La permisología nos domesticó

Sabemos que es urgente crear empleos, y que para ello se requiere inversión y reactivar la construcción. También sabemos que esta no cae del cielo, viene de proyectos de inversión que necesitan permisos. Lo que no sabemos es cómo hacer para empezar a construir. Porque el director de Greenpeace en su momento nos dejó advertidos: cuando él (o cualquier otro) quiera, atrasa 1.000 días la construcción de un proyecto. Si a eso le sumamos los más de 1.200 días que le toma en promedio a un gran proyecto obtener su permiso ambiental, y sin contar los otros permisos sectoriales, la cinta inaugural del proyecto que se ingresa en una administración siempre la cortará otra (y en algunos casos, la que venga en dos o tres períodos más).

El comienzo de este gobierno fue auspicioso. La Ley de Reconstrucción se puso una meta ambiciosa: que un proyecto aprobado se construya de inmediato. Para eso diseñó un “seguro estatal” que reembolsaría a ese titular que construyó en base a un permiso de la administración, cuando este se invalidara por una decisión judicial. Una propuesta poco ortodoxa, con algunos riesgos y que generó poco entusiasmo entre especialistas, pero que al menos atacaba con decisión el problema. Sin embargo, esta fue declarada inconstitucional en base a discutibles interpretaciones de genéricos principios ambientales del derecho internacional.

Hoy ya no hay proyectos de ley en el horizonte; se plantea la gestión como la forma de resolver el problema. Pero la gestión choca contra la dura realidad. Más de 1.000 observaciones recibió el proyecto El Abra, tramitado en su totalidad en esta administración. Una línea de transmisión en el Maule, que la autoridad ambiental recomendaba aprobar, fue rechazada por los seremis de este gobierno. Bastó un llamado de Leonardo DiCaprio a rechazar, preocupado desde California por la rana pehuenche, para que se le desordenara el panorama al gobierno. También fue durante esta administración, y no la anterior, que se anuló la RCA de la desaladora de la minera Collahuasi, que ya se encontraba operando. Este fallo obligó a la minera a suspender el uso de agua desalada en sus faenas. Ahora la minera sigue operando, pero con agua continental. Los contradictorios efectos del ambientalismo a la chilena.

¿Cómo se construye? ¿Cómo se genera trabajo? Algunos dicen que toca “volver a Keynes”: inversión pública, idealmente aquella que no requiera permisos ambientales o que ya los tenga. La permisología nos domesticó. En los primeros seis meses de este gobierno ingresó a evaluación más de siete veces el monto de inversión ingresado durante el mismo período en el gobierno anterior. Nunca se había aprobado tanta inversión como en los últimos doce meses. Pero nada de eso le llega todavía a los chilenos, porque le hemos dado el poder a unos pocos de frenar el progreso de muchos.

Si Chile quiere despegar, pero despegar en serio, debemos transformarnos en el país más atractivo del mundo para invertir; ir a la siga de la OCDE no alcanza. A nivel tributario logramos con mucho esfuerzo ser un país promedio; esa no puede ser la meta en permisos. Debemos ser líderes, tenemos que ofrecer estándares altos y exigentes en tiempo récord. Se puede, pero se necesita ambición. La situación de estancamiento del país la justifica con creces; la emergencia laboral lo hace una necesidad ineludible, y el conocimiento acumulado nos permite hacerlo de forma seria, creíble y, sobre todo, sostenible en el tiempo: eventuales gobiernos progresistas también se beneficiarán de esto. Pero para eso tenemos que cambiar el enfoque; no basta con engrasar un mecanismo añejo, hay que cambiarlo, rediseñarlo y hacerlo con sentido de urgencia, antes que los ciclos electorales nos priven de esa oportunidad. De lo contrario nos veremos revisitando a Keynes mucho más de lo que nos gustaría.

*El autor de la columna es director de Pivotes

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