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Friday, November 20, 2026

Presiones para frenar reforma a licencias médicas

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El mal uso de las licencias médicas ha sido un problema de larga data en Chile, y que naturalmente implica enormes costos económicos para el país. Es así como el gasto en este tipo de subsidios -según datos de LyD- prácticamente se duplicó como porcentaje del PIB entre 2012 y 2024, alcanzando cerca del 1% del producto.

No cabe duda de que tras la extensa fiscalización emprendida por la Contraloría, gracias a la cual detectó un masivo fraude en el uso de licencias por parte de funcionarios públicos que viajaron al exterior, el uso de dicho instrumento presentó una significativa caída: mientras en 2024 se emitieron más de ocho millones de licencias, en 2025 la cifra se redujo en más un millón; con todo, la fiscalización también posee límites, pues el ritmo en la reducción de licencias se ha venido atenuando, y es claro se siguen destinando enormes recursos al pago de estas, lo que hace ineludible emprender cambios estructurales.

Cabe tener presente que en materia de licencias médicas Chile constituye un caso muy inusual a nivel internacional, pues se da una combinación de factores poco común que genera una serie de distorsiones. Así, se tiene que ellas pagan el 100% del ingreso del trabajador -en el caso del sector privado hasta un determinado tope-, desacoplándose de lo que se observa en la experiencia comparada, donde en general el subsidio solo cubre un porcentaje del salario. Asimismo, en el caso de Chile pueden llegar a ser ilimitadas para una misma enfermedad, y en lo que respecta a las carencias, mientras los trabajadores del sector público están exentos, en el sector privado aquellas licencias por 10 días o menos contemplan una carencia de los tres primeros días, mientras que, si el permiso se extiende por 11 días o más, se paga en su totalidad, diferencia que no descansa en ninguna justificación racional.

Se hace necesario revisar la estructura del beneficio, tanto en lo que se refiere a su duración, límite y monto. El proyecto de ley presentado por el gobierno anterior destinado a reformar el subsidio por incapacidad laboral, si bien es algo tímido en su alcance, constituía un avance concreto en cuanto a terminar con las diferencias entre el sector privado y público, proponiendo dos días de carencia en el caso de licencias por accidente o enfermedad común, independientemente de su duración.

El Ministerio de Salud ha buscado reactivar dicha iniciativa, pero se ha encontrado con la tenaz oposición de gremios del sector público y de la salud, los que alegan que las carencias no solo suponen resentir derechos, sino que hacen pagar a los trabajadores el costo de no tener mejor fiscalización. Ante ello, el Ministerio evalúa introducir algunas reformulaciones.

Sería lamentable ceder en los aspectos más esenciales de esta reforma. Las carencias constituyen una fórmula ampliamente utilizada en los seguros, justamente para desincentivar el mal uso; en el caso de los sistemas de salud, hay casos como el australiano, con 14 días de carencia, o Dinamarca, con hasta 30 días. Existe evidencia de que en el sector público se piden más licencias; además, son más cortas y suelen ser los lunes y viernes, justamente debido a que no hay carencias, mientras que en el sector privado la mayoría de las licencias son por plazos superiores a 11 días. Así, parece claro que no hacerse cargo de estos aspectos podría implicar que la reforma pierda buena parte de su efectividad.

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