Polémica por valla que pide libertad de ‘Juancho Kily’, acusado de abuso sexual contra surfista menor de edad en Puerto Colombia

El abogado de la adolescente denunció que el mensaje revictimiza a la joven y solicitó a las autoridades retirar la publicidad.

Una valla publicitaria instalada en una de las principales entradas del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, desató una nueva controversia alrededor del proceso judicial contra Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, quien permanece privado de la libertad por el presunto abuso sexual contra una surfista de 16 años.

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El aviso, ubicado en el sector conocido como la Y de los Chinos, contiene un mensaje en defensa del procesado: “Soy inocente. Mi libertad es de todos. Juan Álvarez libre”.

La instalación provocó el rechazo del abogado de la adolescente, Julio R. Del Villar, quien confirmó a EL TIEMPO que ya fueron presentadas las solicitudes correspondientes para ordenar el desmonte de la estructura.

El jurista considera que esta manifestación pública afecta a su representada, quien continúa viviendo con su familia en Puerto Colombia, donde ocurrieron los hechos denunciados.

Abogado denuncia revictimización de la adolescente

“Hacer esto no ayuda en nada en su caso. Se sigue demostrando que hay una revictimización con esta clase de actos en contra de la víctima, que es una menor de edad”, manifestó Del Villar en declaraciones a EL TIEMPO.

El abogado advirtió que la presencia de la valla tiene consecuencias para la adolescente, debido a que el mensaje permanece expuesto en un lugar de circulación pública del municipio donde reside.

Según explicó, cada vez que la menor sale de su casa puede encontrarse con una publicidad que proclama la inocencia del hombre al que denunció. A su juicio, el contenido también puede llevar a otros habitantes de Puerto Colombia a interpretar que la adolescente faltó a la verdad en su denuncia.

Para el representante de la menor, esta situación constituye una forma de revictimización, pues considera que traslada a los espacios públicos una controversia que debe resolverse ante las autoridades judiciales.

Del Villar también cuestionó la actuación de las autoridades municipales frente a la autorización de este tipo de publicidad.

“No sabemos quién otorgó los permisos para este tipo de avisos en Puerto Colombia y si hacen seguimiento a los contenidos de los mismos”, señaló a EL TIEMPO.

El abogado insistió en que se debe establecer quién autorizó la instalación y cuáles fueron los criterios utilizados para permitir la divulgación de un mensaje relacionado con un proceso penal en curso.

A la espera del escrito de acusación

La controversia se produce mientras Juan Fernando Álvarez Torres permanece recluido preventivamente en la cárcel El Bosque, de Barranquilla, por decisión judicial.

Sobre el estado del proceso, Del Villar explicó a EL TIEMPO que la familia de la adolescente está a la espera de que la Fiscalía avance hacia la siguiente etapa.

“La persona se encuentra presa. Esperamos que la Fiscalía entregue el escrito de acusación y se comience el juicio”, indicó.

Álvarez Torres fue capturado el pasado 20 de octubre de 2026 por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Posteriormente, la Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado, cargo que no aceptó. El investigado mantiene su posición de inocencia y su responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia.

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Los hechos que originaron la denuncia

El proceso judicial se originó en una denuncia presentada por una surfista de 16 años, quien aseguró haber sido víctima de una agresión sexual el pasado 2 de octubre dentro de una oficina ubicada en el establecimiento Kilymandiaro, en el sector de Pradomar, Puerto Colombia.

Según el relato entregado por la adolescente, el hombre la habría tomado del brazo para conducirla hasta una oficina con el pretexto de conversar. Una vez allí, presuntamente le hizo preguntas íntimas, propuestas de contenido sexual y realizó actos de exhibicionismo.

La menor también manifestó que el investigado le habría impedido salir del lugar hasta que recibió una llamada de una amiga.

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Entre los elementos recopilados durante la investigación se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de personas cercanas a la adolescente y un video que, según el abogado de la denunciante, el propio investigado habría enviado a sus padres.

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