Procesan a un ex servidor publico por alterar documentos relacionados con un cateo para inculpar a un inocente en Guerrero
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra Juan “N”, exagente de la Policía Federal Ministerial (PFM), quien se desempeñaba como servidor público, por su probable participación en el delito de falsificación de documento público agravado. La resolución se dictó en una audiencia de reposición, realizada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.
De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó los datos de prueba que sustentaron la resolución ante la autoridad judicial.
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La vinculación a proceso se obtuvo en el marco de una reposición de la audiencia inicial, ordenada tras un proceso de amparo. Este mecanismo implica que la causa penal fue revisada y corregida por mandato judicial antes de que la FGR lograra la nueva determinación contra el imputado.
El comunicado no detalla el cargo específico que ocupaba Juan “N” ni la institución a la que estaba adscrito al momento de los hechos que se le atribuyen.
Como parte de la resolución, la autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación. Este periodo corresponde a la etapa procesal en la que el Ministerio Público debe recabar los elementos adicionales necesarios para sostener una eventual acusación formal.
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La FGR informó que logró la vinculación a proceso contra un servidor público por presunta falsificación de documento público agravado, luego de que la FEAI aportara pruebas suficientes ante un juez. El caso se originó por hechos ocurridos en febrero de 2015 en Arcelia, Guerrero, y actualmente se encuentra en etapa de investigación complementaria con un plazo de un mes.
Según el comunicado, los hechos que se le imputan a Juan “N” ocurrieron en febrero de 2015, en la colonia Centro, en el municipio de Arcelia, Guerrero.
La FGR sostiene que Juan “N” habría asentado hechos falsos en dos documentos oficiales: un acta de cateo y un oficio de puesta a disposición. Ambos instrumentos forman parte de los procedimientos que las autoridades utilizan para formalizar detenciones y el aseguramiento de bienes o personas.
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De acuerdo con la dependencia, el objetivo de esta presunta falsificación habría sido inculpar a una persona por tres delitos distintos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y portación de arma de fuego sin licencia.
El comunicado no precisa la identidad de la persona que habría sido señalada de forma irregular en los documentos cuestionados, ni el desenlace del proceso penal que se le siguió en su momento.
La investigación que derivó en la vinculación a proceso estuvo a cargo de la FEAI, el área de la FGR responsable de investigar conductas irregulares atribuidas a servidores públicos de la propia institución.
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Según la descripción oficial de la dependencia, la FEAI tiene como función investigar y perseguir los delitos cometidos por servidores públicos de la FGR, incluidos aquellos relacionados con actos de corrupción que se traduzcan en un beneficio indebido para su autor o para terceros.
Esta fiscalía especializada también supervisa la observancia de la legalidad en la actuación del personal de la institución, con el propósito declarado de reducir los índices de impunidad y fortalecer la actuación técnico-jurídica del Ministerio Público de la Federación.
En este caso, fue precisamente el MPF adscrito a la FEAI el que reunió los datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial resolver a favor de la vinculación a proceso, de acuerdo con lo informado por la FGR.
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En noviembre de 2025, Carlos “N”, quien entonces se desempeñaba como servidor público de la PFM, presentó un título universitario y una cédula profesional falsos ante el Centro de Evaluación de Control de Confianza de la propia FGR. Tanto la universidad señalada como la Secretaría de Educación Pública (SEP) negaron haber expedido esos documentos. El caso derivó en una sentencia de tres años de prisión mediante procedimiento abreviado.
En abril de 2026, un juez federal vinculó a proceso a Arturo Muñoz, funcionario administrativo de la FGR, por presentar un certificado de estudios falso durante pruebas de evaluación para su permanencia en la dependencia.
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En un plano más amplio, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que, durante los dos primeros años del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, 53 funcionarios fueron vinculados a proceso penal por corrupción y se presentaron 517 denuncias ante la FGR contra servidores públicos; entre las irregularidades detectadas figura la falsificación de documentos.
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