. Por otro, los funcionarios que cuestionan la circular sostienen que la tecnología puede complementar esa atención y mejorar la capacidad de respuesta de los despachos.
El debate también pone sobre la mesa la necesidad de distinguir entre las labores que requieren atención presencial y aquellas que pueden desarrollarse mediante herramientas digitales. Los jueces que defienden la virtualidad consideran que su utilización no significa dejar de atender a los ciudadanos, sino disponer de otros canales para hacerlo.
Las amenazas contra jueces también preocupan
Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, juez de Barranquilla asesinado el 21 de marzo de 2026. Foto:Cortesía
La seguridad de los funcionarios es otro de los argumentos expuestos por jueces. Según esos testimonios, algunos han recibido amenazas relacionadas con el ejercicio de sus funciones, por lo que el trabajo remoto puede convertirse en una alternativa para reducir su exposición frente a organizaciones criminales y estructuras delincuenciales que operan en el departamento.
Este aspecto introduce una dimensión adicional en la discusión: la presencialidad no representa las mismas condiciones para todos los funcionarios. Mientras el Tribunal destaca la importancia de que los jueces permanezcan en sus despachos, quienes expresan reparos piden que se tengan en cuenta los casos en los que existen riesgos para la integridad de los servidores judiciales.
La decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, por tanto, no solo modifica la modalidad de trabajo de los jueces del distrito. También reabre la discusión sobre cómo equilibrar la atención presencial, el uso de herramientas tecnológicas, las cargas procesales y la seguridad de quienes administran justicia.
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