ONU cuestiona reformas penales en Honduras y advierte riesgos de detenciones arbitrarias y restricciones a libertades
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado de Honduras revisar las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, al advertir que algunas de las disposiciones aprobadas para combatir el crimen organizado podrían generar detenciones arbitrarias, restricciones desproporcionadas a derechos fundamentales y vulneraciones a las garantías judiciales.
El pronunciamiento fue realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), que expresó preocupación por el alcance de los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, aprobados en el marco de las acciones estatales contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales.
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Aunque el organismo reconoció que Honduras enfrenta graves desafíos relacionados con la violencia, las extorsiones y la criminalidad organizada, recordó que las respuestas de seguridad deben cumplir con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
La Oficina advirtió que el conjunto de medidas incorpora restricciones excepcionales a derechos fundamentales que podrían asemejarse a las de un estado de excepción, pero sin que exista una declaratoria formal bajo ese mecanismo.
También alertó que estas disposiciones podrían afectar de manera desproporcionada a grupos vulnerables, particularmente mujeres y niños, además de generar riesgos en escenarios de protesta social y defensa de los derechos humanos.
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La OACNUDH advirtió que considerar los tatuajes o determinadas características físicas como indicios de pertenencia a estructuras criminales puede poner en riesgo la presunción de inocencia, la responsabilidad penal individual y el derecho a la libertad personal.
Sin embargo, el organismo internacional considera necesario que las investigaciones se fundamenten en elementos objetivos y que ninguna persona sea sometida a persecución penal únicamente por características de su apariencia.
Otro aspecto cuestionado corresponde a las disposiciones que permiten realizar allanamientos sin una revisión o control judicial posterior, una situación que, según Naciones Unidas, podría debilitar las garantías contra actuaciones arbitrarias y afectar la inviolabilidad del domicilio.
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Ante los riesgos identificados, la Oficina del Alto Comisionado presentó una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones hondureñas para garantizar que la aplicación de las reformas no derive en abusos de autoridad ni en violaciones a los derechos de las personas detenidas.
Entre las principales propuestas figura la creación de un Registro Central de Personas Detenidas, que sea público y accesible, con el propósito de prevenir desapariciones forzadas y facilitar la localización de quienes permanezcan bajo custodia de las autoridades.
Asimismo, solicitó garantizar que el Ministerio Público tenga una participación efectiva en la conducción y supervisión de las investigaciones penales, de manera que los procedimientos se desarrollen bajo controles institucionales.
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La ONU también consideró necesario fortalecer la Defensa Pública para asegurar que las personas detenidas tengan acceso a representación legal y puedan recurrir de manera permanente al mecanismo de habeas corpus, una garantía jurídica que permite cuestionar la legalidad de una detención.
El organismo señaló que estas medidas son importantes para evitar que las nuevas facultades otorgadas a las instituciones de seguridad se traduzcan en actuaciones arbitrarias o en restricciones injustificadas de la libertad individual.
La Oficina también hizo énfasis en la necesidad de establecer mecanismos de control y sanción para los agentes de seguridad que incumplan sus funciones o incurran en actuaciones contrarias a la legislación nacional y los estándares internacionales.
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En el ámbito penitenciario, recomendó que la clasificación de las personas privadas de libertad se realice de manera individualizada, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso y evitando decisiones generales que puedan afectar derechos fundamentales.
La preocupación se extiende a las facultades que las reformas conceden a las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, especialmente cuando estas implican intervenciones sobre la libertad personal, la privacidad y otros derechos protegidos.
Las reformas forman parte de la estrategia estatal para combatir las estructuras criminales y ampliar las herramientas de investigación y persecución penal.
Sin embargo, Naciones Unidas considera que su implementación debe estar acompañada de garantías que permitan prevenir posibles excesos.
En la parte final de su pronunciamiento, la OACNUDH recordó que la seguridad y los derechos humanos son complementarios, por lo que el combate a la criminalidad no debe desarrollarse al margen de las obligaciones constitucionales e internacionales de Honduras.
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