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Friday, November 20, 2026

El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de Discapacidad

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A pesar de los discursos cruzados, el Senado convirtió en ley por unanimidad el nuevo proyecto de Discapacidad. El texto sólo elimina el concepto de "emergencia" de la norma vigente pero vuelve permanente todo lo demás: la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la pensión no contributiva, que podrá seguir percibiéndose incluso en simultáneo con un empleo registrado.

Tras más de cuatro horas de debate el texto se aprobó con 71 votos a favor. Solo estuvo ausente la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti que fue madre recientemente.

El oficialismo basó la defensa del proyecto en la búsqueda de previsibilidad. "Estamos generando certeza, saliendo de una emergencia, con su incertidumbre, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad en todas las familias que estuvieron durante dos años en una situación de disputa", defendió la jefa libertaria, Patricia Bullrich.

A su vez, reconoció que ni el oficialismo ni la oposición estaban en lo cierto. "Esta ley va casi al medio del presupuesto de la Ley de Emergencia, reconoce que nadie tenía toda la verdad", afirmó aunque aclaró que "la diferencia abismal" es que "dice claro y en concreto de dónde saldrá cada peso".

Patricia Bullrich 

Foto Federico Lopez Claro.

La oposición sentenció que el giro discursivo del gobierno de Javier Milei -que pasó de vetar la ley de Emergencia en Discapacidad a impulsar una norma "superadora"- está motivado por "las encuestas" y la presión que generó la visita del Papa León XIV al cotolengo Don Orione.

La cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, señaló que la media sanción de Diputados fue "el milagro de la visita del Papa", mientras que la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Independencia, lamentó que el Congreso no tuvo "la fuerza suficiente para romper la insensibilidad, con el capricho" del Gobierno.

En el peronismo fueron más duros. "Que nadie se confunda con este repentino interés. El Ejecutivo está desesperado por la reelección de Milei y mira las encuestas", planteó Martín Soria.

Juliana Di Tullio

Foto Federico López Claro

Por su parte, la kirchnerista Juliana Di Tullio hizo hincapié en el discurso oficialista sobre las pensiones "truchas". "Según el informe de Jefatura de Gabinete, sobre el 1,4 millones total de pensionados el 91 % fueron citados. Suspendieron 112 mil pensiones, el 9,8 %. Y tuvieron que restituir el 9,8 %. ¿Cuántas suspendieron? 141. Entonces dejen de decir que las personas con discapacidad mienten. Este es un estado inútil o cruel. Yo creo que es las dos cosas", sentenció Di Tullio.

El derrotero de una ley resistida por el mileísmo

La Ley 27.793 -actualmente en vigencia- declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. El Congreso la aprobó a principios de 2025, el presidente Milei la vetó pero ambas Cámaras consiguieron los dos tercios necesarios para insistir con la norma.

Entonces el Ejecutivo buscó otro camino para bloquearla: la promulgó pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias. Finalmente, a fuerza de un fallo judicial se vieron obligados a reglamentarla en febrero de este año.

Como en diciembre la emergencia vence, la oposición logró instalar el tema en la agenda parlamentaria al presentar, con amplio consenso, un proyecto para extenderla por un año más y forzó al debate en comisiones en Diputados.

Por primera vez, La Libertad Avanza decidió no confrontar con la iniciativa y presentó un proyecto propio, al que calificó de “superador”.

Lo que significó incluso, un enfrentamiento con la Casa Rosada que había mandado un proyecto de Presupuesto 2027 con un capítulo que establecía un fuerte ajuste en el área de Discapacidad.

Sin embargo, la visión del oficialismo parlamentario se terminó imponiendo y el ministerio de Economía precisó las partidas que se utilizarán para cumplir con la ley -que de acuerdo al cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso tiene un costo fiscal del 0,4 % del PBI para 2027- y aceptó dar marcha atrás con ese capítulo del Presupuesto.

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