Demandan ante el Consejo de Estado dos resoluciones que dan paso a la aspersión aérea con glufosinato para erradicar cultivos de uso ilícito

El abogado Alejandro Carranza presentó ante el Consejo de Estado (Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo) una demanda en contra de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Nacional de Estupefacientes, con la que busca que se declare la nulidad de dos resoluciones que dan paso a la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con glufosinato.
“Señor Presidente @petrogustavo @PactoCol, según sus instrucciones se radicó ante el @consejodeestado la demanda que defiende las tierras y los campesinos del envenenamiento a través de la aspersión aérea con glufosinato prevista en el plan piloto que pretende el actual gobierno”, precisó el jurista en una publicación en su cuenta de X.
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Los dos actos administrativos expedidos por el Consejo Nacional de Estupefacientes sobre los que pesa la demanda son:
- Resolución 0006 del 18 de agosto de 2026, que derogó la Resolución 0006 del 29 de mayo de 2015 y estableció el procedimiento para la eventual reanudación del programa de aspersión aérea.
- Resolución 0007 del 18 de agosto de 2026, que ordenó un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio 200 SL.

En la demanda, el abogado Carranza también solicitó que se declare la suspensión provisional de los efectos de ambas resoluciones con el carácter de medida cautelar de urgencia.
“Conforme ordenaron los jueces de tutela que suspendieron las pruebas, se presenta esta demanda en tiempo y a tiempo acudiendo a la autoridad competente. Están en juego la salud, la tierra y el agua. A la carga!!”, indicó Carranza.
De acuerdo con la demanda que radicó el abogado, la Resolución 0006 de 2026, además de derogar la Resolución 0006 del 29 de mayo de 2015 y de establecer el procedimiento para la eventual reanudación del programa de aspersión aérea, permite tramitar planes de manejo ambiental específicos sin consulta previa.
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Esos planes se implementarían en los polígonos que se certifiquen como no susceptibles de afectar directamente a las comunidades étnicas.

Sin embargo, “el Consejo reconoce que no existe plan de manejo ambiental vigente para el componente aéreo ni se ha agotado la consulta previa ordenada por la Corte Constitucional, “circunstancias que impiden a este Consejo contar con el concepto favorable de que trata el literal g) del artículo 91 de la Ley 30 de 1986””.
Por otro lado, la Resolución 0007 del 18 de agosto de 2026, en el artículo 26, indica que los efectos operacionales se limitan únicamente al término del plan piloto. Esto, sin perjuicio de obligaciones posteriores que surjan en materia de seguimiento, reparación, reporte, archivo y cierre.
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De igual manera, el literal a) del numeral 5 se refiere a un concepto del Instituto Nacional de Salud (INS), “sustentando la ausencia de necesidad de una evaluación previa o preliminar del riesgo en salud para la realización de un plan piloto”.

El INS, en un comunicado fechado el 2 de octubre de 2026, informó que, en efecto, para ese momento todavía no había emitido un concepto previo en salud respecto del plan piloto. Según detalló, la entidad necesita toda la información y los elementos técnicos y científicos necesarios para poder hacer el análisis que exige la ley y dar a conocer un concepto riguroso.
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Esa postura tiene que exponer los efectos que la sustancia que se utilizará para la fumigación podría tener en la salud de las personas. “El papel del Instituto dentro de este proceso es exclusivamente técnico y está orientado a aportar evidencia para la protección de la salud pública. La decisión sobre la implementación del plan piloto corresponde exclusivamente al Consejo Nacional de Estupefacientes, en el marco de sus competencias”, precisó.
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