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Tuesday, November 17, 2026

Costo fiscal del proyecto para congelar el precio de combustibles es de unos US$820 millones y expertos ven riesgos para las cuentas públicas

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Una rápida tramitación está teniendo el proyecto de ley que tiene como objetivo el congelar el precio de los combustibles. En la mañana de este lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la aprobó y en la tarde hizo lo propio la sala de esa corporación.

Luego, avanzada la tarde, comenzó su segundo trámite legislativo en la Comisión de Hacienda del Senado, la cual lo aprobó y desde las 20 horas lo comenzó a analizar la sala del Senado. Hasta el cierre de esta edición, la iniciativa se seguía discutiendo y votando hasta total despacho.

La iniciativa original consideraba una reversión del alza del precio de $42 que se materializó el jueves pasado para el diésel y de $38,5 para las gasolinas. A esa reducción ahora se le agrega para el diésel una baja adicional de $100, tras el acuerdo con los gremios de los camioneros.

Otro de los cambios es que se extiende el plazo de congelamiento de precios. Si en proyecto inicial el plazo era hasta el 3 de febrero, ahora será hasta el 7 de abril de 2027.

Según el acuerdo establecido con los camioneros, hasta esa fecha el precio solo puede mantenerse o bajar. “Si baja y luego sube, el alza se permite, pero el precio nunca puede superar el techo resultante luego de las bajas anunciadas hoy, esto es, el precio del 12 de noviembre menos 142 pesos por litro para el diésel, y menos 39 pesos para las gasolinas”, dice el acuerdo.

También se aumenta el porcentaje de devolución del impuesto específico al diésel (transporte de carga por carretera, Ley 19.764). Las nuevas tasas se incorporan en esta ley y quedan como se indica a continuación: desde un 90% para contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 2.400 UF; 90% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 2.400 UF y hasta 6.000 UF; 65% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 6.000 UF y hasta 20.000 UF; 50% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 20.000 UF.

Para los buses se sube el porcentaje de recuperación del peaje de 35% a 70% y, sobre el impuesto negativo, se elimina la obligación para los transportistas de enterar el débito en el F29 por el impuesto específico cuando este es negativo. Se genera una cuenta de compensación, y se compensa una vez que se genere impuesto específico positivo.

De esta manera, la iniciativa avanzó a su segundo trámite legislativo en el Senado.

22 JULIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, JORGE ALESSANDRI DURANTE COMISION MIXTA POR MEGA REFORMA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El costo fiscal

Dado estos cambios, el costo fiscal aumenta desde los US$550 millones a unos US$820 millones.

En el desglose del financiamiento, el Informe Financiero señala que para 2026 se tiene considerada una menor recaudación por $278.827 millones, unos US$278 millones, mientras que para el 2027 el costo fiscal sube a $523.411 millones, unos US$522 millones y baja a $18.349 millones en 2028, unos US$18 millones.

De acuerdo al Informe Financiero, las estimaciones de impacto fiscal asociadas al límite de alzas dependen fuertemente de la proyección de precios de paridad de cada combustible, las que por su naturaleza están sujetas a incertidumbre. “En consecuencia, el impacto efectivo podría ser mayor o menor a la estimación presentada en este informe”.

Asimismo, explican que el límite transitorio en el precio de los combustibles implicará menores ingresos fiscales que dependerán de la magnitud en que se reduzca la recaudación del impuesto específico a los combustibles con respecto a un escenario en que opera la normativa vigente.

“La estimación se obtiene comparando la recaudación del impuesto específico en un escenario donde la operación del mecanismo es acorde con lo señalado previamente, y uno contrafactual donde opera el régimen actual, siguiendo la regla dispuesta en la ley N°20.765, con un ajuste máximo en cada ciclo respectivo de 2,4% del precio de paridad promedio de las últimas dos semanas. La simulación se realiza en base a la información reportada por ENAP para cada tipo de combustible. Por último, la recaudación de cada escenario resulta de multiplicar ese impuesto por el volumen de ventas proyectado”, señala el informe financiero.

Las primeras alertas del CFA

Considerando que este proyecto implica un gasto fiscal de hasta US$820 millones, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) abordó los eventuales riesgos para las cuentas fiscales en su última sesión.

En al acta de esa sesión, que se realizó el 13 de noviembre se deja expreso que “el Consejo analizó los antecedentes disponibles sobre las modificaciones propuestas al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y otras medidas anunciadas en las últimas horas”.

En ese sentido, indicaron que “si bien, con la información existente a la fecha, el CFA no se encuentra en condiciones de evaluar el impacto fiscal de estas medidas”. Sin embargo, el CFA envío un recado al Congreso Nacional: “Es recomendable que durante la discusión legislativa se analicen los riesgos fiscales asociados, bajo distintos escenarios de precios, en el marco de los elementos contenidos en la propuesta legislativa, al igual que el detalle de su financiamiento”.

De acuerdo a lo argumentado por el CFA, “dada la coyuntura geopolítica actual y la imposibilidad de descartar nuevas alzas en el precio del petróleo o su persistencia en niveles elevados, el Consejo sugiere, asimismo, evaluar medidas para acotar dichos riesgos, por su eventual impacto en el cumplimiento de las metas fiscales”.

Los expertos se suman a las alertas

Entre los economistas que siguen de cerca los temas de la política fiscal consideran que existe algún grado de riesgo para las cuentas fiscales sobre todo si este congelamiento se extiende más allá del plazo inicial que es el 7 de abril.

12 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, plantea que “para 2026, la última actualización del escenario fiscal indica un déficit estructural de 2,3% del PIB inferior a la meta de -2,6% del PIB. La diferencia es cercana a poco más de US$1.000 millones. Por lo que el costo fiscal adicional para 2026, según el informe fiscal del proyecto de ley, no sería por sí solo un riesgo para el incumplimiento fiscal para 2026. Sin embargo, sí reduciría dicho espacio, considerando a su vez que el crecimiento real ha estado por debajo de lo estimado por la autoridad fiscal. Por lo tanto, en el margen aumentaría el déficit efectivo y por ende necesidades de financiamiento”.

Para Ortiz, “el mayor riesgo es para 2027 toda vez que se fija el nivel máximo del precio mayorista de la gasolina y el diésel para todo un trimestre. En caso de un repunte al alza del precio del petróleo, los costos fiscales de dicha fijación de precio podrían ser significativos, en un escenario fiscal que sigue siendo estrecho”.

Asimismo, Pablo Jorquera, economista colaborador de Rumbo Colectivo dijo compartir la preocupación del CFA. “Hay mucho riesgo, porque durante tres meses es el fisco el que asume toda la variación de los precios internacionales. Nuestra institucionalidad antes mitigaba esos efectos, pero no los eliminaba, y parecía preferible suavizar que anular”.

El economista añade que “el costo descansa en variables muy volátiles. El informe financiero de la Dipres lo estima en US$820 millones, tras cifras previas de US$547 millones. “Hoy el dólar superó los $1.000 y el petróleo sigue presionado por el conflicto en Medio Oriente. Además, el efecto no se agota en el déficit efectivo: la menor recaudación por impuesto específico y las mayores devoluciones a transportistas se extienden a 2027 y 2028”.

Jorquera puntualiza que “el costo de 2027 equivale a unos 0,14 puntos del PIB, cerca de 8% del déficit de 1,8% proyectado para ese año, y el Presupuesto 2027 en tramitación no lo incluye. Si se paga con caja, aumenta la deuda neta, y si se paga con emisión, la deuda bruta sube en torno a 0,2 puntos del PIB, sobre un margen bajo el nivel prudente de 45% que ya es estrecho”.

Alejandro Weber, decano la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno Universidad San Sebastián, entrega varios números en su análisis. Lo primero que menciona es que “considerando los supuestos del último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dipres, las medidas anunciadas implican un deterioro del balance fiscal total del gobierno Central de 0,08 puntos porcentuales del PIB en 2026 y 0,15 puntos porcentuales del PIB en 2027. Como resultado, el déficit fiscal efectivo estaría algo por debajo el 1,9% del PIB este año y cerca del 2% del PIB el próximo año, levemente superior a lo proyectado”

Weber añade que “estas medidas debieran ser financiadas mediante la venta de activos del Tesoro Público. De esta forma, si bien no habría efecto en la deuda bruta, la deuda neta, que es la deuda bruta más activos del tesoro, tendría un impacto equivalente, de 0,08 puntos porcentuales del PIB en 2026 y 0,15 puntos porcentuales del PIB en 2027. Pese a estas proyecciones, la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de la economía nacional definirán finalmente el efecto total sobre las cuentas fiscales”.

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera suma argumentos y apunta a que “fijar un precio máximo no solo tiene un potencial costo fiscal, sino el riesgo a que esta medida se mantenga después del periodo, es decir de abril en adelante. Mientras esta medida sea acotada por este lapso de tiempo y el fisco tenga los recursos para hacer frente a esto, no me parece riesgoso en cortísimo plazo. Distinto escenario es si esto se prolonga”.

Francisco Ormazábal, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, menciona que “el punto planteado por el CFA es correcto porque el congelamiento de tarifas no elimina el costo económico, sino que simplemente difiere quién lo paga y cuándo lo paga. Si el Estado decide absorber parte de ese costo, estamos frente a un pasivo que tarde o temprano debe reflejarse en las cuentas fiscales. El principal riesgo es que Chile viene enfrentando una trayectoria de consolidación fiscal relativamente exigente”.

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