Gobierno de Tijuana negociará pago de 1,400 mdp a empresa de transporte

▲ Las estaciones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, Baja California, están vandalizadas y en el abandono.Foto La Jornada Baja California

Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 30 de octubre de 2026, p. 30

Tijuana, BC., Con el argumento institucional de que “va a perder” el litigio que sostiene desde 2023, el ayuntamiento de esta ciudad se dio por vencido y acordó negociar un pago de casi mil 400 millones de pesos con la empresa Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), la cual debió operar junto con el municipio un sistema de transporte integral –un tipo de metrobús– que nunca funcionó y cuya infraestructura (estaciones y puentes peatonales) está abandonada y vandalizada.

La suma reclamada, que hace dos meses ascendía a mil 378 millones 836 mil 952 pesos, podría generar un boquete de hasta mil 600 millones de pesos al erario al sumar intereses y gastos procesales, y serían pagados en mensualidades durante los próximos 10 años, según un acuerdo del cabildo.

La decisión provocó que la ex alcaldesa Montserrat Caballero pidiera la intervención del Congreso del estado y denunciara que al presidente municipal morenista, Ismael Burgueño, le ofrecieron “una compensación monetaria” por aceptar el acuerdo; “lo sé porque también me la ofrecieron y la rechacé”, aseveró.

Señaló que por conducto de Arturo Aguirre González, regidor de Morena en Tijuana y representante legal de la empresa demandante para temas laborales, recibió una oferta: “presidenta, nosotros reordenaremos a la empresa. Hay una buena lana para ti si decides dejar de litigar”.

El expediente más oscuro de la administración local

El SITT es considerado el expediente más oscuro de la administración pública local en la entidad, rodeado por un pacto de silencio donde los funcionarios prefieren no rendir cuentas, el cual. a pesar de haber devorado casi 2 mil millones de pesos entre fondos del Banco Mundial (200 millones), Banobras (más de 500 millones) y créditos bancarios contratados por el municipio, el proyecto ha sido incapaz de operar tras el paso de administraciones priístas, panistas y morenistas.

Diseñado para mover 150 mil pasajeros a diario en más de un centenar de autobuses y unidades articuladas, el SITT mueve hoy 164 pasajeros al día en dos unidades convencionales. Las estaciones de la avenida Revolución están clausuradas por un proyecto peatonal que se echo a andar durante la actual administración.

El 14 de diciembre de 2023, David Quezada García, en representación de la empresa SITT de Tijuana demandó a su contraparte, el organismo municipal para la operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de pasajeros de Tijuana y abrió un “juicio de nulidad por negativa ficta” ante el juzgado cuarto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

La firma acusó al municipio de no cumplir los términos del contrato que tenían firmado por 30 años (2016-2046) para que la ciudad fronteriza tuviera un sistema de transporte masivo.

El 15 de junio pasado la Junta de gobierno del órgano municipal denominado SITT (la empresa privada y la paramunicipal comparten, con sus variantes, nombre), aprobó una “evaluación de riesgo jurídico” donde se dijo a los miembros que lo mejor es negociar porque van a perder el litigio y en sesión de cabildo del 14 de septiembre anterior se aprobó esa negociación con el mismo argumento.

La evaluación de riesgo, firmada por Ivonne Lisset Oropeza Francos, coordinadora jurídica del SITT municipal, sobre el juicio 237/202 JC Principal y 382/2023 JQ Acumulado, asume que el ayuntamiento fue “omiso” porque “no pudo obligar” a las empresas privadas a cumplir con sus compromisos y por ello el sistema nunca funcionó.

“Abulia e irresponsabilidad ”

“El organismo como ente gestor no ejerció sus atribuciones ante la ausencia o instalación deficiente de la tecnología, es decir no pudo obligar a la compañía Soproes Baja SA de CV responsable de colocar el sistema de recaudo, validadores, cámaras, sistemas de monitoreo o dispositivos de conteo”, nada fue colocado en tiempo y forma. La valoración culpa a las dos administraciones anteriores –la de Montserrat Caballero Ramírez (2021-2024) y la del fallecido Arturo González Cruz (2019-2021), ambos de Morena- por su “abulia e irresponsabilidad”.

Pero se va sobre Caballero Ramírez, quien el 10 de junio de 2022 aprobó la eliminación del carril confinado por donde debían circular los camiones del SITT, porque era una vía vacía ante la inexistencia de autobuses; en ese entonces la edil lo calificó de un “proyecto fallido”

La actual evaluación jurídica del municipio califica este hecho como un "incumplimiento contractual sustancial" que sepultó la defensa de la ciudad, omitiendo que no había flota que lo utilizara.

La empresa demandante denuncia que la alcaldía no cumplió en “garantizar ni el aforo ni el resultado proyectado”.

En el contrato se garantizaba que si no había usuarios suficientes para que fuera rentable pagaría a las empresas privadas del SITT los pasajes restantes para asegurar sus ganancias, pero el alcalde panista Juan Manuel Gastélum (2016-2019), se opuso y nunca pagó.

Gastélum murió el año pasado, pero en varias ocasiones expresó su oposición a contratos, señalando cláusulas abusivas a favor de los particulares.