Inteligencia al servicio del país

La seguridad de las personas requiere un Estado capaz de anticiparse a las amenazas. Fortalecer esa capacidad es un objetivo compartido en el que el gobierno y el Congreso pueden avanzar mediante acuerdos concretos.
La Ley N.º 21.821, que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado ofrece una oportunidad para hacerlo. Durante su tramitación se proyectó incorporar progresivamente 170 funcionarios adicionales a la Agencia Nacional de Inteligencia en cuatro años. El informe financiero consolidado estimó un mayor gasto anual de aproximadamente $2.770 millones en el primero y $11.643 millones en el cuarto, expresados en pesos de 2026.
En este contexto, el rechazo de la partida presupuestaria de Interior no tiene por qué ser una mala noticia. Puede abrir espacio para precisar las necesidades y alcanzar un acuerdo que permita reponer los recursos y asegurar la implementación de la reforma. Su aporte dependerá de que esta discusión se traduzca en una solución oportuna y bien financiada.
Un calendario de contrataciones, formación y equipamiento, acordado por Interior y Hacienda, daría contenido concreto a ese entendimiento. Su ejecución podría verificarse ante las instancias parlamentarias competentes, con la reserva correspondiente.
La propia ley previó su financiamiento: durante el primer año presupuestario, con recursos de Interior y, en lo que falte, del Tesoro Público; para los siguientes, mediante las asignaciones de la partida respectiva.
Aprovechar esta discusión para fortalecer la inteligencia sería una contribución concreta a la tarea del gobierno y un acuerdo valioso para el país. Las capacidades que construyamos deben servir para proteger a los chilenos del futuro.
Ronald von der Weth Pettinelli
Abogado
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