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Tuesday, November 17, 2026

El Estado, otra vez empresario

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La Argentina posee una notable capacidad para repetir sus errores. Algunos de ellos han sido tan costosos, tan prolongados y tan ostensibles que cabría esperar que hubieran dejado alguna enseñanza. Pero no. Cada tanto aparece un funcionario convencido de que aquello que fracasó reiteradamente tendrá, bajo su conducción, un destino diferente.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, (cuyos conocimientos sobre economía nunca fueron cabalmente demostrados) acaba de obtener la aprobación del Senado provincial para un proyecto destinado a crear una empresa estatal dedicada a la fabricación de medicamentos. Se llamará Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y tendrá la forma de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El Estado provincial será propietario del 99% de su capital.

La iniciativa todavía debe ser considerada por la Cámara de Diputados. Hay tiempo, por consiguiente, para formular algunas preguntas que deberían haber sido respondidas antes de embarcar a los contribuyentes en una nueva y dudosa aventura empresarial.

La primera es elemental: ¿qué ha aprendido el Estado argentino de su larga y desalentadora experiencia como empresario?

Basta recordar los innumerables déficits, subsidios, inversiones frustradas y estructuras burocráticas que han caracterizado a tantas empresas públicas. El caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (por mencionar tan solo uno), con su interminable sucesión de inversiones, controversias y promesas incumplidas, debería bastar para recomendar cierta prudencia antes de anunciar nuevos emprendimientos industriales financiados con recursos públicos.

Pero, aparentemente, la memoria institucional argentina tiene una duración extraordinariamente breve.

Una cosa es reconocer que determinados medicamentos pueden resultar inaccesibles, que existen mercados insuficientemente competitivos o que el Estado debe asegurar el abastecimiento de productos esenciales. Otra muy distinta es concluir que, para resolver esos problemas, el Estado debe convertirse en fabricante

La segunda pregunta es económica. ¿Qué estudios demuestran que la provincia podrá fabricar medicamentos a un costo inferior al que obtendría mediante compras competitivas a laboratorios existentes? ¿Se han calculado las inversiones necesarias, los costos de mantenimiento, las exigencias regulatorias, la amortización de equipos y los gastos de investigación y desarrollo?

La industria farmacéutica no consiste en mezclar sustancias y colocarlas en envases atractivos. Requiere instalaciones especializadas, personal altamente calificado, controles rigurosos, tecnología, procedimientos de validación y, según los productos, licencias y derechos de propiedad intelectual.

¿Cómo competirá una empresa provincial recién creada con laboratorios que llevan décadas desarrollando conocimientos, instalaciones y redes de producción? ¿Qué medicamentos fabricará? ¿Genéricos de bajo costo, productos de escasa rentabilidad comercial o especialidades que requieren tecnologías sofisticadas? No son alternativas equivalentes y cada una exige una justificación diferente.

La tercera pregunta se refiere a su administración.

¿Quién dirigirá esta nueva empresa? ¿Sus autoridades serán seleccionadas mediante concursos transparentes, en función de sus conocimientos técnicos y experiencia industrial, o sus cargos se incorporarán al habitual reparto de posiciones políticas?

¿Se convertirá en otro refugio para militantes y punteros partidarios? ¿Cuántos empleados tendrá? ¿Quién determinará sus remuneraciones? ¿Con qué criterios se evaluará su desempeño?

La experiencia argentina obliga a formular estas preguntas antes de que los cargos estén distribuidos y los presupuestos comprometidos.

Y todavía falta considerar el aspecto laboral. ¿Qué régimen regirá las relaciones con sus trabajadores? ¿Se creará una nueva estructura sindical capaz de condicionar el funcionamiento de la empresa y, por extensión, el abastecimiento de los hospitales públicos? ¿Aparecerán con el tiempo convenios especiales, beneficios extraordinarios o regímenes jubilatorios privilegiados?

Nada de esto es inevitable. Pero tampoco sería prudente ignorar los antecedentes nacionales.

Los promotores de la iniciativa sostienen que permitirá abaratar los medicamentos y garantizar su disponibilidad. Son objetivos perfectamente legítimos. Lo que falta demostrar es que la creación de una nueva empresa estatal constituya el medio más eficiente para alcanzarlos.

La carga de la prueba corresponde a quienes pretenden comprometer recursos de todos los bonaerenses

Porque una cosa es reconocer que determinados medicamentos pueden resultar inaccesibles, que existen mercados insuficientemente competitivos o que el Estado debe asegurar el abastecimiento de productos esenciales. Otra muy distinta es concluir que, para resolver esos problemas, el Estado debe convertirse en fabricante.

Antes de construir una fábrica, contratar personal y organizar una nueva burocracia, cabría explorar compras conjuntas, licitaciones internacionales, contratos de suministro de largo plazo, acuerdos con productores existentes y mecanismos que estimulen la competencia. También existen laboratorios públicos cuya capacidad podría evaluarse antes de crear otra estructura.

El proyecto prevé que la nueva sociedad pueda financiarse mediante sus actividades comerciales, pero también contempla aportes complementarios del Poder Ejecutivo. Allí aparece una de las cuestiones más delicadas: ¿qué ocurrirá si los costos superan los ingresos? ¿Se cerrará la empresa, se modificará su funcionamiento o se recurrirá, una vez más, al presupuesto público para sostenerla?

La respuesta merece conocerse antes de aprobar la ley, no después de acumular pérdidas.

Hay una diferencia fundamental entre el Estado que regula, controla, compra y garantiza prestaciones esenciales y el Estado que pretende administrar directamente actividades industriales complejas. El primero cumple funciones que le son propias. El segundo asume riesgos empresariales con dinero que no pertenece a sus funcionarios.

La provincia de Buenos Aires tiene hospitales que necesitan recursos, pacientes que esperan tratamientos y servicios públicos cuya eficiencia podría mejorar considerablemente. Resulta legítimo preguntarse si la creación de una nueva sociedad comercial constituye la mejor utilización de fondos que siempre son escasos

Y cuando esos riesgos se materializan, rara vez son los responsables políticos quienes pagan las consecuencias.

La provincia de Buenos Aires tiene hospitales que necesitan recursos, pacientes que esperan tratamientos y servicios públicos cuya eficiencia podría mejorar considerablemente. Resulta legítimo preguntarse si la creación de una nueva sociedad comercial constituye la mejor utilización de fondos que siempre son escasos.

No se trata de sostener que toda empresa pública está condenada al fracaso. Se trata de exigir que, después de tantas experiencias desalentadoras, quienes proponen una nueva expliquen por qué esta vez habría de funcionar.

La carga de la prueba corresponde a quienes pretenden comprometer recursos de todos los bonaerenses.

Sin embargo, en la Argentina parece haberse instalado una curiosa inversión de responsabilidades: los ciudadanos deben justificar por qué desconfían de una nueva empresa estatal, mientras que sus promotores consideran suficiente anunciar las buenas intenciones que la inspiran.

El problema no es que el Estado argentino nunca haya intentado ser empresario. El problema es que lo ha intentado demasiadas veces, con resultados que deberían invitar a la reflexión, y aun así sus gobernantes quieren convencernos de que el próximo fracaso será, finalmente, un éxito.

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