Gustavo Leal F.*: Pensiones: paisaje legislativo después del debate 2025-26

espués de la más intensa y extendida protesta de la cual se guarde memoria –desde la imposición de Ley-Issste-2007-Calderón-Beltrones– encabezada por el magisterio democrático durante las jornadas sucesivas de los años 2025-2026, la respuesta legislativa del partido Morena confirma su enorme sordera frente al alcance nacional de una amplia demanda legítima y a la que él sólo puede responder fortaleciendo –vía más subsidios fiscales– el modelo neoliberal con “normas generales” que seguirán hundiendo las pensiones de los trabajadores en activo y muy especialmente las de las nuevas generaciones.

Siguiendo las visiones actuariales que militan por la absoluta inmovilidad gubernamental preservando intacto el tecnocrático Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), para el diputado claudista Alfonso Ramírez Cuéllar es necesario emitir una “Ley general de pensiones” que atienda el “problema” financiero y “garantizar” la protección de los trabajadores. Para él no se trata de enfrentar el gran reclamo nacional sobre los costos sociales pensionarios del modelo neoliberal, sino apenas atender lo “financiero” ( La Jornada, 23/7/26).

Esa ley, agregó, es para los “tres órdenes de gobierno” debiendo “establecer” parámetros mínimos y máximos en materia de requisitos y beneficios para “todos” los sistemas públicos del país. Es decir, una ley para consagrar la actual inequidad estructural pensionaria congelando intacto el marco neoliberal con pensiones a la baja.

Para seguir incrementando la burocracia sin enfrentar la problemática de fondo y sus bajas pensiones, Ramírez quiere además “crear” una secretaría o autoridad nacional especializada con “capacidad técnica, financiera y de coordinación” para “elaborar” un Plan nacional pensionario, así como “regular, supervisar y dar seguimiento a todos los esquemas que reciben recursos públicos”. Es decir: una secretaría no sólo incapaz de resolver el desafío estructural de elevar realmente el nivel pensionario, sino que nacería justamente para lo contrario: para toparlo constitucionalmente.

Claro que él aclara que con “su” ley no se busca “imponer un modelo único de pensiones, sino establecer reglas básicas de transparencia, sostenibilidad y responsabilidad financiera”. ¡Por supuesto que no! Ese modelo de autopensión ya está impuesto: es el SAR neoliberal y que sus “iniciativas” sólo pretenden consagrar constitucionalmente poniendo por delante la sostenibilidad y responsabilidad financiera. Es decir: omitir el debate sobre los costos sociales del modelo y conducirlo exclusivamente a su “sostenibilidad y responsabilidad financiera”. ¡Gato por liebre!

Como lo hace la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, el BID y el CIEP, para tan noble tarea, Ramírez se arropa en la raída bandera tecnocrática del costo del desafío pensionario: el “gasto” en este rubro, profetiza, ha crecido de manera “acelerada”: hace 10 años, dice, se destinaban cerca de 600 mil millones de pesos, pero hoy asciende a 1 billón 600 mil millones de pesos. Los siempre oportunos e interesados propulsores de la “bomba pensionaria”. Y lo peor para su catastrófico “diagnóstico” es que ¡ese “gasto” seguirá creciendo!

Todo este paquete de “iniciativas” proceden directamente –desde hace años– de despachos actuariales que militan por la absoluta inmovilidad gubernamental preservando intacto el tecnocrático SAR y que Ramírez se limita sencillamente a repetir. Como comunicó el propio despacho actuarial que lo inspira: “el diputado Ramírez planteó como principal acuerdo la Ley general de pensiones y me dio los créditos de la propuesta. Ojalá se concrete para poner en orden las pensiones en México” (24/7/26).

En suma: las “iniciativas” repetidas por Ramírez se reducen a diseñar una estructura de toma de decisiones pensionarias que refuerzan la engañosa idea tecnocrática de un gobierno de expertos que despoja a los afectados de cualquier ventanilla de participación democrática y protesta.

Frente a la “bomba pensionaria” y el “diagnóstico” de salida única actuarial, no queda más que la inmovilidad de una Ley general de pensiones que atienda el problema financiero en los tres niveles de gobierno. Es decir: ante la anemia gubernamental de propuestas alternativas antineoliberales sólo proponen “hacer como que hacen algo”: usar la falsa salida que sólo consagra una camisa de fuerza con “normas constitucionales” para hundir las pensiones de las generaciones en transición y especialmente las nuevas.

Vaya respuesta legislativa después del gran debate 2025-26. Para Ramírez, frente a los patentes costos sociales pensionarios del modelo neoliberal no sólo no hay que hacer nada; hay que fortalecerlo con más subsidios fiscales y un marco constitucional que lo siga amparando. Como Presidenta de todos los mexicanos y honrando sus 36 millones de votos, Claudia Sheinbaum tiene ahora la palabra para buscar rutas alternativas antineoliberales que corrijan de raíz el triste paisaje legislativo que pinta su cercano diputado Ramírez.