Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

El expresidente Pedro Castillo (2021-2022), recluido en el penal de Barbadillo, negó este martes haber intervenido irregularmente en los procesos de ascenso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), durante su presentación ante la Cámara de Diputados, que votará el informe final de la acusación constitucional que lo involucra junto a su exministro de Defensa, Walter Ayala.

“No es prerrogativa del presidente de la República ver quién asciende y quién no asciende, sino más bien respetar los canales de evaluación, como siempre lo he hecho”, declaró ante los legisladores por la imputación de haber cobrado sobornos a cambio de otorgar ascensos en ambas instituciones.

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El exmandatario aseguró que los ascensos siguieron procedimientos de selección y evaluación, y sostuvo que no conocía a los oficiales que resultaron beneficiados. “No recibí a ningún interesado o algún integrante del cuerpo castrense que haya tocado mi puerta para decir que necesita ser ascendido”, afirmó.

Castillo también negó haber recibido pedidos o intervenido en las decisiones de promoción militar y policial, y aseguró que durante su Gobierno solo recibía informes de los ministros de Defensa y del Interior sobre los procesos, sin participar en las evaluaciones.

“¿Dónde está el delito por el cual se me imputa? La rechazo tajantemente (...) Estoy seguro de que quienes aplasten el botón verde para acusarme el día de hoy (...) con el tiempo nos habremos dado cuenta de los errores que se vienen cometiendo", expresó.

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El informe sometido a votación recomienda acusar al exjefe de Estado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. En el caso de Ayala, plantea imputarle presunta organización criminal, abuso de autoridad y cohecho activo genérico.

La votación estaba prevista inicialmente para el 29 de octubre, pero fue aplazada a solicitud de las defensas de ambos investigados, que pidieron más tiempo para preparar sus argumentos.

Fuentes parlamentarias señalaron que Juntos por el Perú buscaría que el Partido del Buen Gobierno, con 18 escaños, se abstenga para impedir que el informe contra Castillo alcance los votos necesarios y sea remitido a la Fiscalía.

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El exmandatario volvió a rechazar la condena por su fallido autogolpe, alegó que asumió “una responsabilidad popular y un encargo de este pueblo que ansía tener justicia, tener derechos”, y sostuvo que está preso por un delito que no cometió.

“Este recorrido me ha enseñado que hoy Perú no está para ser gobernado con el corazón, sino con la mente, ante las grandes necesidades del país (...) Este es el momento de corregir lo que el Congreso anterior no se movió (...) pero creo entender de que la ex fiscal tenía un papel que cumplir”, comentó.

La exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó en agosto de 2023 la denuncia constitucional que dio origen al proceso. Castillo fue condenado el 27 de noviembre de 2025 a once años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión, debido al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fecha desde la que permanece encarcelado.