Indignante: explotaba sexualmente a niñas de una comunidad indígena del Meta a cambio de agua, alimentos y provisiones básicas
El agresor, según la Fiscalía, abusó sistemáticamente de menores aprovechando la pobreza extrema en que viven las comunidades indígenas.
Capturado por abuso sexual de menores Foto: Fiscalia General de la Nación

PERIODISTAActualizado:
La Fiscalía General de la Nación logró medida de aseguramiento en centro carcelario contra Fredy Humberto Gómez Aguilera, procesado tras aprovecharse de las condiciones de vulnerabilidad y la escasez de agua de una comunidad indígena para someter sexualmente a niñas a cambio de alimentos y elementos de primera necesidad.
Allí, en medio de las inmensas sabanas y los rincones olvidados del oriente colombiano, donde la supervivencia diaria compite con el abandono estatal, la tragedia humana suele vestir los peores rostros.
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Un nuevo capítulo de infamia quedó al descubierto tras la judicialización de Gómez Aguilera, señalado de lucrarse y saciar su violencia sexual a costa de la extrema vulnerabilidad de niñas pertenecientes a un pueblo indígena, en el departamento del Meta.
La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Guaviare con el apoyo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), destapó un entramado de abusos sistemáticos que operaba bajo una lógica perversa: intercambiar agua, alimentos y provisiones básicas por el cuerpo de menores de edad.
Una infamia sistemática
El caso central documentado por el ente investigador involucra a una niña de tan solo 13 años, integrante del resguardo indígena Luna Roja, ubicado en el municipio de Puerto Concordia (Meta).
Según la reconstrucción de los hechos plasmada en el expediente judicial, las agresiones ocurrieron de manera reiterada entre los meses de mayo y junio de 2023.
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De acuerdo con los elementos materiales probatorios, en una de las oportunidades el hoy procesado trasladó con engaños a la menor hasta una finca situada en el municipio vecino de Mapiripán. Allí, bajo la coacción de la sed y la necesidad extrema de su comunidad, la sometió sexualmente a cambio de conseguir agua y otros artículos indispensables para la subsistencia de su gente.
La investigación también reveló episodios de una crueldad calculada. En otra ocasión, Gómez Aguilera habría llevado a la niña a un centro hospitalario presentándola como si fuera un familiar, con el pretexto de que recibiera atención médica; sin embargo, aprovechó para continuar con los abusos.
Las pesquisas del CTI determinaron que el accionar del implicado no se limitaba a este caso. El hombre también utilizaba llamadas telefónicas para contactar a otras menores de la comunidad indígena, a quienes les exigía acudir a un inmueble en Puerto Concordia a cambio de ofrecimientos de dinero para sostener encuentros íntimos.
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Captura y medida de aseguramiento
El cerco judicial se cerró para Gómez Aguilera cuando funcionarios del CTI lograron interceptarlo y capturarlo sobre el kilómetro 26 de la vía nacional que conduce a Puerto Concordia.
Tras su aprehensión, la fiscal del caso lo presentó ante un juez de control de garantías, ante quien le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos cargos agravados.
Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía; no obstante, el despacho judicial determinó que representaba un peligro inminente para la sociedad y ordenó su reclusión bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.
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Este proceso marca la cuarta judicialización que se concreta dentro de una línea de investigación priorizada por la Fiscalía General de la Nación, cuyo objetivo principal es identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables de las graves afectaciones contra los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en las comunidades indígenas del oriente del país.
Este doloroso caso deja al desnudo las profundas heridas sociales que azotan a los pueblos originarios del Meta, expuestos no solo al desplazamiento y el olvido, sino a redes de explotación y a los actores armados ilegales que operan impunemente aprovechando la fragilidad de estas comunidades.
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
CARTAGENA
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