Nuevo acuerdo de Quiroz con Provoste y el PC destraba partida de Educación: repone Mi PC y platas de liceos y universidades

La partida del Ministerio de Educación fue desde un principio el gran nudo de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.
Incluso, antes de que se conociera el detalle de la propuesta de erario nacional elaborada por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la mera filtración de que el Gobierno había decidido poner fin al programa de entrega de computadores “Yo Elijo Mi PC” generó la primera polémica presupuestaria.
La controversia llegó a tal punto que legisladores del propio gobierno se sumaron a los reclamos. Ello obligó incluso al propio Presidente José Antonio Kast a intervenir. El mismo Quiroz también trató de poner paños fríos para asegurar que la cancelación de aquella política pública sería reevaluada en la tramitación legislativa.
La estrategia de Quiroz, sin embargo, era aguantar la presión para guardar sus principales cartas para la negociación que se iba a dar en el Senado.
Debido a la mala experiencia que tuvo en fallidas tratativas pasadas con el PS y el PPD, en esta discusión, el ministro hizo una apuesta nueva y priorizó los entendimientos con la senadora Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unido, quien por una cuestión del azar llegó a presidir la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos.
Debido a un empate a tres votos, finalmente, por una moneda lanzada al aire, la legisladora DC fue elegida presidenta de esa instancia que, coincidentemente, estaba a cargo de analizar los dineros de Educación y de otras partidas conflictivas, como los gobiernos regionales.
Incluso, el nuevo plan de Quiroz comenzó a dar frutos en las primeras etapas. Con Provoste como intermediadora, el titular de Hacienda llegó a un acuerdo con los gobernadores regionales.
Sin embargo, como los fondos educacionales eran palabras mayores, la misma Provoste le sugirió al ministro dejar caer la partida del Mineduc en la etapa de la Comisión Mixta de Presupuestos para dar tiempo a las negociaciones. De hecho, Quiroz prefirió no hacer mayores concesiones en la Cámara de Diputados, que mantuvo el rechazo a los dineros de Educación y a otras seis partidas.
Finalmente, tal como se esperaba, el jefe económico del Ejecutivo mostró sus cartas en el Senado. Para ello, estableció una mesa de negociación con la misma Segunda Subcomisión que presidió Provoste. Con ella logró consensuar un protocolo de acuerdo con 24 puntos, en los que figuraban la reposición de Yo Elijo Mi PC (Becas TIC), mayores recursos para los Liceos Bicentenario, la Junji y las universidades, aun cuando el acuerdo no dejó plenamente conforme a los rectores.
Este protocolo fue firmado también por el senador Gustavo Sanhueza (jefe de bancada de la UDI), el diputado Luis Pardo (RN) y la diputada Daniela Serrano (PC).
La legisladora comunista, quien es jefa de su bancada en la Cámara, desde las etapas iniciales de la tramitación estableció una dupla con Provoste. Ambas fueron parte de la Segunda Subcomisión, presentaron indicaciones en conjunto y fueron las representantes opositoras que negociaron con Quiroz en este tema.
Lo llamativo es que era el segundo día consecutivo en que el ministro sellaba compromisos con el PC. El miércoles, llegó a entendimientos con los senadores comunistas Karol Cariola, Daniel Núñez y Claudia Pascual en materia de Salud, pensiones y deuda pública. Ello derribó un mito sobre la supuesta imposibilidad de que el gobierno de Kast pudiese lograr acuerdos con esa colectividad de izquierda.
Detalle educación
Al cierre de esta edición, en todo caso, el Senado aún no votaba la partida de Educación, ya que además debía darse un plazo para elaborar las respectivas enmiendas.
Según lo acordado en este protocolo, se incluirán $ 35 mil millones para la ejecución de las Becas de Acceso TIC y “su distribución como se venía haciendo”, en referencia a la reposición de Elijo mi PC.
También se agregará a la ley un aporte fiscal directo a las universidades estatales por $ 2.374 millones; a las universidades del G9 (privadas tradicionales), por $ 1.626 millones; además de un aporte institucional a las estatales por $ 900 millones.
A esto se suma un aporte de $ 400 millones al Basal G9 corriente y otros $ 1.000 millones en el apartado “AFI Otras Universidades”.
Para no cerrar la puerta a las demandas de las universidades, se determinó que durante el primer semestre de 2027 se instale una mesa con los representantes del CRUCH.
En materia de Liceos Bicentenario, se integran $ 700 millones adicionales para su seguimiento y el acompañamiento a la red actual.
Respecto a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), se suman $ 156 millones para sus programas alternativos, además de $ 2 millones para gastos de capital de infraestructura.
Ruidos
Pese a estos entendimientos, que se suman a los alcanzados en Salud, deuda pública y fondos previsionales, el debate tuvo algunos ruidos en materia de Vivienda, Cultura y Justicia. En estas últimas dos carteras, los fondos para los planes de derechos humanos generaron malestar en las filas de la derecha.
En la partida del Ministerio de Cultura, la sala del Senado repuso los dineros para los sitios de memoria, que para algunos legisladores del oficialismo son recursos que terminan en organizaciones de izquierda.
Pese a ello, los senadores dieron un respaldo casi unánime, salvo por los votos en contra de las senadoras Vanessa Kaiser (libertaria) y Camila Flores (RN), además de la abstención de Miguel Becker (RN).
La senadora Kaiser fue la encargada de hacer presente aquella queja que probablemente también tendrá eco cuando el Presupuesto se discuta nuevamente el lunes en la Cámara.
Posteriormente, en el Ministerio de Justicia, el gobierno sufrió una derrota sensible en el contexto de la crisis que golpea a esta cartera por los decretos que firmó Fernando Rabat y que permitieron la rebaja de condena de abusadores de niños.
La senadora Daniella Cicardini (PS) presentó una indicación que obliga a la Subsecretaría de Justicia a ejecutar una revisión extraordinaria de los expedientes administrativos de las solicitudes de reducción de condena y a dar prioridad a los expedientes relativos a delitos sexuales contra menores de edad, crímenes de lesa humanidad y delitos cometidos en el contexto de asociaciones delictivas o criminales".
Ante la aprobación de aquella medida, el ministro José García hizo reserva de constitucionalidad.
Además, el gobierno tuvo que ceder ante la presión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y otras legisladoras para facilitar el financiamiento de las viviendas sociales y evitar que prosperaran las restricciones que el mismo Ejecutivo buscaba instalar para los anticipos de subsidios del programa DS49.
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