Medellín se ubicó como la segunda ciudad del país con más casos de extorsión en los últimos 15 años: aumentaron las capturas, pero hay subregistro

En un informe publicado en los últimos días, Asocapitales reportó las cifras de este delito en las principales ciudades de Colombia. 

Uno de los delitos que está presente en la cotidianidad de miles de personas en Colombia es la extorsión, que, por su diversidad de modalidades y por su alcance, pasa como un delito silencioso y frecuente, sobre el cual existe un subregistro, tal como lo han señalado las autoridades de Medellín, por ejemplo.

La capital de Antioquia viene a colación en este caso puesto que un informe publicado en los últimos días por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en articulación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ubicó a Medellín como la segunda ciudad con más casos de extorsión a nivel nacional en los últimos tres años. 

El documento, que consta de 55 páginas, hace una revisión holística del fenómeno, partiendo del contexto histórico y aterrizando en las cifras consolidadas.

En el marco de ese ejercicio, señala que fue en la década de los 80, con el auge del narcotráfico en intersección con el conflicto armado latente, que se generó un ecosistema criminal de mayor complejidad que, a su vez, posibilitó la proliferación de la extorsión, particularmente en Bogotá, Medellín y Cali, donde empresarios, comerciantes y profesionales se vieron afectados por la urbanización del crimen. 

En el estudio se hace referencia a las principales modalidades de extorsión; entre ellas destacan los casos por perfil económico de la víctima, ajustes de cuentas, falsos servicios y paseos millonarios, siendo esta última la modalidad que, según Asocapitales, presenta mayores subregistros. Además, el informe precisa que su clasificación correcta como secuestro extorsivo cambiaría el perfil estadístico del delito en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde las condiciones económicas y la densidad bancaria crean un ecosistema propicio para esta operación.

Uno de los datos más reveladores del estudio fue el consolidado de casos entre 2010 y 2025 en las ciudades del país. De acuerdo con la información presentada por Asocapitales, Bogotá, Medellín y Cali concentran el 54,7% de los casos registrados en toda Colombia en esos 15 años. En concreto, 32.931 de los 60.155 casos.

Ya enfocados particularmente en el caso de Medellín, el reporte señala que la capital de Antioquia presentó un aumento del 2,1% para 2025.

Adicionalmente, el estudio da cuenta de que, particularmente en Medellín, ha persistido el fenómeno pese a las intervenciones que se han adelantado durante años en las zonas más complejas y con mayor presencia de grupos delincuenciales organizados y sus subestructuras encargadas de este tipo de cobros.

El escalafón referenciado en el informe señala que Medellín registró 8.441 casos de extorsión denunciados entre 2010 y 2025. Además, en el desagregado de los años más recientes, en 2024 se reportaron 960 y en 2025, 980. 

Para 2026, según el corte más reciente presentado por la Secretaría de Seguridad de Medellín, se han reportado 758 casos, que, a su vez, se traducen en un aumento de aproximadamente el 1% con respecto al consolidado que se tenía para la misma época de 2025.

El estudio también asegura que las principales causas que explican la persistencia del fenómeno en las principales ciudades son, entre otras, las disputas entre actores criminales por el control territorial, la baja presencia institucional en zonas periféricas, la normalización de la violencia y la intimidación, y la cohesión social alrededor de grupos criminales.

Sin embargo, el caso de Medellín requiere un análisis diferente al del resto de las ciudades del país, considerando el historial de la criminalidad en la ciudad.

En ese sentido, las estructuras de la capital de Antioquia se han transformado y han evolucionado, dejando atrás, gradualmente, la violencia cruda y convirtiéndose en empresas criminales enfocadas en la rentabilización y el crecimiento de sus estructuras a través de delitos de difícil identificación, tales como la extorsión.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, reveló el pasado 8 de octubre que han aumentado las capturas por el delito de extorsión en la ciudad, con respecto a los tres años anteriores.

Villa precisó que las judicializaciones por extorsión aumentaron en un 37,9 %, pasando de 390 a 538, aunque también reconoció la existencia del mencionado subregistro en los casos denunciados. De hecho, según estudios realizados por la propia Alcaldía de Medellín durante la década medida por Asocapitales, el porcentaje de víctimas de extorsión en Medellín que no denuncia podría superar el 80%, con cobros periódicos que van desde los 10.000 y que superan los 500.000 pesos. 

Son muchas las modalidades de extorsión que han proliferado y se han consolidado en Medellín, tanto así que, meses atrás, el representante a la Cámara por Antioquia y vicepresidente de esa corporación, Simón Molina, planteó que la cárcel de Bellavista, ubicada en el municipio de Bello, sea la primera del país donde "no entre ni la señal de la Santa Cruz", tal como lo ordenó el presidente Abelardo De La Espriella en semanas anteriores.

Molina le allegó la propuesta directamente al ministro de Justicia, Iván Cancino, para que el piloto de inhibición de telecomunicaciones en las cárceles del país se lance en Bello.

"La tecnología existe. Lo que ha faltado es voluntad para cerrarles de verdad la puerta a las extorsiones desde las cárceles", aseguró Molina.

Como parte del sustento de la propuesta, Molina se remitió a las cifras y recordó que entre 2025 y 2026 se han incautado más de 72.000 celulares en establecimientos penitenciarios.

Además, tal como se planteó anteriormente, el representante del movimiento Creemos señaló que las víctimas de las llamadas extorsivas desde las prisiones no son grandes empresarios: “Desde una cárcel están llamando a la gente humilde para quitarle lo poco que tiene. Eso tiene que acabarse”.

En términos concretos, la propuesta de Molina plantea que Bellavista sea intervenida como laboratorio nacional de control.

Para ese propósito, se realizaría el bloqueo efectivo de comunicaciones ilícitas, se adelantarían controles más severos al ingreso de dispositivos y se instauraría un modelo de seguimiento técnico permanente y medición de resultados.

Por medio de este sistema, se llevaría a cabo un censo de cuántas llamadas extorsivas dejan de realizarse desde las prisiones. En ese sentido, el ministro Cancino acogió la propuesta y se comprometió a evaluarla.

Periodista de Nación, en Medellín. 

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