Discutir no es deliberar

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El debate del Presupuesto 2027 plantea una inquietud que trasciende las cifras. Cuando el intercambio de argumentos cede ante las descalificaciones -a veces ante la franca mala educación- o los gestos destinados a obtener notoriedad, cabe preguntarse si el Congreso está cumpliendo una de sus funciones esenciales, esto es, deliberar sobre los asuntos que comprometen el futuro del país.
Discutir y deliberar no significan lo mismo. La discusión suele nacer del desacuerdo, puede buscar defender una posición o imponerse. Y, en general, es lícita, pues la democracia requiere tanto convicciones como discrepancias. Deliberar, en cambio, supone un propósito distinto, más exigente. Consiste en examinar razones, ponderar alternativas, considerar sus ventajas y riesgos, antes de decidir. Su horizonte no es ganar una disputa, sino procurar una resolución fundada y responsable.
El Congreso es una institución llamada a transformar la diversidad de opiniones e intereses en decisiones al servicio de todos. En este contexto, escuchar no implica ceder, ni alcanzar acuerdos equivale a renunciar a los principios. Se puede discrepar con firmeza y, al mismo tiempo, reconocer la fuerza de un argumento ajeno o corregir una propuesta propia. Esta disposición distingue la deliberación de la mera confrontación.
La buena política tiene por finalidad la búsqueda del bien común, que cuenta con el ejercicio de la virtud de la prudencia para discernir qué hacer y con qué medios. Aplicada a la tarea legislativa, ésta exige estudiar los asuntos, anticipar consecuencias, contrastar posiciones y adoptar los mejores acuerdos posibles para traducirlos en leyes.
Esta exigencia alcanza tanto al oficialismo como a la oposición. El gobierno debe fundamentar sus iniciativas y aceptar el examen crítico; quienes lo fiscalizan han de ofrecer razones, no solo objeciones o abiertas obstrucciones. El conflicto es legítimo, pero pierde valor cuando el adversario deja de ser un interlocutor o adversario para convertirse únicamente en alguien a quien derrotar a toda costa, es decir, en un enemigo. En este extremo, la política corre el grave riesgo de reemplazar la búsqueda de soluciones por el espectáculo de la disputa y la cerrazón, camino que conduce inexorablemente a su degradación.
La señalada responsabilidad legislativa reclama virtudes que ningún reglamento puede garantizar: respeto, veracidad, templanza, sentido de justicia. Cuando, en cambio, prima la frase estridente o la agresividad, se desecha algo fundamental, pues deliberar requiere voluntad de entendimiento.
Chile no necesita un Congreso sin diferencias, sino uno capaz de hacer algo fecundo con ellas. Discutir puede bastar para exhibir posiciones, pero, para decidir bien es indispensable deliberar. Y la calidad de nuestra democracia depende, en buena medida, de que sus representantes no desconozcan esta diferencia crucial.
Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad, Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes
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