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Tuesday, September 22, 2026

Quién es Laura Beatriz de Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la ley penal juvenil: el antecedente de otro fallo polémico en el caso del playero atacado en un garaje

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La jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, quedó este lunes en el foco de la controversia luego de dictar un fallo en el que declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años que estaba acusado de un intento de robo.

Sin embargo, la sentencia que De Marinis dictó este lunes no es la primera de este tipo que firma la magistrada, quien en 2023 ya había fallado en forma polémica en el caso en el que se investigaba el ataque a Arturo López, el playero agredido por un menor en un garaje de Monserrat en noviembre de 2021.

El caso había generado una gran conmoción debido al impacto que causaron las imágenes de la agresión, que quedaron registradas en las cámaras de seguridad del establecimiento en el que trabajaba López. En ese metraje, se llegaba a apreciar una discusión entre la familia del entonces menor y el playero y, luego, la feroz trompada que le pegaba el chico.

Tras el ataque, el empleado del garaje pasó varios meses internado y quedó con secuelas permanentes. Su atacante, en tanto, escapó y estuvo prófugo durante cinco meses. Y, tras ser atrapado, recibió una condena de 4 años y seis meses de prisión.

En forma paralela, mientras el caso de López avanzaba, De Marinis avanzaba en la carrera judicial, que el 19 de diciembre de 2023 la llevó a jurar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para asumir en el juzgado en el que hoy se desempeña. Y, apenas once días después de esa jura, el 28 de diciembre de 2023, le tocó resolver en el caso de Carlos Manuel Andrés, el joven que había golpeado al playero.

La resolución de la jueza fue cuanto menos polémica: dejó sin efecto la prisión domiciliaria que tenía el joven desde que en el juicio fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel. Lo hizo bajo el argumento de que llevaba una tobillera electrónica que podía geolocalizarlo, al tiempo que le prohibió salir del país.

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