El difícil camino de la recuperación económica
La marcha de la economía está dando más razones para preocuparse que para confiar en una pronta recuperación. La actividad cayó 1,1% anual en el tercer trimestre, el desempleo ya se encuentra en 9,8% y la inflación se mantiene en 4,5%, donde algunas voces no descartan la posibilidad de que pueda venir un alza de tasas por parte del Banco Central. Para las familias, este escenario implica mayores dificultades para encontrar trabajo y un costo de vida que sigue aumentando. Para las empresas, en tanto, este cuadro se traduce en ventas más débiles, así como en mayores dificultades para invertir y contratar.
Parte de este deterioro responde a factores que el gobierno no controla. El conflicto en Medio Oriente ha encarecido los combustibles, mientras los problemas productivos han afectado a la minería, que cayó 14,7% anual. Sin embargo, la debilidad también alcanza al resto de la economía. Descontada la estacionalidad, el PIB retrocedió 1,8% respecto del trimestre anterior y el no minero cayó 0,2%. A su vez, la inversión en capital fijo disminuyó 6,7% anual, anticipando que la recuperación del dinamismo exigirá bastante más que normalizar la producción de cobre.
El gobierno debe responder también por la ejecución de su propio presupuesto. A septiembre había ejecutado solo el 56,6% del gasto de capital presupuestado, frente al 60,2% de un año antes, y el gasto acumulado registraba una caída real de 11,7%. Cuando la actividad privada pierde fuerza, una inversión pública que también retrocede agrava la debilidad de la economía. La agenda de reactivación anunciada hace pocos meses por el propio Presidente José Antonio Kast pierde credibilidad si el gobierno no logra ejecutar los recursos que tiene aprobados.
La composición del repunte importa tanto como su magnitud. Respecto de febrero de 2020 (antes de la pandemia), el número de ocupados aumentó 13,8% en Antofagasta, mientras cayó 8,8% en Biobío y 8,1% en Los Lagos. Los resultados advierten diferencias territoriales que una cifra nacional puede ocultar. La recuperación debe alcanzar a la construcción, el comercio y al resto de las regiones que siguen rezagadas.
Pero el escenario financiero agrega más incertidumbre. El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central advierte sobre el riesgo de un estrechamiento abrupto de las condiciones financieras internacionales. Su materialización podría encarecer el financiamiento y postergar proyectos de inversión. De allí que las proyecciones oficiales deben contemplar ese riesgo y precisar cómo cambiaría el escenario si la inversión tarda más en concretarse y qué medidas se deben tomar a tiempo.
Las expectativas ciudadanas también se han debilitado. En octubre, la percepción sobre la economía del país a doce meses, medida por el IPEC, cayó de 37,2 a 31,8 puntos. El IMCE, por su parte, retrocedió 2,66 puntos, hasta 46,71, en terreno pesimista. La confianza influye en las decisiones de consumo, inversión y contratación, de allí que procurar recuperarla resulta fundamental. Ello, por de pronto, exige reglas claras, una implementación oportuna de las medidas aprobadas y señales consistentes de que las dificultades están comenzando a resolverse.
Este conjunto de cifras está mostrando que nuestra economía enfrenta un contexto cada vez más desafiante, y donde la salida se ve por ahora más lejana de lo que se había previsto hace algunos meses. Por ello la proyección del Ministerio de Hacienda en orden a que en 2027 el crecimiento podría alcanzar 3,3% merece una discusión más a fondo. Es cierto que hay razones para esperar una cierta recuperación el año que viene. En su IPoM de septiembre, el Banco Central estimó que la Ley de Reconstrucción aportaría alrededor de medio punto porcentual al crecimiento anual en 2027 y 2028, aunque su efecto dependerá de la implementación. Hay, además, una cartera relevante de proyectos: según Hacienda, entre el 11 de marzo y el 27 de agosto de 2026 se aprobaron ambientalmente 149 iniciativas, con una inversión estimada cercana a US$ 32 mil millones.
Pero una mejor cifra de crecimiento en 2027 no necesariamente se va a traducir en una reactivación robusta, pues dadas las bajas cifras de comparación parte del repunte responderá a un “rebote”, lo que podría explicar por qué a pesar de una mejora en los indicadores de actividad aun así se tenga que convivir ir con un mercado laboral débil.
Es importante asumir con mayor realismo el debilitado cuadro en que se encuentra el país -tal de no sembrar expectativas que puedan resultar desmedidas, o presionar por un mayor gasto fiscal que exceda lo prudente-, y si bien una parte importante de los problemas tienen su origen en situaciones externas que no controlamos, es el momento de hacerse cargo de aquellas barreras internas que frenan el crecimiento y el empleo, las que sí son de nuestra responsabilidad, y cuanto más demoren, peor será el efecto para el país. Así, por ejemplo, los valiosos esfuerzos por remover la permisología en parte se diluyen cuando, paralelamente, hay una ofensiva por parte de ciertos sectores de oposición para impugnar ante el Tribunal Constitucional una serie de iniciativas que tocan el ámbito de la construcción, lo cual dilatará aún más el inicio de obras que son claves para la reactivación. Asimismo, siguen pendientes reformas de fondo en nuestro mercado laboral, como es el caso de reestructurar el mecanismo de indemnización por años de servicio, uno de los más onerosos a nivel internacional. Sin que ello se racionalice, es difícil pensar que las empresas tengan margen para ampliar significativamente las contrataciones.
La confianza de ciudadanos y del empresariado se recuperará solo cuando la economía dé muestras de que las medidas en favor de la inversión rindan frutos y se consolide una trayectoria de descenso en materia de desempleo. Si bien dicho escenario se torna cada vez más exigente a la luz del contexto actual, es responsabilidad del país no seguir añadiendo más trabas que retrasen la salida.
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