El Gobierno retiró el borrador taurino y aclaró que no existe una decisión presidencial para revivir las corridas

El gobierno de Abelardo de la Espriella desmintió este viernes 20 de noviembre de 2026 que exista una decisión presidencial orientada a reanudar las corridas de toros en el país, tras la publicación de un borrador de decreto sobre espectáculos taurinos que generó confusión pública.
La Casa de Nariño aclaró que el documento, que había sido puesto a disposición de la ciudadanía para recibir comentarios, se publicó en forma prematura, antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales requeridas. Por esa razón, el texto fue retirado de la plataforma oficial y no continuará su trámite.
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Hasta el momento, el hecho ha generado toda clase de reacciones divididas entre quienes están en contra de la tauromaquia y quienes defienden esta práctica, que para mediados de 2027 quedará prohibida en Colombia por la aprobación de una ley antitaurina, que acaba con las corridas a partir del 22 de julio de 2027, tras un periodo de transición de tres años desde su promulgación el 22 de julio de 2024.
Según el comunicado, el Gobierno reiteró que sus actuaciones estarán orientadas al fortalecimiento de la protección animal en Colombia, y no a la recuperación de espectáculos que impliquen maltrato o sufrimiento de animales.
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“La protección y el bienestar animal son compromisos de este Gobierno. Reconocemos la importancia de promover una cultura de respeto por la vida y de prevenir el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales. El respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales”, señaló.
El Gobierno de De la Espriella finalizó el documento al reiterar a los ciudadanos “que no existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros y que sus actuaciones estarán orientadas al fortalecimiento de la protección animal en Colombia”.
El borrador, presentado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente, planteaba reducir varias de las restricciones impuestas a los eventos taurinos durante la transición hacia la prohibición total de las corridas de toros prevista para julio de 2027. El proyecto modificaría las reglas del Decreto 0703, que había limitado el uso de instrumentos para herir a los animales, la participación de menores y el alcance de la intervención veterinaria.
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El cambio de mayor alcance recaía sobre el literal que vetaba los instrumentos puntiagudos o eléctricos destinados a causar daño a los animales antes o durante la lidia. El borrador suprime esa prohibición y la reemplaza por el deber de garantizar agua y alimento adecuados.
Durante el XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, realizado en la capital de Santander, en septiembre de 2026, la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 2385 de 2024, que prohíbe en Colombia las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas, tras estudiar cinco cuestionamientos contra la norma.
El tribunal reconoció que la prohibición afecta directamente los oficios de las personas que viven de las actividades taurinas, pero concluyó que ese impacto no vuelve inconstitucional la ley. La norma contempla medidas de transición para quienes dependen económicamente de esas prácticas, incluida la reconversión laboral y la creación de alternativas.
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Tres de los cuestionamientos fueron analizados en esta decisión. Los demandantes sostenían que la ley requería un trámite especial porque podía afectar la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y la elección de una profesión, además de cuestionar la competencia de las comisiones del Congreso que tramitaron el proyecto. La Corte determinó que el procedimiento fue válido y que no era necesario aplicar un trámite diferente.
La ley establece que, después de un periodo de tres años, quedarán prohibidas las actividades taurinas señaladas. Los otros dos cuestionamientos ya habían sido revisados por la Corte en 2025, por lo que el tribunal mantuvo lo resuelto sobre el impacto económico y la protección de las tradiciones culturales; también indicó que debía estarse a lo decidido en la sentencia C-374 de 2025 respecto del impacto fiscal y la diversidad cultural.
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