América Latina concentra el 85% de los asesinatos a defensores ambientales, de acuerdo a un informe internacional

Fueron nueve las balas que terminaron con la vida de Edgar Tumiñá Gembuel el 1° de marzo del año pasado en un pueblo de las montañas del Valle del Cauca. La indignación escaló hasta la sede colombiana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un “grupo de hombres armados” y motorizados lo había señalado desde hacía tiempo.

A su hermano lo mataron 11 años antes y el año pasado también se llevaron a una de sus compañeras de militancia. Edgar había recibido amenazas de un grupo disidente de las FARC por formar parte de una de las Guardias Indígenas, que son agrupaciones autoconvocadas y pacíficas dedicadas a la protección ambiental y territorial en varias partes de Américas Latina.

Su nombre es uno de los 124 que Global Witness incluyó en su informe “Poder Colectivo”, que recuenta a los activistas y defensores del territorio asesinados en todo el mundo. América Latina es, desde hace años, la región más peligrosa para los defensores ambientales y este año representa el 85% de los asesinatos.

El reporte publicado hoy reveló que en 2025 el país más letal fue Colombia, donde murió un tercio de los activistas. Los que siguieron en la lista fueron Brasil, Filipinas, Honduras y México. Dentro de la región latinoamericana, también hubo asesinatos en Guatemala, Perú, Nicaragua y Ecuador.

Toby Stirling Hill, investigador sobre derechos humanos de Global Witness y autor del reporte, señaló en una conferencia de prensa que estos datos no son una sorpresa. En realidad, el número total de asesinatos cayó ligeramente: de 196 en 2023 a 146 en 2024 y a 124 el año pasado.

En general, este tipo de asesinatos se da fuera de las ciudades, en zonas rurales y, en especial, en comunidades vulnerables. Tres de cada cuatro de estos defensores eran pequeños productores agrícolas, miembros de comunidades indígenas o afrodescendientes. Uno de los grupos más afectados es el de los pueblos indígenas, que representa el 35% del total de estos asesinatos.

En el reporte se reveló que 84 de los defensores asesinados en 2025 murieron en el marco de disputas territoriales con grupos armados, el narcotráfico o, como es el caso de Edgar Tumiñá Gembuel, con la guerrilla. “Con los actuales sistemas de justicia demostrando ser inadecuados para esta tarea, los Estados deberían crear unidades especializadas de investigación y fiscalía dedicadas a los delitos contra defensores de la tierra y del ambiente”, describen en el reporte de Global Witness.

También identificaron y catalogaron como motor de esta violencia al conflicto con industrias extractivas, en particular con empresas mineras, aunque también con la tala de árboles, el agronegocio y la instalación de hidroeléctricas. “La minería se convirtió en el sector más letal, con 11 casos relacionados en 2025. La expansión mundial de los proyectos mineros alimenta estos ataques. Cuatro ocurrieron en Filipinas, dos en Perú, uno en India y uno en la República Democrática del Congo (RDC)”, describen en el reporte.

Durante la conferencia de prensa, Stirling Hill planteó con preocupación el avance de gobiernos que impulsan una política de “mano dura” en materia de seguridad. “Tal es el caso de [Keiko] Fujimori y [Abelardo] de la Espriella. Se ve que se está estructurando una política de línea dura contra la criminalidad que hemos visto en países como México y que no ha sido exitosa en reducir el crimen organizado”, dijo.

Sin embargo, varios estudios asociados a la seguridad en la región descartan que la violencia esté vinculada a una posición política en particular. Un artículo publicado en The British Journal of Criminology de la universidad de Oxford planteó que los asesinatos en la región están más bien asociados a la debilidad institucional y la capacidad de mitigar la corrupción. Un estudio de Naciones Unidas sumó además información sobre la expansión de las rutas del narcotráfico, el tráfico de armas de fuego, la impunidad y la sobrecarga de los sistemas penales.

Stirling Hill planteó que, a pesar de ello, las posturas de gobiernos conservadores han demostrado menos interés en varios de los sectores más vulnerables dentro del análisis, por ejemplo, los pueblos indígenas.

En la Argentina no se registró ningún asesinato. Sin embargo, el informe menciona una situación ocurrida en territorio nacional: el caso de dos activistas de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. De acuerdo este reporte internacional, ambos fueron criminalizados por su posición activa frente a proyectos mineros que amenazan las fuentes y cuerpos de agua en la cordillera de los Andes.

“Vemos que la criminalización se ha vuelto una herramienta para promover cambios en el territorio y el avance de algunos sectores estratégicos”, comentó Stirling Hill, a la vez que aclaró que, en el caso de este estudio, hicieron una mención, pero no una sistematización de casos como este.

“En Guatemala y en México también vemos casos de criminalización. En México registramos 107. Con los actuales sistemas de justicia demostrando ser inadecuados para esta tarea, los Estados deberían crear unidades especializadas de investigación y fiscalía dedicadas a los delitos contra defensores de la tierra y del ambiente”, sugirieron en el reporte.