Directora del Icbf anuncia salida a la crisis de hogares infantiles que afecta a 3.000 niños: “Estaríamos ante una actuación cuestionable”
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anunció una serie de alternativas laborales para restablecer la atención de cerca de 3.000 niños y niñas en hogares infantiles del departamento de Antioquia, tras la suspensión del servicio registrada desde el lunes 2 de noviembre de 2026 por traumatismos en los trámites de contratación.
Carolina Restrepo, directora del Bienestar Familiar, confirmó que las nuevas entidades operadoras seleccionadas para prestar los servicios de primera infancia tienen la instrucción y la disposición de contratar a las 300 madres comunitarias y trabajadoras que quedaron sin empleo tras el vencimiento de los acuerdos anteriores.
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La interrupción de las actividades pedagógicas y de cuidado infantil generó el pronunciamiento de líderes locales en la región, entre ellos el concejal de Medellín Jorge Julián Osorio, que alertó a través de sus plataformas digitales sobre el impacto social que deja a miles de menores de edad sin paquetes de alimentación diaria en los sectores urbanos y rurales.
En un video difundido en sus redes sociales, el concejal Osorio exigió una respuesta urgente al Gobierno nacional para superar la parálisis de los centros de cuidado: “Presidente, directora del Icbf, necesitamos su apoyo”.
“En Antioquia, 3.000 niños beneficiarios del Icbf se quedaron sin alimentación, 300 madres comunitarias sin contrato; esta es una problemática social muy grande, necesitamos una rápida intervención, es una problemática que deja a los niños sin alimentación, una problemática que afecta mucho nuestros sectores sociales. Como concejal de Medellín, pido el favor de que se haga una urgente intervención; no podemos dejar a la niñez de Antioquia a la deriva”, dijo el cabildante en su denuncia en X.
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Jorge Julián Osorio alertó que niños beneficiarios del Icbf y 300 madres comunitarias se ven afectados por la falta de contratos y alimentación (@Julian_osorio21/X)
Frente a este reclamo público, la directora del Icbf, Carolina Restrepo, emitió un pronunciamiento institucional para fijar la hoja de ruta de la entidad, al señalar que la solución para reactivar las sedes infantiles depende de que las trabajadoras conozcan y acepten las ofertas de vinculación que tienen los nuevos operadores asignados por el Estado.
La funcionaria envió un mensaje formal a las comunidades educativas afectadas en el territorio antioqueño: “Queremos darles tranquilidad a las madres comunitarias y a las familias de Antioquia. Los operadores seleccionados por el Icbf han manifestado su disposición de contratar a las madres comunitarias. Esa oportunidad existe y es importante que ellas la conozcan directamente, con información clara sobre las condiciones y el respeto de sus derechos laborales”.
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No obstante, la dirección del instituto expresó inquietud por directrices gremiales que estarían bloqueando la firma de los contratos y retrasando la apertura de las guarderías comunitarias en los diferentes barrios.
“Nos preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación, si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y al mismo tiempo promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando, invitamos a la dirigencia sindical a explicar públicamente esta situación”, se lee en el comunicado que publicó Carlina Restrepo.
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La directora reiteró además que la selección y designación de las organizaciones que administran los hogares es una competencia exclusiva de la administración nacional, por lo cual los intermediarios no pueden supeditar la operación pública a condiciones sindicales.
Restrepo señaló: “También debemos ser claros sobre las responsabilidades institucionales: la selección del operador le corresponde al Icbf conforme a los procedimientos establecidos”.
“Las madres comunitarias y sus organizaciones tienen derecho a expresar sus inquietudes, exigir el cumplimiento de sus derechos y ejercer vigilancia sobre el servicio, pero eso no significa que puedan imponer al operador o condicionar las decisiones de contratación de la entidad”, aseveró en su extenso escrito.
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La funcionaria alertó sobre estos cobros indebidos y pidió denunciar los casos: “Hemos recibido reportes sobre solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones; estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones, por lo que invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al Icbf para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan”.
Para destrabar el servicio de primera infancia en el departamento, Carolina Restrepo señaló que el Bienestar Familiar mantendrá mesas de trabajo directas en las sedes regionales con el fin de avanzar en la formalización de los contratos individuales de las madres comunitarias y verificar los compromisos logísticos de los operadores.
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“Vamos a mantener un diálogo directo con las madres comunitarias, escuchar sus preocupaciones y exigir al operador el cumplimiento de sus obligaciones. Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias y tomar las decisiones del Instituto con transparencia, sin ceder a presiones”, concluyó Restrepo.
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