De la Espriella firmó dos nuevas designaciones: D’Mar Córdoba en Memoria Histórica y Martha Luz Reyes en la UIAF

El presidente Abelardo de la Espriella formalizó dos nuevos nombramientos en entidades del Estado, correspondientes a D’Mar Córdoba Salamanca como director general del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y Martha Luz Reyes Ferro como directora general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Las designaciones quedaron establecidas mediante los decretos 1309 y 1290 del 25 de agosto de 2026, expedidos en los sectores de Prosperidad Social y Hacienda y Crédito Público, respectivamente.

Mediante el Decreto 1309 del 25 de agosto de 2026, el Gobierno nacional dio por terminado el encargo de Carlos Mario López Rojas, quien venía desempeñando las funciones de director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, y nombró en su lugar a D’Mar Córdoba Salamanca.

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El decreto establece que Córdoba asumirá el empleo de director general de Unidad Administrativa, código 0015, grado 28, de la planta de personal del Centro Nacional de Memoria Histórica, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo.

El documento señala que López Rojas había sido encargado de esas funciones mediante el Decreto 1089 del 6 de agosto de 2026. Con la nueva decisión, ese encargo quedó terminado y se formalizó el nombramiento ordinario de Córdoba.

D’mar Córdoba Salamanca es periodista, locutor y productor de radio y televisión, y abogado constitucionalista. Desde agosto de 2026 dirige el Centro Nacional de Memoria Histórica, por nombramiento del Decreto 1309.

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Durante veintiséis años ha trabajado en radio como analista político, y en la última década se desempeñó como asesor jurídico senatorial en el Congreso de la República. Nació en el Guaviare, donde vivió hasta los 18 años.

Docente universitario en pregrado y posgrado de las universidades Católica de Colombia y Sergio Arboleda.

El segundo nombramiento quedó consignado en el Decreto 1290 de 2026, expedido el mismo 25 de agosto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A través de este acto administrativo, el Gobierno nombró a Martha Luz Reyes Ferro como directora general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

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Reyes Ferro ocupará el empleo de director general, código 0015, grado 27, en la entidad encargada de recopilar, centralizar y analizar información financiera relacionada con posibles operaciones asociadas al lavado de activos y otros delitos financieros.

El decreto precisa que el nombramiento se realiza a partir de la fecha de expedición del acto administrativo. El documento también recuerda que, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1083 de 2015, en los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien venía desempeñando el cargo.

El acto administrativo fue firmado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

Reyes Ferro es abogada, docente e investigadora, con una trayectoria de más de tres décadas relacionada con la justicia penal, las ciencias forenses y el derecho público.

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Dentro de su experiencia profesional se encuentran actividades relacionadas con el derecho penal, la criminología, la investigación de delitos complejos, el lavado de activos y la gestión de la prueba judicial en el sistema penal acusatorio.

En el ámbito académico, ha ejercido como docente e investigadora en programas de pregrado y posgrado de instituciones como la Universidad Santo Tomás, la Universidad del Rosario y la Universidad Externado de Colombia.

Su trayectoria también incluye cargos en la Procuraduría General de la Nación, donde se desempeñó como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia y actuó como agente del Ministerio Público en procesos penales.

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Asimismo, trabajó en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó cargos directivos, de asesoría e investigación relacionados con la persecución del delito y el análisis criminal.

Ambos nombramientos fueron establecidos oficialmente el 25 de agosto de 2026 mediante actos administrativos suscritos dentro de las competencias legales del Gobierno nacional.