Tras 16 días de espera: oposición ingresa acusación constitucional contra ministro Rabat

A las 20.00 horas en punto, en medio de la tramitación de Presupuesto, y aprovechando que en la partida del Ministerio de Vivienda había muchos diputados inscritos para intervenir, las bancadas de centroizquierda e izquierda concretaron el ingreso de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En la sala Inés Enríquez de la Cámara, se congregaron los diputados firmantes del libelo a la espera de que el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, y el coordinador de esa bancada, Nicolás Facuse, llegaran con el texto en forma físico.

Además de Leiva, el resto de los firmantes fueron los comunistas Marcos Barraza y Daniela Serrano, los frenteamplistas Jorge Brito y Emilia Schneider, Juan Santana (PS), Luis Malla (liberal) y los miembros de la bancada de la DC, Jorge Díaz y Javier Muñoz.

A pesar de que a la oposición se le ha achacado por la demora en el ingreso del texto -que incluso ha despertado tensiones al interior del sector, pues algunos insistían que ya debería estar concretado-, el diputado Leiva, intentó poner paños fríos esta jornada.

En el anuncio, el socialista destacó que “esto es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposicióncon la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto, y esperamos y confiamos en que las y los diputados de esta Cámara de Diputadosden lugar a la misma para que proceda la acusación constitucional”.

A su turno, la diputada Schneider afirmó: “El gobierno del presidente Kast, a través del ministro Rabat, le dio la espalda a las víctimas, a las víctimas de pedófilosy a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

Y añadió: “Y para defenderse vino a mentir a esta Cámara de Diputados y Diputadas. Es hora de que le respondan al país y que se hagan valer las responsabilidades que corresponden”.

La jefa de la bancada del PPD, Andrea Parra, señaló: “El artículo 7 de la Constitución dice que ninguna autoridad puede atribuirsemás facultades que las que la ley le da. Y claramente aquí hay una violación constitucional. La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones. Él sí estaba obligado a tomar decisiones dentro del marco de la ley. No como un juez de la Corte, que sí tiene atribuciones para tomar decisiones.Sí como ministro”.

A Rabat lo acusan por haber estampado su firma en los decretos que liberó a abusadores de menores, cuyas condenas fueron rebajadas, permitiendo su liberación.

El análisis táctico

Este jueves, en medio de la tramitación de Presupuesto, las bancadas de oposición estaban haciendo los últimos análisis tácticos y políticos para anunciar el libelo contra Rabat.

Otro elemento central en términos comunicacionales, confidenciaban en el sector, es que la acusación constitucional debe ser un tema de conversación durante el fin de semana. Es por ello, agregan las mismas versiones, que es clave que el texto sea ingresado durante esta semana.

Otra decisión que afinaron es quiénes serán los firmantes. Sin embargo, entre los diputados de centroizquierda e izquierda confesaban que no todos conocían el texto.

De hecho, algunos aún recuerdan que la acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sufrió cambios a última hora que imputaban delitos al otrora titular de Interior, Andrés Chadwick, y por lo cual decidió querellarse contra algunos firmantes.

Entre el equipo coordinador del texto reconocen que el libelo lo conocen “los que deben conocerlo”, es decir, aquellos que le pondrán su rúbrica antes de ingresarlo a la oficina de partes.

Los capítulos

En la seguidilla de reuniones que sostuvieron en la oposición a lo largo de estas dos semanas, se definió que el libelo tendría al menos tres capítulos.

El primero se basa exclusivamente en el cuestionamiento a la liberación de condenados por delitos sexuales contra menores, que habría vulnerado tratados de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese punto, además, la izquierda argumenta que Rabat benefició a un grupo de reos con la rebaja penitenciaria y no respetó la ley que entró en vigencia en 2022, que excluía a los delitos sexuales. También se habrían vulnerado disposiciones de la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

El segundo capítulo apunta a las rebajas de condena que se concedieron a personas que cumplían penas por delitos de lesa humanidad. En este acápite, la oposición argumentará que para otorgar el beneficio a este tipo de reos hay que respetar los requisitos del Estatuto de Roma, como, por ejemplo, la consciencia del mal causado y la colaboración.

El tercer capítulo incluirá argumentos que aluden a que Rabat habría infringido su deber de probidad por entregar información falsa o imprecisa al Congreso en el ejercicio de su función fiscalizadora. El corazón de este capítulo tiene que ver con lo que fue la sesión especial de la Cámara en la que Rabat expuso ante los diputados.