Aprobado en primer debate el proyecto que busca reforzar la prevención de incendios forestales en Colombia
Fue aprobado en primer debate la propuesta de Manejo Integral del Fuego, conocido como Proyecto de Ley C269 de 2026, del 25 de agosto de 2026.
Se trata de una estrategia para “establecer lineamientos para el manejo integral del fuego en Colombia, promoviendo la prevención, reducción y control de incendios, así como el uso responsable y planificado del fuego cuando sea necesario”, de acuerdo con lo consignado en el documento de la propuesta legislativa.
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El representante a la Cámara por el departamento de Casanare Diego García Alfonso, ponente del proyecto, celebró la aprobación y pidió que el Congreso avance en una estrategia contundente orientada a prevenir los incendios forestales antes de que se conviertan en emergencias, especialmente durante las temporadas secas como el fenómeno de El Niño.
Según el congresista, la iniciativa recibió aval en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. El texto plantea la creación de un comité nacional y de un plan para coordinar a las autoridades, fortalecer la prevención y regular el uso del fuego con criterios técnicos y científicos.
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“¡Colombia no puede seguir llegando tarde a los incendios forestales! El fenómeno de El Niño aumenta las temperaturas, reduce las lluvias y eleva el riesgo de incendios en varias regiones del país. En las últimas décadas, se han registrado más de 30.000 incendios y 51 millones de hectáreas quemadas. La urgencia de actuar es evidente. Debemos dejar de apagar para prevenir”, dijo el legislador.
El representante señaló que, con el contexto de El Niño, las situaciones recientes en Villa de Leyva, Boyacá, y las emergencias ocurridas en el departamento del Tolima, merecen que las autoridades no tengan una respuesta únicamente centrada en la atención de las emergencias, sino que manejen un modelo de prevención.
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El informe de ponencia, suscrito por los representantes Flora Perdomo y por García Alfonso, sostiene que la recurrencia de los incendios exige respuestas: Cundinamarca, Tolima, Huila, Boyacá y Santander concentran el 48,5% de los reportes históricos. Vichada, Meta, Arauca y Casanare reúnen el 89,5% del área quemada detectada por satélite entre 2001 y 2026, con cerca de 51,69 millones de hectáreas afectadas de forma acumulada.
La propuesta llegó por tercera vez al Congreso y deberá superar los debates restantes para continuar su trámite legislativo. Una de las primeras proposiciones fue a través del Proyecto de Ley 557 de 2025. En la actual oportunidad, se contó con el respaldo del representante Mauricio Toro y el senador Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, entre otros congresistas.
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El auto también incluye la restauración ecológica, la investigación, la producción rural y las prácticas culturales, así como la sustitución de una respuesta limitada a las emergencias por un esquema de manejo planificado, autorizado y con criterios técnicos.
Según el documento de ponencia, los registros históricos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) contabilizan 30.207 eventos entre 1970 y 2025.
Por ende, la propuesta incorpora un modelo que articula “el manejo del fuego, la ecología del fuego y la cultura del fuego” y señala que, como “el fuego puede cumplir funciones ecológicas y culturales legítimas cuando se emplea de manera planificada, controlada y autorizada”, su uso requeriría autorizaciones previas de las autoridades ambientales y el cumplimiento de exigencias técnicas, administrativas, operativas y ambientales.
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El proyecto habilitaría quemas prescritas, controladas y planificadas, para disminuir el material combustible, restaurar ecosistemas donde el fuego cumple una función natural, realizar investigaciones y capacitar a los equipos de respuesta.
También prevé usos en actividades agrícolas rurales, manejo de pasturas, recolección de cosechas y control de heladas, siempre que se respeten la Resolución 532 de 2005 y las normas ambientales aplicables.
Las tareas de control y supresión de incendios forestales quedarían reservadas a grupos tácticos especializados de bomberos forestales acreditados por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Las quemas de roza, tumba y quema para transformar coberturas boscosas o vegetación natural continuarían prohibidas.
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La restricción también alcanzaría a las quemas sin sustento científico, las realizadas en ecosistemas sensibles al fuego y la incineración de residuos sólidos, plásticos, neumáticos, sustancias peligrosas o escombros. En zonas de interfaz urbano-forestal, el uso del fuego se limitaría en un radio mínimo de 500 metros de asentamientos humanos, hospitales, redes de gas, poliductos, torres de energía, instalaciones industriales y depósitos de materiales inflamables.
El incumplimiento podría derivar en sanciones ambientales bajo la Ley 1333 de 2009, además de responsabilidades penales, civiles, fiscales o disciplinarias.
El proyecto crearía, de la misma manera, el Comité Nacional para el Manejo Integral del Fuego (Conmif), integrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Parques Nacionales Naturales, la Dirección Nacional de Bomberos, el Ministerio de Agricultura, autoridades de seguridad y organismos de investigación.
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