Defensoría exige respuesta urgente del Gobierno tras ataque en el sur de Bolívar que dejó tres militares muertos y 35 heridos

El organismo advirtió que más de 11.000 personas han resultado afectadas por la violencia en la región.

La Defensoría del Pueblo lanzó este sábado 7 de noviembre una advertencia sobre el deterioro de la seguridad en el sur de Bolívar y exigió una respuesta urgente del Estado, luego del ataque con explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, que, según los reportes conocidos, dejó tres militares muertos y 35 heridos.

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El organismo expresó su preocupación por la escalada de violencia que enfrenta esta región del país y cuestionó que, pese a las alertas emitidas sobre los riesgos para las comunidades, todavía no se haya convocado la instancia nacional encargada de coordinar las medidas de prevención y protección.

El pronunciamiento se produjo después de que drones cargados con explosivos fueran utilizados para atacar las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.º 48, en Santa Rosa del Sur, mientras varios uniformados se encontraban almorzando.

El atentado ocurrió cuando las autoridades municipales adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas registrado el viernes en esa población.

Para la Defensoría, estos hechos forman parte de una cadena de acciones violentas que se ha extendido por varios municipios de la Serranía de San Lucas, donde organizaciones armadas ilegales mantienen una disputa por el control del territorio y las economías ilícitas.

Defensoría cuestiona falta de respuesta a las alertas

Uno de los principales cuestionamientos del organismo está relacionado con la falta de activación de los mecanismos institucionales para atender los riesgos que habían sido advertidos a las autoridades.

Santa Rosa del Sur está incluido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo informe de seguimiento más reciente fue emitido en agosto de 2026. Sin embargo, según la Defensoría, pese a la persistencia y el agravamiento de las amenazas, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

Por esta razón, solicitó al Ministerio del Interior convocar urgentemente esa instancia para evaluar los riesgos identificados, revisar el cumplimiento de las recomendaciones y coordinar acciones que permitan evitar nuevos ataques.

La entidad también reclamó medidas inmediatas de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para proteger a los habitantes de Santa Rosa del Sur, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos y veredas.

Más de 11.000 personas afectadas por la violencia

La preocupación de la Defensoría está respaldada por las cifras de las emergencias humanitarias registradas durante los últimos meses.

Entre mayo y septiembre de 2026, el organismo tuvo conocimiento de 22 emergencias humanitarias relacionadas con confinamientos y desplazamientos forzados masivos, que afectaron al menos a 11.135 personas pertenecientes a 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar.

Según la entidad, las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá' han provocado graves afectaciones a la población civil.

La disputa está relacionada con el control territorial, las rentas de la minería y los corredores estratégicos de esta zona del país.

En varias comunidades rurales se han reportado riesgos por la presencia de minas antipersonal, restricciones a la movilidad, dificultades para el abastecimiento de alimentos y medicamentos e interrupciones de las actividades educativas.

La Defensoría señaló que el confinamiento se ha convertido en una de las principales afectaciones para los habitantes de la Serranía de San Lucas, donde numerosas familias permanecen expuestas a las confrontaciones entre grupos armados.

Una cadena de ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública

El atentado de este sábado se suma a otros ataques registrados durante 2026 contra instalaciones policiales del sur de Bolívar.

En Arenal, la estación de Policía fue atacada el 29 de marzo y nuevamente el 11 de julio, con graves afectaciones a su infraestructura.

Posteriormente, el 19 de agosto, hombres armados atacaron la estación de Policía de Norosí mediante drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. Ocho uniformados resultaron heridos y la acción puso en riesgo a estudiantes y docentes de una institución educativa cercana.

La Defensoría advirtió que persisten amenazas contra otras guarniciones policiales y que existe el riesgo de nuevos hechos violentos que afecten a la población civil.

En el caso de Santa Rosa del Sur, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el ataque. Aunque en la región operan varias organizaciones armadas, hasta el momento no se ha establecido oficialmente la responsabilidad de alguna de ellas en el atentado.

Piden investigar los homicidios y proteger a la población

La Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación esclarecer tanto el ataque contra las instalaciones militares como los tres homicidios registrados el viernes en Santa Rosa del Sur.

También pidió a la Alcaldía, la Gobernación de Bolívar y la Unidad para las Víctimas verificar posibles desplazamientos y activar los mecanismos de atención humanitaria para las familias afectadas.

A las autoridades de salud y los organismos de socorro les reclamó garantizar la atención oportuna de las personas heridas y el acompañamiento a sus familiares.

El organismo recordó que todos los actores armados están obligados a respetar el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y advirtió sobre el riesgo que representa el uso de explosivos en zonas pobladas.

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La entidad insistió en que las alertas emitidas sobre la situación del sur de Bolívar deben traducirse en medidas efectivas de prevención y protección, ante el riesgo de que las comunidades continúen enfrentando las consecuencias de una violencia cuyos efectos habían sido advertidos a las autoridades.

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