Tres integrantes de una red de abuso sexual infantil fueron arrestados en Los Ángeles: operaban desde sus casas
Tres integrantes de la red 764 fueron arrestados en el condado de Los Ángeles por coaccionar a menores para que realizaran actos sexuales y autolesiones ante una cámara.
Las autoridades los acusaron de operar desde sus viviendas y de producir, intercambiar y usar material de abuso sexual infantil para extorsionar a adolescentes.
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José Henry Ayala Casimiro, identificado en internet como “cocohennn”, Dong Hwan Kim y Bryant Najera Gonzalez negociaron acuerdos de culpabilidad ante tribunales federales del Distrito Central de California.
Ayala, de 28 años, aceptó su responsabilidad por producir y poseer material de abuso sexual infantil y espera sentencia.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) mantiene más de 500 investigaciones abiertas sobre esta modalidad de depredación digital.
Los casos están vinculados al suicidio transmitido en vivo de un adolescente de Washington, al secuestro y violación de una niña de Virginia y a tiroteos escolares en Wisconsin y Tennessee.
Las autoridades definen a estas comunidades como extremismo violento nihilista, una corriente que utiliza plataformas digitales para captar, explotar y radicalizar a menores.
Las víctimas suelen ser niñas de entre 10 y 17 años que ya atraviesan cuadros de depresión o pensamientos suicidas.
Los agresores se presentan como parejas potenciales o amigos comprensivos. Usan elogios, regalos y consejos para ganar confianza y luego envían contenido sexual y violento con el fin de acostumbrar a las víctimas al contenido violento y sexual.
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La dinámica de 764 se apoya en la circulación de imágenes, videos y amenazas. Los agresores obligan a las víctimas a realizar autolesiones o actos sexuales y después las chantajean con divulgar el material si se niegan a continuar obedeciendo.
Ayala fue denunciado por una adolescente que relató ante agentes federales que exigía a niñas que vomitaran frente a la cámara y recogieran el vómito con la boca. También habría impulsado a otras a apagarse cigarrillos sobre la piel o a grabarse su nombre en el cuerpo.
El fiscal adjunto de Estados Unidos Joseph Guzman, que procesó el caso de Najera Gonzalez, sostuvo que los acusados buscaban reconocimiento dentro de esas comunidades.
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“Parece que tienen dificultades para encontrar pertenencia en la sociedad y logran eso en estas comunidades 764 que victimizan a menores”, explicó.
Guzman agregó que los autores obtienen “una falsa sensación de poder” que no encuentran en su vida cotidiana, mientras ignoran el trauma que provocan.
Ayala, Kim y Najera Gonzalez compartían varios rasgos: eran hombres de alrededor de 20 años, vivían con sus padres en hogares de clase trabajadora y eran descritos como personas antisociales, con una fuerte dependencia de internet.
La operación contra los tres acusados alcanzó barrios residenciales del condado de Los Ángeles, donde vecinos y familiares dijeron no haber advertido lo que ocurría.
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El diario estadounidense Los Angeles Times reconstruyó que los allanamientos sorprendieron a personas que asociaban sus calles con una vida tranquila y sin episodios de violencia.
Dong Hwan Kim, de 27 años, fue arrestado en agosto en un complejo de apartamentos de Downey. Una víctima menor de edad lo acusó de administrar junto con Ayala y otro integrante de 764 un servidor donde producían, publicaban e intercambiaban material de abuso sexual infantil.
La víctima también afirmó que extorsionaban a adolescentes para que se desnudaran, se escribieran nombres en la piel, se cortaran o introdujeran objetos en sus genitales.
En la computadora de Kim, los investigadores hallaron mensajes directos con una menor que lo acusó de agredirla sexualmente y golpear a su perro.
La joven describió una agresión con un cepillo de pelo: “Todavía recuerdo la sensación, como si un cuchillo en llamas me atravesara. Me desconecté de mi cuerpo mientras repetía frases en mi cabeza como ‘no hables, no hables, no hables’”.
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En la puerta de madera de la vivienda que Bryant Najera Gonzalez compartía con sus padres, a pocas cuadras de ese edificio, quedó una marca.
El joven fue detenido en febrero, a los 24 años, acusado de captar a niñas para que se autolesionaran y realizaran actos sexuales ante una cámara, bajo amenaza de difundir las imágenes si rechazaban nuevas exigencias.
Kim aceptó dos cargos por producción de material de abuso sexual infantil y será sentenciado en noviembre; Najera Gonzalez se declaró culpable de explotación de un menor para producir material sexualmente explícito y conocerá su pena en enero.
El nombre de Ayala llegó a las autoridades en 2022, a partir de avisos enviados al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados.
Un año después, la Policía de Los Ángeles obtuvo órdenes judiciales para revisar dos de sus cuentas en redes sociales y encontró más de 100 imágenes y videos de contenido sexual infantil.
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Entre ese material figuraba una persona que se había grabado el nombre “Henry” en el antebrazo. En junio de 2023, una denunciante señaló que Ayala había convencido a su hermana adolescente de marcarse la letra “H” en el cuerpo; la joven presentó varias denuncias y aportó la dirección de su vivienda.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Departamento de Policía de Los Ángeles allanaron la casa familiar en agosto de 2023, cuando Ayala todavía no enfrentaba cargos federales.
Su madre guardó luego el ordenador de escritorio en el garaje, mientras la investigación pareció detenerse durante más de un año.
Una nueva denuncia llegó al FBI en febrero de 2025. La información indicaba que un joven de 17 años había creado en redes sociales un servidor utilizado para captar víctimas para Ayala y otros miembros, con numerosas menores sometidas a abusos.
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La revisión de los registros digitales permitió identificar conversaciones de Ayala con dos menores de Colorado. Los agentes irrumpieron en su domicilio del Valle de San Fernando y lo arrestaron el 3 de abril de 2025, tras incautar computadoras, consolas de videojuegos, teléfonos y otros dispositivos electrónicos.
Al día siguiente, una trabajadora sanitaria de Colorado recibió una llamada del FBI mientras atendía a un paciente terminal.
Los agentes le comunicaron que su hija adolescente había sido objetivo de Ayala, a quien habían identificado por intercambios realizados mediante el correo electrónico escolar de la joven.
La madre descubrió entonces que Ayala se presentaba ante su hija como un refugio emocional y le decía que sus padres no la comprendían.
Ambos intercambiaron correos electrónicos y realizaron videollamadas; ella sabe que compartieron fotografías, aunque prefirió no conocer todos los detalles.
La adolescente recibe terapia, pero evita hablar con sus padres sobre lo ocurrido. “Ahora mismo, la capacidad mental de mi hija está tan dañada y confundida que ni siquiera sabe qué está bien y qué está mal”, dijo la madre.
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Los familiares de Ayala afirmaron que desconocían sus actividades mientras permanecía encerrado en su habitación frente a la computadora.
Explicaron que incluso consideraban un alivio que se quedara en casa, debido a sus graves problemas de salud mental.
Su hermano aseguró que Ayala había intentado suicidarse al menos 8 veces y entregó registros médicos que indicaban un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo y antecedentes de conducta suicida desde la escuela secundaria. Durante la pandemia, añadió, mezclaba drogas y alcohol y se obsesionó cada vez más con la computadora.
En dos ocasiones, la familia lo encontró después de intentos de suicidio mientras la cámara de su computadora transmitía la situación. El hermano dijo que vio a usuarios conectados animándolo a morir mientras observaban la transmisión.
Ayala entró esposado al tribunal federal del centro de Los Ángeles en diciembre, con la cabeza baja. Allí admitió que había coaccionado a menores para crear y compartir videos de conducta sexualmente explícita, que él y otras personas chantajeaban a las víctimas y que actuó como parte de 764.
“Lamento que no hayamos hecho lo suficiente”, declaró su hermano después de la audiencia. “Pensamos que lo manejábamos lo mejor que podíamos, pero supongo que fallamos”.
El caso de Ayala no es aislado. A comienzos de septiembre, las autoridades federales anunciaron que un joven de 17 años de Maine vinculado a 764 cumpliría una medida de detención por explotación sexual de un menor, distribución de material de abuso sexual infantil, amenazas interestatales, acoso digital y usurpación de identidad.
John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, sostuvo en una declaración del 1 de septiembre que los padres deben vigilar tanto para proteger a sus hijos de estos delitos como para impedir que caigan bajo la influencia de los grupos.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que los miembros usan comunicaciones cifradas para alertarse sobre operaciones policiales y destruir pruebas electrónicas, mientras que la cooperación de víctimas profundamente traumatizadas puede requerir un tiempo considerable.
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