¿Pausa o punto de quiebre?: el dilema de las bandas criminales en Buenaventura tras el terremoto y la apuesta del nuevo Gobierno

Principales grupos delincuenciales se la juegan entre jugársela por la paz o someterse a la justicia.

En Buenaventura no se habla de otra cosa que no sea la reconstrucción: el terremoto del pasado 10 de agosto produjo estragos a gran escala en la mayoría de viviendas del puerto sobre el Pacífico, además de una estela de muerte y desesperanza en un distrito con deudas históricas de necesidades básicas insatisfechas por cobrar.

La violencia exacerbada, la extorsión y la delincuencia, que figuraban entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía, pasaron a un segundo o tercer plano debido a que el fuerte movimiento telúrico 'reseteó' y puso en pausa esta problemática. Sin embargo, con el retorno gradual de la normalidad, también empieza a reaparecer una violencia visiblemente golpeada, cuyos artífices enfrentan el dilema de seguir por el mismo camino o arriesgarse a apostarle a una vida más tranquila. A ello se suma la postura más ofensiva del nuevo Gobierno Nacional, que busca someterlos a la justicia sin concesiones.

‘Están mamados de la violencia’

Héctor Fabio Cardozo, exdelegado del pasado Gobierno Nacional en la mesa sociojurídica de paz que sentó en un mismo espacio a los integrantes de los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, es un convencido de que los jóvenes que integran estas bandas “están mamados de la violencia”. Asegura que son herederos de dinámicas delictivas que, por más de cuatro décadas de mutaciones entre distintos grupos, siempre los han llevado a matarse entre sí.

Aunque admite que no todo en esta alternativa para buscar la paz fue 'color de rosa', sostiene que le dejaron al nuevo Gobierno Nacional una experiencia de diálogos útil para construir un camino más sólido hacia la paz.

\"Construimos unos acuerdos sobre la no incorporación, uso o utilización de niños en actividades criminales, algo que está proscrito por la normativa nacional e internacional\", afirmó Cardozo, quien ve con esperanza la propuesta presidencial de implementar una ley de sometimiento.

Voluntades de cambio, la clave

Desde su experiencia, el exdelegado destaca los avances y acuerdos para la reducción de la violencia, un periodo que muchos sectores celebraron y que se convirtió en ejemplo nacional. “Esto fue un trabajo donde intervinieron muchos sectores, entre ellos la Iglesia, clave para lograr pasar semanas y meses sin homicidios”, comentó.

Sin embargo, se presentaron situaciones que resquebrajaron por momentos las treguas y pactos acordados entre las estructuras. Entre las causas más comunes estuvieron los incumplimientos de lo pactado y la negativa de los ‘Espartanos’ a ponerse de acuerdo en temas como el freno a las violencias basadas en género.

"Pusimos en blanco y negro el problema de la violencia en Buenaventura. No era simplemente que unos muchachos se pusieran de acuerdo para no pelear con la Policía. Mientras se sentaban a dialogar, seguían ‘clavando’ a la gente con extorsión y prácticas de cartelización. Eso lo planteamos y lo seguimos sosteniendo", sentenció, destacando que su labor incluyó generar presión pública y presentar datos que desnudaron la realidad del territorio.

Cero concesiones y la ruta hacia el sometimiento

Frente a las críticas sobre supuestos beneficios a criminales, Cardozo fue categórico al señalar que no se ofreció ninguna prerrogativa. “No excarcelé a nadie. Más aún, enviamos una nota al Inpec solicitando que regresaran a sus cárceles de origen a ciertos individuos que llegaron a Buenaventura supuestamente a promover diálogos, pero que no estaban comprometidos con el proceso\", reveló.

Tras la captura de cabecillas como ‘Diego Optra’ y ‘Mapaya’, Cardozo exigió a los grupos armados dar el paso definitivo: "Les dije que era el momento de tomar la decisión. Les pregunté: ¿qué están esperando?".

Para el exdelegado, la única salida viable es una ley de sometimiento a la justicia. \"Conociendo las entretelas, la cultura y los repertorios violentos acumulados en 30 años, eso no se sofoca con un diploma. Una ley de sometimiento podría resultar atractiva para estos grupos. Ellos tenían la disposición, pero era muy difícil avanzar cuando no había una norma que brindara esa posibilidad\", sostuvo.

A pesar de la emergencia que atraviesa el puerto, Cardozo considera que este momento es oportuno para reconstruir no solo las viviendas, sino también la paz acompañada de condiciones dignas.

Buenaventura, con menos índices de violencia

Por su parte, el coronel Edgar Santacruz, comandante del Distrito Especial de Buenaventura, le contó a EL TIEMPO que en el puerto sobre el Pacífico los indicadores de violencia presentan actualmente “una tendencia favorable”.

“Mientras que para el mismo período del año 2025 (enero - agosto) se registraban 109 homicidios, durante 2026 se contabilizan 70 homicidios, evidenciando una reducción de 39 casos, equivalente a una disminución aproximada del 35,8 %”, detalló el oficial.

Según su análisis, este comportamiento permite inferir “una mejora progresiva en las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, atribuible a la articulación de las acciones de la Fuerza Pública, las autoridades territoriales y las intervenciones integrales desarrolladas en sectores priorizados del Distrito”.

Asimismo, explicó que la reducción de homicidios refleja “una menor afectación de la violencia letal frente al año inmediatamente anterior”, a pesar de que persisten amenazas derivadas de estructuras criminales que buscan mantener el control de las economías ilícitas.

Violencia actual en el puerto

El coronel Santacruz indicó que los conflictos entre los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’ experimentaron una disminución durante los períodos de tregua y diálogo adelantados entre 2023 y 2024. Sin embargo, posteriormente se presentaron rupturas y episodios de confrontación asociados a disputas por el control territorial y las rentas ilegales.

Respecto a los ‘Chiquillos’, uno de los actores delincuenciales emergentes en el puerto, aseguró que continúan participando en actividades delictivas relacionadas con homicidios, extorsión, tráfico de estupefacientes y control territorial, por lo que son objeto permanente de operaciones policiales orientadas a su desarticulación.

Economías ilícitas, el combustible de los grupos armados

Según detalló el coronel Santacruz, las dinámicas de la violencia que se presentan actualmente en Buenaventura están orientadas a la disputa por el control de las economías ilícitas y sectores estratégicos del territorio.

El oficial señaló como principales intereses de estas bandas:

• El control de corredores para el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

• El dominio territorial de barrios y comunas utilizados para el cobro de extorsiones y otras rentas ilegales.

• El control de actividades asociadas a la dinámica portuaria y logística del Distrito.

• La utilización de inmuebles abandonados como puntos de observación, almacenamiento de armas y centros de operación criminal.

• En consecuencia, el comandante aseguró que la violencia actual se encuentra estrechamente ligada a la preservación y expansión de las economías criminales que financian a estas organizaciones, más que a confrontaciones ideológicas o políticas.

Presión firme contra los grupos armados

El comandante de la Policía de Buenaventura reiteró la continua presión sobre los grupos criminales mediante el fortalecimiento de las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional y demás autoridades.

Detalló además que, con corte a septiembre, se han logrado 296 capturas por todos los delitos (214 en flagrancia y 82 por orden judicial).

“Estos resultados reflejan una acción contundente y permanente contra los actores criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en Buenaventura, permitiendo debilitar sus estructuras, afectar sus finanzas, reducir su capacidad operativa y fortalecer la percepción de seguridad de la comunidad. Asimismo, la disminución de homicidios entre 2025 y 2026 constituye un indicador objetivo del impacto que está generando la presión institucional sobre los grupos delincuenciales”, concluyó el oficial.

José Antonio Minota Hurtado - Redacción Colombia

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