Agente penitenciario ocultaba casi 800 gramos de aparente droga en su cuerpo para ingresarlos a cárcel de Costa Rica
Un agente de la Policía Penitenciaria de Costa Rica quedó bajo custodia después de que sus propios compañeros lo sorprendieran cuando presuntamente intentaba introducir cerca de 800 gramos de sustancias ilícitas al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela.
El funcionario, identificado con el apellido Hernández, fue intervenido durante una revisión de seguridad en la que las autoridades descubrieron dos envoltorios adheridos a su cuerpo, los cuales contenían aparentes drogas de diferentes tipos.
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Según la información preliminar, el decomiso alcanzó un peso total de 787,75 gramos, distribuidos entre sustancias que presuntamente corresponden a cocaína, marihuana y wax, un concentrado derivado del cannabis.
El hallazgo motivó la intervención de la Fiscalía de Alajuela, que ordenó mantener al funcionario bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer lo sucedido.
El caso adquiere particular relevancia debido a que el sospechoso forma parte del mismo cuerpo policial encargado de custodiar a la población privada de libertad y evitar el ingreso de sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios del país.
De acuerdo con información del Ministerio de Justicia y Paz, los hechos ocurrieron durante la noche del martes 22 de septiembre de 2026, cuando el funcionario regresó a las instalaciones del centro penitenciario luego de haber salido aproximadamente a las 6:20 p. m.
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La intervención se produjo después de que las autoridades recibieran información confidencial sobre un posible intento de introducir sustancias ilícitas al establecimiento.
A partir de ese aviso, la Policía Penitenciaria dio seguimiento al funcionario y efectuó una inspección cuando regresó a las instalaciones de La Reforma.
El agente tenía tres años de servicio y se encontraba destacado en el ámbito de convivencia A del centro penitenciario.
Durante la revisión, los oficiales localizaron los envoltorios ocultos en la zona inguinal, sujetos mediante cinta o material adhesivo.
El hallazgo permitió impedir que las aparentes sustancias ilícitas avanzaran hacia el interior del establecimiento penitenciario.
Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias coordinaron el procedimiento con la Fiscalía de Alajuela, que asumió la dirección de las diligencias correspondientes.
Además de ordenar que Hernández permaneciera bajo custodia, el Ministerio Público dispuso la revisión de su vehículo, casillero y pertenencias personales, según la información divulgada sobre el caso.
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Estas actuaciones forman parte de las diligencias para determinar las circunstancias en las que el funcionario portaba las aparentes sustancias ilícitas y establecer las eventuales responsabilidades penales.
La investigación deberá establecer el origen de las sustancias, las circunstancias de su traslado y si existía alguna participación adicional en el presunto intento de introducirlas al centro penitenciario.
El caso se presenta en medio de los esfuerzos de las autoridades penitenciarias por impedir el ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos a las cárceles costarricenses.
El 11 de septiembre de 2026, la Policía Penitenciaria descubrió ocho rollos de papel higiénico impregnados con cocaína durante la revisión de una encomienda destinada a una persona privada de libertad en La Reforma.
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En aquella oportunidad, una mujer de apellido Hidalgo, de 42 años, fue remitida a la Fiscalía de Alajuela junto con la evidencia decomisada.
Otro antecedente se registró el 3 de septiembre, cuando un funcionario de talleres industriales de apellido Mora fue sorprendido por la Policía Penitenciaria por el presunto ingreso de un teléfono celular al mismo establecimiento.
Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, aquella intervención también se produjo después de que las autoridades recibieran información confidencial sobre la posible introducción del dispositivo.
De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas el 11 de septiembre, entre el 8 de mayo y el 10 de septiembre de 2026, la Policía Penitenciaria realizó 1,889 intervenciones en las cárceles del país.
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Estos operativos permitieron decomisar 36.6 kilogramos de drogas, 282 teléfonos celulares, 406 chips telefónicos y 4,663 armas blancas, entre otros artículos prohibidos.
Durante ese mismo periodo, 242 personas fueron remitidas a la Fiscalía por presuntos intentos de introducir objetos o sustancias ilícitas a los establecimientos penitenciarios.
El Ministerio de Justicia y Paz manifestó que mantiene una política de cero tolerancia frente a presuntos actos de corrupción o intentos de vulnerar los controles de seguridad penitenciarios, independientemente de que las personas sospechosas sean visitantes o funcionarios de la institución.
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