Oficialismo cambia de postura y apoya reelección de Roxana Chacón como magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recomendó por unanimidad la reelección de Roxana Chacón Artavia como magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, para un nuevo periodo de ocho años, en una decisión que evidenció un cambio en la postura del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
El acuerdo fue tomado luego de que los legisladores analizaran la trayectoria, el desempeño y las resoluciones emitidas por la magistrada durante su primer periodo, iniciado en 2018.
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La recomendación recibió el respaldo tanto de diputados del oficialismo como de la oposición, pese a las diferencias que ambas partes habían mantenido durante los anteriores procesos de reelección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Los legisladores destacaron los aportes de Chacón en asuntos relacionados con familia y equidad de género, así como su posición frente a los recortes presupuestarios previstos para el Poder Judicial en 2027.
También señalaron que, en términos generales, las resoluciones de la magistrada se han mantenido ajustadas al ordenamiento jurídico costarricense.
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es el respaldo del PPSO, cuya bancada había defendido anteriormente la necesidad de renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia.
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Durante los primeros procesos de reelección de este año, los representantes oficialistas se opusieron a recomendar la continuidad de Julia Varela Araya, Jorge Araya García y Patricia Solano Castro.
Sin embargo, posteriormente apoyaron las reelecciones de Jorge Olaso Álvarez y Roxana Chacón, ambos integrantes de la Sala Segunda.
El cambio de criterio generó cuestionamientos de legisladores opositores, quienes señalaron que ambos magistrados votaron en 2025 contra una gestión relacionada con el levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves.

Durante el análisis legislativo, representantes del Partido Liberación Nacional (PLN) defendieron que la magistrada continúe en su cargo, aunque reconocieron que sus indicadores de productividad no son los más altos de la Sala Segunda.
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“En cuanto a su capacidad de resolución, ella tiene una capacidad de resolución, digamos que intermedia, no es la mejor de la Sala Segunda”, expresó la diputada Janice Sandí.
No obstante, la legisladora consideró que ese aspecto no constituye una razón suficiente para impedir su continuidad.
“En general creemos que sus fallos se han apegado totalmente al marco jurídico”, agregó.
La representante liberacionista también argumentó que modificar la integración de la Sala Segunda durante este momento podría afectar la continuidad del trabajo judicial.
Por su parte, la diputada oficialista Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, explicó que el respaldo de su bancada se limita a permitir que Chacón desempeñe un segundo periodo, sin que ello implique comprometer su apoyo a futuras reelecciones.
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Aunque la comisión recomendó su continuidad por unanimidad, Roxana Chacón todavía debe completar el procedimiento legislativo correspondiente.
El caso será conocido por el Plenario de la Asamblea Legislativa, que deberá pronunciarse sobre su permanencia en la Sala Segunda.
El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados son nombrados por periodos de ocho años y se consideran automáticamente reelegidos, salvo que al menos 38 diputados voten para impedirlo.
Por lo tanto, la recomendación de la comisión no garantiza por sí sola el resultado definitivo, aunque representa un respaldo político a su continuidad.
Chacón fue nombrada magistrada el 20 de noviembre de 2018 y su periodo actual vence el próximo 20 de noviembre de 2026.
De concretarse su reelección, permanecería en la Corte Suprema de Justicia hasta noviembre de 2034.
La decisión también cierra el análisis de los cinco procesos de reelección que fueron examinados por la Comisión de Nombramientos durante este periodo, marcado por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre la continuidad de los magistrados y los criterios utilizados para evaluar su desempeño.
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