Los insólitos juicios medievales contra animales: cerdos condenados a muerte y plagas llevadas ante los tribunales
Durante siglos, algunos tribunales europeos procesaron a animales acusados de causar muertes o destruir cosechas. Aquellos procedimientos, que hoy parecen absurdos, tenían una lógica jurídica y religiosa propia.
Publicado por Christian Pérez
Redactor especializado en divulgación científica e histórica
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En la Europa medieval, un cerdo podía acabar condenado a muerte por un tribunal. No hablamos de una leyenda ni de una historia inventada para ridiculizar las costumbres de nuestros antepasados. Existen documentos que recogen procesos judiciales contra animales, algunos de ellos con sentencias y ejecuciones públicas.
Lo verdaderamente sorprendente es que los acusados no eran siempre animales domésticos. En determinados lugares también se emprendieron procedimientos contra insectos, roedores y otras criaturas que amenazaban las cosechas.
¿Por qué alguien decidió llevar a un animal ante la justicia? Para comprenderlo hay que olvidarse por un momento de nuestra concepción actual de la responsabilidad penal y trasladarse a una sociedad donde las leyes, las creencias religiosas y el orden comunitario estaban profundamente relacionados.
Cuando un cerdo podía ser acusado de matar a una persona
Los cerdos aparecen con frecuencia en los registros de procesos contra animales. La explicación tiene bastante que ver con las condiciones de vida medievales.
En numerosas poblaciones, estos animales compartían espacios con sus propietarios y podían circular por las calles. Su tamaño y fuerza suponían un peligro, especialmente para los niños pequeños.
Cuando se producía una muerte atribuida a uno de ellos, algunas autoridades recurrían a un procedimiento judicial.
Los documentos franceses de los siglos XIV y XV contienen ejemplos particularmente reveladores. En 1350, unos cerdos fueron responsabilizados de la muerte de un niño en Pontailler. Otros registros mencionan casos semejantes en Duesme, en 1386, y en Caen, en 1356.
No todos los procesos siguieron exactamente el mismo procedimiento, pero algunas sentencias terminaron con la ejecución del animal.
La documentación conservada incluye incluso anotaciones sobre los gastos derivados de aquellas actuaciones. Es decir, las autoridades llegaron a registrar los costes de ejecutar a los animales condenados, del mismo modo que contabilizaban otros desembolsos administrativos.
Aquellos documentos constituyen una prueba especialmente valiosa porque permiten estudiar lo ocurrido sin depender exclusivamente de relatos escritos siglos después.
¿Y qué ocurría con las ratas y los insectos?
Aquí encontramos una distinción fundamental que suele pasar desapercibida cuando se habla de estos juicios. Los procesos contra animales domésticos peligrosos solían corresponder a tribunales seculares, es decir, autoridades civiles o señoriales.
Sin embargo, cuando el problema afectaba a una comunidad entera y estaba relacionado con una plaga, podían intervenir las autoridades eclesiásticas.
Los acusados eran entonces criaturas difíciles de capturar individualmente: ratones, insectos o animales que destruían campos y viñedos. En estos casos, el objetivo no era necesariamente ejecutar a los responsables, sino conseguir que abandonaran el territorio mediante procedimientos y sanciones de carácter religioso.
Algunos procesos contemplaban la posibilidad de imponer anatemas u otras censuras espirituales. Su formulación y alcance podían generar discusiones entre los propios juristas y teólogos, especialmente porque los animales no eran seres humanos ni miembros de la Iglesia.
No se trataba, por tanto, de dos versiones idénticas de una misma justicia. Los tribunales civiles perseguían acciones concretas atribuidas a determinados animales, mientras que los eclesiásticos podían intervenir frente a amenazas colectivas.
¿Creían realmente que los animales eran culpables?
La respuesta es bastante más compleja de lo que parece. Los historiadores han propuesto distintas interpretaciones para explicar estos procedimientos. Una de ellas relaciona los juicios con la necesidad de restablecer el orden después de un acontecimiento que había causado daños graves a una comunidad.
La muerte de un niño a consecuencia del ataque de un animal, por ejemplo, podía exigir una respuesta pública. La intervención de las autoridades permitía identificar al responsable del daño y aplicar una sanción conforme a determinadas costumbres jurídicas.
También existían antecedentes religiosos y legales que influían en la manera de interpretar las relaciones entre humanos y animales.
Pero eso no significa que todos los habitantes de la Europa medieval compartieran una misma explicación ni que los juristas estuvieran siempre de acuerdo.
El historiador Peter Dinzelbacher ha señalado que estos procesos deben entenderse dentro de una mentalidad que concedía al derecho una enorme capacidad para intervenir en los conflictos sociales, incluso cuando los protagonistas no eran personas.
Una justicia que sobrevivió a la Edad Media
Hay otro detalle importante: los juicios contra animales no desaparecieron cuando terminó el periodo medieval.
Los investigadores han documentado procedimientos semejantes durante la Edad Moderna. Por tanto, sería incorrecto presentarlos como una costumbre exclusiva de una supuesta época dominada por la superstición.
Además, conviene desconfiar de algunas historias especialmente extravagantes que circulan por internet. Aunque existen numerosos casos documentados, determinados relatos incorporaron detalles difíciles de verificar o fueron exagerados por autores posteriores.
La documentación histórica permite confirmar que hubo procesos judiciales contra animales, pero no autoriza a considerar auténtica cualquier anécdota sobre cerdos vestidos como personas o insectos defendidos por abogados.
En realidad, estos episodios revelan algo mucho más interesante que una simple extravagancia medieval: una forma de entender la justicia en la que castigar un daño también podía servir para reafirmar el orden de toda una comunidad.
Lo que hoy nos parece incomprensible formaba parte de un sistema jurídico que respondía a preocupaciones muy reales, aunque sus soluciones fueran radicalmente distintas de las nuestras.
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