Crean dos fiscalías en Panamá para desapariciones y delitos de alta complejidad
La Procuraduría General de la Nación creó dos fiscalías superiores con funciones diferentes: una dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas y otra a investigaciones penales de alta complejidad.
Las resoluciones, firmadas en julio y publicadas este miércoles 23 de septiembre en la Gaceta Oficial, establecen las competencias y el traslado de expedientes a los nuevos despachos.
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La Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas tendrá sede en la ciudad de Panamá y competencia nacional. Según la resolución, su creación responde a la necesidad de coordinar búsquedas inmediatas ante casos en los que no existen indicios sobre el paradero de la persona al comenzar la investigación. Los secuestros seguirán bajo competencia de las fiscalías contra la delincuencia organizada.
El fiscal superior Gustavo Barragán informó a finales de agosto que en Panamá se presentan alrededor de ocho denuncias por desaparición al día. Señaló que la mayoría de los reportes corresponde a menores de edad y mujeres, y que algunas investigaciones permiten detectar posibles delitos sexuales u otras conductas contra las víctimas.
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En una declaración posterior, Barragán situó el promedio en entre ocho y nueve denuncias diarias, principalmente en Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. Indicó que las autoridades localizan a unas seis o siete personas cada día. Se trata de promedios comunicados por el fiscal, y no de un total acumulado de reportes durante 2026.
Una referencia sobre Panamá Oeste difundida en julio registraba 195 desapariciones reportadas durante 2026, de las cuales 171 personas habían sido ubicadas. La información señalaba además que 48 permanecían desaparecidas al considerar casos de un período más amplio.
La resolución asigna a la nueva fiscalía la tarea de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y las búsquedas. El despacho podrá recibir expedientes enviados por Atención Primaria u otras dependencias del Ministerio Público, solicitar diligencias y coordinar acciones con organismos nacionales e internacionales para establecer qué ocurrió y localizar a las personas reportadas.
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Su estructura incluirá una Unidad de Reacción Inmediata con capacidad de despliegue permanente. Este equipo atenderá los reportes que impliquen un riesgo inminente para la vida, integridad o seguridad de una persona y trabajará en enlace con la Dirección de Investigación Judicial durante la primera fase de la búsqueda.
Otra dependencia, la Unidad de Personas No Localizadas, dará seguimiento a las investigaciones que continúen abiertas. Tendrá secciones diferenciadas para menores y adultos. La sección dedicada a niños y adolescentes deberá supervisar, cuando corresponda, la activación de mecanismos de búsqueda inmediata, incluida la Alerta AMBER.
La fiscalía contará también con una unidad para revisar casos archivados o con decisiones judiciales cuando surjan posibles líneas de investigación. Una sección de registro y estadística recopilará mensualmente información sobre las personas reportadas, las circunstancias de cada desaparición y los patrones que puedan orientar nuevas diligencias.
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Las secciones de Atención Primaria deberán comunicar inmediatamente cada denuncia a la fiscalía especializada. El funcionario que reciba el reporte seguirá obligado a practicar las diligencias urgentes desde ese momento. En las regiones Metropolitana y de Panamá Oeste, los expedientes pasarán al nuevo despacho si la persona no aparece en un máximo de 48 horas.
Ese plazo corresponde al traslado de la investigación entre oficinas del Ministerio Público. Si se localiza a la persona y se determina que hubo un delito, el expediente se enviará a la fiscalía competente. El procurador podrá mantener en el despacho especializado casos cuya relevancia justifique una gestión integral.
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La segunda resolución crea la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad. La Procuraduría fundamenta la medida en la actuación de organizaciones criminales cada vez más especializadas y transnacionales, capaces de planificar, diversificar y ocultar sus actividades mediante conductas que pueden afectar la seguridad colectiva y los intereses del Estado.
Entre las investigaciones que podrá asumir figuran trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, terrorismo y su financiamiento, además de secuestro, extorsión, delitos financieros y blanqueo de capitales.
La resolución incorpora asimismo contrabando y defraudación fiscal o aduanera, conforme a las competencias establecidas para los despachos especializados en delincuencia organizada.
El nuevo despacho también conocerá delitos contra la administración pública, la fe pública, el patrimonio y el orden económico cuando afecten bienes o intereses estatales. Las causas deberán llegar por asignación expresa del procurador o remisión de otra fiscalía superior especializada, atendiendo a su complejidad o impacto social.
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La Procuraduría vinculó públicamente la creación de esta fiscalía con la investigación de estructuras dedicadas a la trata de personas. Según sus datos, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada investigó 297 casos relacionados con ese delito entre enero de 2015 y junio de 2026. Esa cifra corresponde al trabajo del despacho existente durante ese período.
La resolución dispone además el traslado de todas las causas a cargo de la Sección de Casos de Alta Complejidad de la Fiscalía Superior Anticorrupción. Esa sección había sido creada en 2025 para atender investigaciones especialmente complejas que afectaran bienes o intereses del Estado; la nueva disposición la deroga y transfiere sus expedientes a la fiscalía superior recién creada.
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