Secuestrados por las Farc rechazaron las declaraciones de un “buen trato” que hizo ‘Timochenko’ sobre los cautiverios: “Mi dolor supera todo”

Las víctimas de secuestro de las antiguas Farc-EP reaccionaron con indignación y rechazo frente a la revelación de una audiencia en la que Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, afirmaba que en la guerrilla existía una orden de “buen trato” hacia los cautivos, una narrativa que obligó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a aclarar de manera pública que jamás avaló tales argumentos.

Las respuestas más contundentes surgieron de oficiales de la Policía Nacional que padecieron la retención en la selva por cerca de doce años, entre ellos el mayor general Luis Herlindo Mendieta y el coronel Enrique Guillermo Blanco, ambos capturados por la guerrilla durante la Toma de Mitú en noviembre de 1998 y rescatados por las Fuerzas Militares en la Operación Camaleón en junio de 2010.

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El mayor general Luis Herlindo Mendieta, quien sufrió aislamiento, llagas y severas enfermedades tropicales encadenado a los árboles de la selva durante su cautiverio, compartió su rechazo a las justificaciones expresadas por el antiguo líder guerrillero ante los magistrados del tribunal transicional.

“Mi dolor supera todo lo que he leído en estas redes sobre lo reciente revelado de la JEP. Solo Dios sabe que esto que fue revelado, es una cachetada a nuestro cautiverio (sic)”, escribió en la red social X.

Mendieta agregó en su mensaje: “Casi dos décadas de cadenas, de llagas, de enfermedad, de hambre, de tortura resumidas en una risa perversa”.

Por su parte, el coronel Enrique Guillermo Blanco cuestionó de forma sarcástica los comentarios de Londoño, al exponer la enorme brecha que existió entre los reglamentos en papel de la organización armada y los padecimientos reales que sufrieron miles de secuestrados en las zonas selváticas.

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“Qué alivio para las víctimas. Debió ser maravilloso estar secuestrado en los campamentos de las FARC. Gracias por la aclaración, Timochenko. Resulta que Colombia había entendido mal el secuestro (sic)”, posteó el coronel.

A renglón seguido señaló: “Miles de personas arrancadas de sus familias, privadas de la libertad durante meses o años, pero hubo buen trato”.

“Timochenko”, uno de los principales firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 en el Teatro Colón junto al entonces presidente Juan Manuel Santos, se refirió a los secuestros cometidos por la guerrilla durante el conflicto armado, en declaraciones que fueron interpretadas como una defensa de las condiciones en las que permanecieron los cautivos.

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Rodrigo Londoño afirmó ante la JEP que las Farc-EP tenían directrices internas para garantizar un supuesto “buen trato” a las personas secuestradas. Según su versión, estas instrucciones sobre las condiciones que enfrentaron durante años de cautiverio, pese a que los exsecuestrados han relatado encadenamientos, aislamiento, marchas forzadas, falta de atención médica y otros tratos crueles, supuestamente contemplaban garantizarles alimentación y prohibían las torturas, los golpes y otros actos de violencia.

“Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida. Esas eran las líneas (…) la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”, señaló el excomandante guerrillero en el video revelado por la congresista María Clara Posada.

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Ante la ola de indignación de las víctimas y la difusión de la diligencia reservada de 2019 revelada en el Congreso por la senadora María Clara Posada, la JEP emitió una precisión oficial para recalcar que sus decisiones judiciales no respaldan la versión de buenas condiciones en los campamentos de reclusión.

El tribunal de justicia transicional explicó que dentro del Caso 01, relativo a la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, las investigaciones sí documentaron la existencia de un instructivo interno que mencionaba el trato humano a los prisioneros, pero confirmó que esa directriz nunca se cumplió en la práctica.

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La judicatura sustentó que los custodios mantuvieron un margen de discrecionalidad absoluta sobre las personas privadas de la libertad, lo que derivó de forma sistemática en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, homicidios y desaparición forzada.

Por estas conductas probadas, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc, incluyendo a los siete miembros del antiguo Secretariado, al concluir que la cúpula no dio órdenes claras para garantizar condiciones dignas de reclusión.

El organismo judicial enfatizó que sus hallazgos no se construyeron sobre los relatos de los excomandantes, sino sobre un exhaustivo acervo de pruebas periciales, testimonios directos de las víctimas y análisis de campo.

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Con esta aclaración, la JEP ratificó que la existencia de un reglamento interno no atenúa las responsabilidades penales de los procesados ni constituye un reconocimiento judicial de “buen trato”, mientras las víctimas insisten en defender la memoria y la verdad sobre los padecimientos sufridos durante el conflicto armado.