Cástor Díaz, experto en derecho internacional, sobre el Escudo de las Américas: “No le auguro un buen futuro”

Cástor Díaz Barrado es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, y director del Centro de Estudios de Iberoamérica (CEIB) de esa casa de estudios.

Para el académico, la acción de la administración estadounidense contra la Corte Penal Internacional (CPI) va en contra de los avances del derecho internacional, mientras que el Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad impulsada por Washington, tiene un carácter más coyuntural que definitivo.

Díaz habló con La Tercera en el contexto de su participación como expositor en el X Congreso Internacional Fundación Yuste, Multilateralismo y Gobernanza Mundial, coorganizado por la Universidad Autónoma de Chile. En la conversación abordó el alcance jurídico del Escudo de las Américas, su eventual efecto sobre la soberanía de los Estados que lo integran y las sanciones financieras y restricciones que Estados Unidos ha aplicado a integrantes de la CPI.

El Escudo de las Américas se presenta como un marco de adhesión voluntaria y de cooperación no vinculante jurídicamente. ¿Cuál es el límite jurídico entre una declaración política de intenciones y un tratado encubierto que debería requerir la aprobación del Legislativo?

Desde la perspectiva del derecho internacional, una declaración política es una mera declaración de carácter recomendatorio que no produce efectos jurídicos inmediatos. Puede tener ciertos efectos jurídicos, pero normalmente asume compromisos políticos.

En cambio, un tratado se rige por un principio fundamental del derecho internacional. El pacta sunt servanda, que significa que los tratados deben cumplirse. Después ya, en cada ordenamiento jurídico interno, el mecanismo de aprobación de los tratados está sujeto a lo que diga el propio ordenamiento jurídico interno.

En el caso del Escudo de las Américas, no es una organización internacional, no tiene un tratado constitutivo, sino que es una mera coalición internacional que se destina fundamentalmente a temas de seguridad y que incluye algunos aspectos de carácter político y de carácter económico.

Si quiere usted que le diga cuál es mi opinión respecto a cuál va a ser el futuro de este Escudo de las Américas, se lo adelanto: yo le diría que no le auguro un buen futuro. Lo afirmo en el sentido de que ha habido iniciativas de este tipo, y que América ya cuenta con un espacio muy útil para la cooperación en materia de seguridad, que es la Organización de Estados Americanos.

A lo mejor me equivoco y, a lo mejor, el Escudo de las Américas tiene un éxito espectacular. En este momento hay 15 estados americanos, de los 35 que son, que participan. Pero me parece algo más coyuntural que algo definitivo.

Usted describe la iniciativa como algo coyuntural. Sin embargo, las materias que cubre, si se ejecutan dentro de los países, ¿podrían afectar la soberanía y la autonomía estratégica de los estados adherentes?

Sí, puede afectar, pero los estados pueden hacer también entrega de su soberanía en algunos aspectos. La coalición del Escudo de las Américas es un espacio de cooperación, en ningún momento es un espacio de integración, con lo cual no va a afectar de manera definitiva la soberanía. Todo lo que se adopte será aceptado con el consentimiento de cada uno de los estados que participan en ese proceso de cooperación.

Los temas son delicados, sí, son temas de seguridad, pero el tema de la seguridad ya se encuentra en la Organización de Estados Americanos. Todo el diseño de la seguridad hemisférica, con la Declaración de México del año 2003, entre las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, todo eso está siendo tratado por órganos de la OEA, y eso no significa en ningún momento entrega de soberanía, significa la creación de un marco de cooperación. Por tanto, el tema en sí no condiciona la posición de los estados, pero es verdad que la seguridad es un tema central dentro de las políticas exteriores de cada uno de los estados.

¿No ve un conflicto entre la integración jurídica por medio de tratados internacionales aprobados por el Legislativo y la llamada “diplomacia ejecutiva”?

No veo que el Escudo de las Américas sea un proceso de integración. No lo veo. Y, además, en ese sentido yo estaría tranquilo, porque los Estados Unidos, que son quienes capitanean el Escudo de las Américas, es un país que no lleva a cabo muchos procesos de integración. El máximo al que ha llegado ha sido la creación del T-MEC, lo que era antiguamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con muchos límites.

Por tanto, no veo yo que haya una entrega de soberanía a través del Escudo de las Américas. Me puede sorprender si se adopta una declaración o se adopta un tratado, pero hasta ahora no lo veo.

La administración estadounidense ha aplicado sanciones financieras y restricciones a integrantes de la CPI. ¿Qué implicancias tiene para el derecho internacional y las instancias multilaterales que Estados Unidos aplique medidas coercitivas unilaterales contra un órgano de justicia multinacional?

Nos hace regresar a lo que es la política exterior de los Estados Unidos, que está dando mucho juego desde el punto de vista del análisis y que yo creo que es una política exterior equivocada. A mi juicio, en este momento, es una política exterior equivocada, bastante equivocada.

Los Estados Unidos no son parte en el Estatuto de la CPI, los Estados Unidos no han querido nunca que se juzgue a ningún militar ni a ningún dirigente de los Estados Unidos. Y llevan a cabo ahora, de una manera mucho más activa, una acción contra la CPI. No solamente imponiendo sanciones o limitaciones a sus jueces, sino afectando al propio sistema.

En realidad, no son sanciones, ni siquiera contramedidas. Son actos unilaterales coercitivos que, a mi juicio, están prohibidos por el derecho internacional. Por tanto, el efecto sobre el derecho internacional es muy relevante, porque hay Estados que no quieren que funcione la CPI.

Es verdad que la CPI también tiene que hacer algunos cambios, no se puede convertir en una corte que juzgue únicamente a países africanos o a países del este de Europa.

Pero sí es verdad que en ella se persiguen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio, incluso el crimen de agresión, y eso es un avance decisivo en la comunidad internacional. Jamás en la historia había existido un tribunal de este tipo. Y hay una resistencia de los Estados Unidos y de sus amigos. Cuidado, que también esto es muy importante, porque la corte está investigando el comportamiento de Netanyahu y de otros líderes del gobierno israelí.

Todo ese comportamiento de Estados Unidos va en contra de los avances que se vienen produciendo en el derecho internacional, eso sin ningún adjetivo.

Usted plantea que la Corte Penal Internacional tiene que hacer cambios. ¿A qué se refiere?

Debería avanzar en su configuración y en su funcionamiento. Formalmente, jurídicamente, el diseño está bastante bien hecho. Pero en lo que es la política de la CPI, la actitud por parte del fiscal, etcétera, yo creo que no se puede solamente concentrar en juzgar a líderes africanos o conflictos que se producen en África.

De ahí se ha producido que algunos Estados africanos hayan abandonado la Corte Penal Internacional. A eso me refiero cuando hablo de que debe tener un cambio de actitud, más que un cambio legal, porque realmente desde el punto de vista legal es posible juzgar a muchas personas.

Si la persona se encuentra en los Estados Unidos no se le puede juzgar, pero si esa persona viaja a un estado que sea parte de la CPI, puede ser detenida. En eso tenemos que estar muy atentos. Aquellos que sean acusados de crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que sepan que no se van a poder mover. Porque van a ser juzgados por la CPI, procedan de Occidente, de Oriente, del Norte o del Sur global.

Ese cambio de actitud supondría un avance decisivo. Ya sabemos cómo es el mundo.