Proyecto para compensar a afiliados de AFP

El fuerte desplome en rentabilidad que experimentaron los fondos D y E en el período enero-septiembre motivaron duras reacciones en contra de las AFP desde distintos frentes, una de las cuales se tradujo en la presentación de un proyecto de ley -de autoría de diputados del Partido Comunista, apoyado también por parlamentarios del FA y el PS- mediante el cual se busca establecer una compensación en favor de los afiliados. En lo grueso, dicho proyecto plantea que en el caso de aquellos afiliados que hubiesen sufrido una disminución de sus ahorros en los fondos D y E entre el 1 de enero de este año y el 30 de septiembre pasado, tendrán derecho a una compensación en dinero que deberá ser pagada por la respectiva AFP, equivalente a la diferencia entre el saldo de la cuenta individual existente al 1 de enero y aquel al 30 de septiembre, o a la fecha de la publicación de la ley, si el saldo es mayor.

Dicho proyecto fue declarado inadmisible por la mesa de la Cámara de Diputados -por tratarse de materias cuya iniciativa legal corresponde exclusivamente al Presidente de la República-, pero finalmente la sala -por un margen de 73 votos a favor, 53 en contra y dos abstenciones, donde también hubo algunos respaldos desde el oficialismo- declaró su admisibilidad, con lo cual dicha iniciativa podrá seguir adelante. Si bien los parlamentarios han buscado dar una señal de sintonía con la preocupación ciudadana que produjo esta caída de rentabilidad -para estos efectos también se aprobó la conformación de una comisión investigadora-, un proyecto de esta naturaleza no solo resulta apresurado, sino que además denota un desconocimiento de cómo funciona el sistema.

Son los riesgos inherentes de buscar legislar sobre la marcha y como actitud reactiva frente a un hecho que, si bien es objetivamente preocupante, ello no puede servir como justificativo para impulsar medidas desprolijas o que solo persigan efectos mediáticos, y que por supuesto no constituyen ninguna solución real para contribuir a perfeccionar el sistema. Desde luego, la Superintendencia de Pensiones ya abrió un procedimiento sancionatorio en contra de las siete AFP para estimar si se incumplió con el deber de lealtad y diligencia que fija la ley. Como mínimo cabría esperar el resultado de dichas investigaciones antes de evaluar si caben compensaciones atribuibles a un manejo poco responsable de los directivos de las AFP.

Pero enseguida el proyecto incurre en una gruesa falla, pues limita las pérdidas a un período determinado, excluyendo lo que pueda ocurrir posteriormente con la rentabilidad de los fondos. De hecho, en el mes de octubre los fondos D y E fueron los que más rentaron, con lo cual en algo han logrado atenuar las caídas registradas en el año. Dado que forma parte de la naturaleza de las inversiones que estas vayan mostrando fluctuaciones, resulta caprichoso que solo se considere un periodo determinado para establecer compensaciones. En tal sentido, los patrocinantes no se hacen cargo de lo que ocurriría si en los meses venideros los fondos D y E presentaran altas rentabilidades. Naturalmente que es fundamental despejar si las AFP excedieron imprudentemente los límites de riesgo para estos fondos, pero ello no debe llevar a precipitarse en legislaciones técnicamente defectuosas.